La reunión convocada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó sin la respuesta que esperaban los sectores productivos de la yerba mate. Durante casi dos horas, representantes de productores, cooperativas, trabajadores rurales, secaderos y el Gobierno de Misiones expusieron un documento con estadísticas oficiales para demostrar que la desregulación impulsada por el DNU 70/2023 no produjo los resultados prometidos. Pese a ello, el ministro nacional ratificó que el Gobierno mantendrá sin modificaciones.
Del encuentro participaron Carlos Luis Czajkowski, en representación de las cooperativas; Ricardo Maciel, por el Gobierno de Misiones; Carmelo Rojas, por la UATRE; Luis Konopacki, por el sector de secaderos; Rubén Henrikson, por la industria; Roberto Ferreira, director del INYM por la Producción Primaria; el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, acompañado por su abogado Esteban Aquino; además del diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez.
El documento presentado por Ferreira fue consensuado entre las asociaciones de productores y tuvo un objetivo de contrastar las promesas con las que el Gobierno nacional justificó la eliminación de las facultades del INYM con los resultados obtenidos luego de dos años y medio de vigencia del decreto.
Según el informe, la evidencia demuestra que ocurrió exactamente lo contrario de lo que buscaba la reforma. La producción primaria atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas, el precio que recibe el productor ronda los 200 pesos por kilo de hoja verde -por debajo de los costos de producción- y el ingreso de materia prima a los secaderos cayó más de un 40% entre enero y abril de 2024 y el mismo período de 2026. A ese escenario se suma otro dato que preocupa especialmente: el consumo interno también descendió hasta los niveles más bajos de los últimos años.
Para Ferreira, esos indicadores desmienten el argumento central de la desregulación. El documento sostiene que bajar el precio pagado al productor no generó un beneficio equivalente para el consumidor. Mientras la producción perdió ingresos, el precio de la yerba en las góndolas no descendió en la misma proporción. La conclusión que plantea el informe es que esa diferencia fue absorbida por otros eslabones de la cadena.
El trabajo también sostiene que la eliminación de las herramientas regulatorias fortaleció la concentración económica. Explica que unos 12.500 productores deben vender su cosecha a un reducido grupo de secaderos y molinos que concentra el poder de compra, industrializa el producto y participa de la comercialización final, una estructura que les permite influir tanto en el precio que recibe el productor como en el que paga el consumidor.
En otro apartado, el informe compara los objetivos declarados por el DNU con los resultados obtenidos. Allí concluye que no hubo mayor competencia, tampoco aumentó la producción ni se fortaleció el mercado interno. Por el contrario, sostiene que se profundizó la concentración, cayó la producción, disminuyó el consumo y el productor perdió participación en el valor final de la yerba mate.
El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, cuestionó con dureza la postura del funcionario nacional. “Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país”, afirmó.
También el representante del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, sostuvo a PRIMERA EDICIÓN que durante la reunión se pidió revisar la situación generada por el DNU y recordó que el INYM nunca fijó unilateralmente los precios, sino que funcionaba como un ámbito donde productores e industria buscaban alcanzar acuerdos.
“Le aclaré que el INYM no es el Estado poniendo precios sino una herramienta para que las partes se junten y acuerden precio. Sturzenegger dijo: ‘Todos tienen que competir, no estamos de acuerdo con ninguna instancia de precios; la cosa sigue como está’”, relató Maciel. Además, cuestionó que el Gobierno nacional considere suficiente una eventual baja del precio al consumidor aunque ello implique comprometer la sustentabilidad de toda la producción.
Respaldaron la continuidad de la desregulación el representante del Gobierno de Corrientes, Mariel Gabur; el director del INYM por la industria y representante de la Cámara de Molineros, Rubén Henrikson; el presidente del Instituto, Rodrigo Correa; y el diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, quienes coincidieron en apoyar la postura del Gobierno nacional que viene perjudicando a los productores.
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