El Ministerio de Economía de la Nación anunció a través del Boletín Oficial una nueva enmienda a las “Bases de la Contratación” del bufete estadounidense Sullivan & Cromwell LLP. La medida, dictada con la firma del ministro Luis “Toto” Caputo, busca readecuar las condiciones operativas y comerciales con el estudio jurídico que representa a la República Argentina en los tribunales extranjeros, optimizando la estrategia legal del Estado.
Según la resolución, la modificación fue impulsada por una solicitud de la Procuración del Tesoro de la Nación con el objetivo de agilizar y dotar de mayor dinamismo a la administración de la cartera de litigios internacionales. El estudio neoyorquino, que ya venía ejerciendo la representación del país tras ser adjudicado originalmente en 2021, prestó su conformidad formal a los nuevos términos del pliego que regularán las acciones de defensa civil y comercial.
La actualización de este contrato técnico adquiere una relevancia institucional y económica crítica para la Argentina, dado que Sullivan & Cromwell tiene a su cargo el diseño estratégico ante demandas multimillonarias que comprometen severamente las arcas públicas. Los frentes judiciales abiertos en los tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido involucran sumas de dinero que podrían condicionar la estabilidad financiera y el crédito internacional del país en los próximos años.
Entre las principales batallas legales se encuentra el denominado “caso Petersen” en Nueva York, derivado de la expropiación de las acciones mayoritarias de YPF S.A. en 2012, donde fondos de inversión reclaman indemnizaciones multimillonarias. Asimismo, el bufete tutela la defensa del Estado en los litigios por los “Cupones PBI” en la jurisdicción estadounidense, promovidos por demandantes como Aurelius, Novoriver y ACP Master, quienes alegan supuestas manipulaciones en la medición de las estadísticas oficiales del crecimiento económico.
De manera simultánea, el estudio jurídico coordina las acciones en Europa por la misma causa de los valores vinculados al PBI, bajo trámite ante la Alta Corte de Justicia del Reino Unido, en un pleito iniciado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund y Hirsch Group LLC. Las bases del contrato ratifican que, además de estas causas específicas, la Procuración del Tesoro podrá encomendarle a la firma la representación del país en cualquier otro proceso conexo que surja en el exterior.
El pliego modificado ratifica un esquema de retribución basado en la cotización por hora de trabajo de los profesionales, diferenciado según su rango y antigüedad, estipulado principalmente en dólares estadounidenses. Si bien se mantiene en reserva las grillas específicas por categoría, estimaciones oficiales del sector de contratos internacionales ubican los honorarios de referencia de este prestigioso bufete de Wall Street en torno a los US$ 1.800 por hora para sus socios principales. Para resguardar el gasto público, el convenio delimita con rigidez los conceptos facturables, excluyendo gastos administrativos de rutina como el uso de bases de datos electrónicas (Lexis o Westlaw) o el procesamiento ordinario de textos.
En materia de control, el documento fija que las facturas emitidas por el bufete deberán presentarse mensualmente en idioma español y auditadas de forma previa por la Procuración del Tesoro para comprobar la efectiva prestación del servicio. Una vez aprobado el visado del organismo rector de los abogados del Estado, el Ministerio de Economía dispondrá de un plazo de 60 días hábiles para efectuar los pagos correspondientes.
Finalmente, las condiciones contractuales imponen un estricto compromiso de confidencialidad y la prohibición absoluta de incurrir en conflictos de interés, impidiendo al estudio representar a clientes con reclamos opuestos a la República Argentina. Con este blindaje técnico y legal, el Gobierno busca consolidar una defensa unificada y eficiente frente a fallos de tribunales internacionales que resultan determinantes para el futuro macroeconómico de la nación.
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