La reunión extraordinaria del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), convocada para analizar una nueva reorganización de sus controles y una posible articulación con el SENASA, terminó exponiendo una diferencia mucho más profunda entre el Gobierno nacional y los representantes de la producción. Mientras la comitiva llegada desde Buenos Aires puso sobre la mesa cambios en materia de fiscalización, registros e inspecciones, los productores insistieron en llevar la discusión hacia un problema que consideran mucho más urgente: el derrumbe del precio de la hoja verde y la pérdida de ingresos que arrastran miles de chacras yerbateras.
Roberto Ferreyra, director del INYM por el sector de la Producción y representante de la Asociación Civil de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, aseguró en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones que, incluso antes de que comenzara el encuentro “hubo recomendación de la gestión actual de que no tocáramos el tema precio en la reunión y fue nuestro principal tema” y añadió que el planteo no quedó limitado a los productores, sino que también fue llevado a la mesa por la representación del Gobierno de Misiones.
El encuentro se produjo después de que funcionarios vinculados a Agricultura, Desregulación y SENASA arribaran a Posadas con una propuesta que, según la comunicación oficial del INYM, contempla avanzar hacia un eventual convenio con el organismo sanitario para articular acciones de ejecución, fiscalización, registro, inspección y control de la materia prima, además de verificar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino sobre la yerba elaborada. El proyecto todavía no está aprobado y pasó a análisis del Directorio.
Ferreyra, sin embargo, describió la llegada de la iniciativa de una manera bastante más crítica. Según relató, los funcionarios nacionales presentaron “una propuesta de reordenamiento normativo” que, desde su perspectiva, implica continuar retirando competencias al Instituto, especialmente en fiscalización y registros. También cuestionó que los directores no hubieran conocido previamente el contenido integral del proyecto y sostuvo que el propio INYM dispone de un cuerpo jurídico con experiencia suficiente para elaborar cualquier modificación necesaria.
“Que te traigan desde Buenos Aires algo armado, sin haber socializado antes la propuesta con los directores”, señaló, fue uno de los puntos que generaron malestar. Ferreyra indicó además que, al momento de la reunión, todavía no contaban con el documento completo para analizarlo en profundidad. Para el dirigente, esa metodología resulta especialmente difícil de justificar tratándose de una actividad cuyo núcleo productivo se encuentra en Misiones y Corrientes y para la cual, insistió, existe capacidad técnica dentro del propio organismo.
Del control en góndola a la discusión por el precio
Uno de los argumentos expuestos para justificar la reorganización, según reconstruyó Ferreyra, fue la necesidad de reducir burocracia y avanzar hacia controles sobre el producto en góndola. Allí surgió otra de las objeciones de los directores. “Preguntamos puntualmente: ‘¿Quién va a hacer el control en góndola? ¿SENASA?’. No. Esa función está delegada en las provincias”, relató.
A partir de ese intercambio, el representante de la producción sostuvo que el debate institucional estaba desplazando nuevamente la cuestión económica que atraviesa a las chacras. Y allí apareció la discusión que, según aseguró, la Nación había recomendado no introducir: cuánto debería recibir actualmente un productor por cada kilo de hoja verde y cuánto está cobrando efectivamente.
Ferreyra sostuvo que la materia prima se está entregando aproximadamente al 50% del valor que considera necesario para cubrir los costos, y planteó una referencia concreta: “Hoy debería estar a 700 pesos y no se perciben 300”. Esa brecha, estimó, representa alrededor de $300 mil millones que dejan de circular entre los primeros eslabones de la cadena, con consecuencias que no se agotan en la chacra sino que terminan alcanzando a trabajadores, secaderos, comercios y economías de los municipios vinculados con la actividad.
El deterioro de la participación del productor en el negocio viene siendo registrado también por informes sectoriales. Un estudio difundido esta semana mostró que durante el primer semestre de 2026 el productor primario captó, en promedio, apenas el 13,3% del valor final de un kilo de yerba vendido al consumidor, la menor proporción desde 2019.
Frente a ese escenario, Ferreyra señaló que los funcionarios nacionales volvieron a ratificar que no habrá intervención sobre el precio y que la respuesta continúa siendo esperar a que las medidas de desregulación produzcan eventualmente una mejora. Esa posición coincide con la expresada en julio durante el encuentro que distintos actores de la cadena mantuvieron con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la continuidad del esquema pese a los cuestionamientos presentados por productores, cooperativas, trabajadores, secaderos y representantes provinciales.
Para Ferreyra, el problema es precisamente cuánto puede prolongarse esa espera. “Hay mínimamente entre 13 mil y 15 mil familias yerbateras que están directamente afectadas”, advirtió. Durante la reunión, contó, utilizaron incluso el mate que bebían los propios funcionarios como ejemplo de esa desigualdad: “El mate que usted está tomando es producto de la explotación de los productores”.
En ese punto volvió sobre una conversación anterior mantenida con funcionarios nacionales. Según Ferreyra, cuando representantes del sector se reunieron con el área de Desregulación les manifestaron que pretendían una yerba más barata. El productor utilizó esa afirmación para cuestionar el argumento de que el Estado simplemente se retiró de la formación de precios. “Nos dijeron que quieren vender yerba barata. Entonces ellos sí están interviniendo en el mercado”, sostuvo.
La crítica de Ferreyra apunta a lo que considera una transferencia creciente de ingresos dentro de la cadena. “Todos son elementos de distracción, pero en el medio hay un problema muy grande, hay una transferencia de recursos fenomenal y ellos no están dispuestos a conversar ni siquiera a tratar el tema”, afirmó.
“Es sistemático”
La propuesta conocida esta semana no aparece aislada del proceso de cambios que experimentó el INYM desde el DNU 70/2023. Posteriormente, el Decreto 812/2025 estableció que el Instituto no puede dictar normas o intervenciones que alteren la libre interacción de la oferta y la demanda y ordenó revisar su estructura normativa. La legislación actual también modificó el objetivo del organismo: donde anteriormente se hacía referencia a la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados, el texto vigente habla de procurar proteger “el carácter competitivo de la industria”.
Ese antecedente es central para entender la lectura que hace Ferreyra de la nueva iniciativa. A su juicio, no se trata solamente de una discusión técnica sobre qué organismo controla determinados aspectos de la yerba, sino de un proceso progresivo de reducción de las funciones del INYM. “Vienen desde hace un tiempo y esto es sistemático”, afirmó. Según su interpretación, detrás de expresiones como simplificación o facilitación existe una intervención del Gobierno nacional en el mercado yerbatero que termina favoreciendo principalmente a la industria. También vinculó la situación con los cambios introducidos en los objetivos del Instituto y sostuvo que el esquema anterior procuraba contemplar al conjunto de la cadena, mientras que el actual pone el acento sobre la competitividad industrial.
Desde esa perspectiva, Ferreyra consideró que trasladar nuevas atribuciones profundizaría principalmente el deterioro de los productores, aunque advirtió que las consecuencias terminarían extendiéndose al resto de la actividad, incluidos los secaderos. Definió el proceso como una “precarización” de la producción y cuestionó los resultados de la política de desregulación para una economía regional con características particulares como la yerba mate.
Su objeción, de todos modos, no implica rechazar cualquier intervención del SENASA ni la cooperación entre organismos. Ferreyra fue explícito en señalar que el INYM puede trabajar mediante convenios con otras instituciones, pero puso como condición que eso no implique perder autonomía ni transferir progresivamente sus competencias.
“Los convenios deben servir para potenciar a las instituciones, no para menguar a una”, resumió. Para el representante productivo, el Instituto debe conservar capacidad propia, apoyarse en sus técnicos y abogados y corregir aquello que resulte necesario sin quedar subordinado a decisiones externas.
La iniciativa presentada el martes pasó finalmente a comisión para su tratamiento y análisis. Ferreyra valoró que no se hubiera avanzado inmediatamente con una aprobación y recordó que se trataba de una reunión en la que podía ponerse a consideración una resolución sin que los integrantes del Directorio hubieran contado previamente con toda la documentación.
Consultado sobre qué podría ocurrir si los directores se niegan a respaldarla, fue todavía más duro: “Yo creo que la venida de ellos justamente es para bajar línea”.
Aun así, insistió en que cualquier convenio deberá evaluarse por sus efectos concretos. “Si se hace alguna cosa tiene que hacerse pensando en mejorar. Si se hace un convenio tiene que ser una cosa que coopere, que mantenga la autonomía de las instituciones”, afirmó. Su advertencia es que un debilitamiento mayor del primer eslabón terminará repercutiendo tarde o temprano sobre todos los integrantes de la cadena.
Una crisis que ya no siempre se expresa en las rutas
La entrevista también dejó otra discusión: por qué, pese al deterioro que describen los productores, la protesta yerbatera no tiene hoy la presencia permanente en las rutas que caracterizó otros momentos de crisis.
Ferreyra rechazó que exista pasividad. Aseguró que diferentes asociaciones mantienen una articulación constante, que existe un grupo amplio de dirigentes trabajando y que se adoptan distintas medidas, aunque admitió que eso no necesariamente se traduce en cortes o movilizaciones visibles.
“Lo que no se nota es porque los productores no están saliendo a la calle a cortar la ruta, pero sí están muy activos”, explicó. De hecho, el sector protagonizó recientemente movilizaciones, como el tractorazo realizado en Puerto Iguazú durante la visita presidencial del 4 de septiembre, aunque esas acciones no tienen hoy la continuidad cotidiana de otros períodos.
Para Ferreyra, una parte de la explicación es económica: protestar también cuesta cada vez más. Trasladar vehículos, tractores y productores desde las colonias supone un gasto difícil de afrontar para chacras cuyos ingresos se redujeron fuertemente.
La comparación que utilizó para explicarlo resume, según su visión, la dimensión de la pérdida. “Hace un tiempo, un kilo de hoja verde era un litro de gasoil. Ahora está a 200 y pico y el gasoil está a 2.000 y pico”, señaló.
Así, detrás de una reunión convocada para discutir controles, registros y simplificación normativa volvió a emerger el conflicto que el sector productivo considera irresuelto desde el inicio de la desregulación. Para Ferreyra, la discusión no pasa solamente por determinar quién fiscaliza la yerba, sino por definir si el primer eslabón puede sostenerse económicamente mientras se profundizan los cambios sobre el organismo que históricamente reguló la actividad. Y esa fue, precisamente, la discusión que los productores decidieron llevar a la mesa aun cuando, según aseguró, les habían recomendado que no hablaran del precio.
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