Tras ser apartada de la Escuela N° 958 del paraje Barbacuá y quedarse sin trabajo ni salario, la docente Valeria Paraná inició una huelga de hambre frente al Consejo General de Educación (CGE), al que acusa de haber montado una maniobra para desplazarla de la institución donde se desempeñó durante siete años como directora suplente.
Instalada en una carpa frente al organismo educativo provincial, la maestra aseguró que permanecerá allí “hasta las últimas consecuencias” y reclamó la restitución de los cargos que le fueron revocados mediante una resolución emitida la semana pasada.
“Me dejaron sin los dos cargos que tenía, sin trabajo y sin sueldo. Hoy soy una desempleada”, afirmó Paraná durante una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones. “No estoy pidiendo nada que no sea mi derecho. Tengo derechos adquiridos y voy a seguir acá hasta que me devuelvan lo que me sacaron“, agregó.
La protesta es el punto más crítico de un conflicto que desde hace más de un mes mantiene movilizada a toda la comunidad educativa del paraje Barbacuá, en San Antonio, donde los padres volvieron a dejar de enviar a sus hijos a clases en señal de apoyo a la docente.
Una resolución que agravó el conflicto
La decisión que desencadenó la huelga de hambre fue la Resolución 3177 del CGE, mediante la cual el organismo declaró nula la disposición que en 2019 había designado a Paraná como directora suplente y revocó además la Resolución 7845/24, por la cual se le había otorgado estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado.
La medida también ordenó eliminar del legajo de la docente el puntaje acumulado por la función jerárquica desempeñada desde 2019 y declaró vacantes tanto el cargo de dirección como el de maestra de grado de la institución.
Según explicó la propia docente, la resolución argumenta que las designaciones realizadas en su momento habrían sido incorrectas.
“Dicen que la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada. Pero yo tengo estabilidad laboral otorgada por el mismo Consejo General de Educación y estoy cursando una diplomatura obligatoria en la UNaM para titularizar”, sostuvo.
Paraná considera que la decisión administrativa forma parte de una persecución.
“La intención del Consejo General de Educación, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo”, denunció.
El origen de la disputa
La situación en la Escuela 958 comenzó a escalar a principios de mayo, cuando dos madres denunciaron presuntos malos tratos por parte de la directora. Sin embargo, poco después una de ellas habría admitido que fue presionada para realizar la acusación.
La denuncia provocó la apertura de un sumario administrativo, aunque la mayoría de los padres de la comunidad salió públicamente en defensa de Paraná y denunció que existía una maniobra para impedir que accediera al cargo definitivo de directora una vez que se jubilara el actual titular, Enrique Wolfart, quien permanece de licencia desde hace seis años.
“Los abogados de legales fueron a la comunidad, tomaron declaración a todos los padres y quedó demostrado que esa denuncia era falsa. Pensamos que ahí terminaba el problema”, relató la docente en su charla con el programa El Aire de las Misiones, que conducen Lody Caballero y Ángel Miño.
Como respuesta a la investigación iniciada por el CGE, desde el 4 de mayo los padres dejaron de enviar a sus hijos a clases. La protesta incluyó dos cortes sobre la ruta nacional 101 y se extendió durante varias semanas.
La semana pasada, luego de que funcionarios del organismo prometieran acelerar la toma de testimonios para esclarecer la situación, las familias resolvieron que los alumnos regresaran a las aulas.
Pero mientras la comunidad creía que el conflicto comenzaba a destrabarse, el CGE aprobó la resolución que dejó sin efecto los cargos de Paraná.
“Todo el pueblo tenía la resolución antes que yo. El lunes me notificaron formalmente y tuve que entregar la escuela”, recordó.
Una escuela atravesada por la polémica
La Escuela 958 funciona en una zona rural de San Antonio y hasta hace poco contaba con apenas dos maestros de grado y tres docentes de áreas especiales.
Uno de los puntos más cuestionados por la comunidad es la distribución de las horas especiales. Según denunciaron los padres y la propia Paraná, dos docentes —Mare González Lemos y Diego González Lemos, madre e hijo— concentran 47 de las 56 horas especiales disponibles en la institución.
La exdirectora sostuvo que ambos continúan desempeñándose en distintas áreas pese a no contar con títulos específicos para esas funciones.
“Hay un ensañamiento hacia mi persona. A mí me sacan, pero al mismo tiempo protegen situaciones que deberían investigarse. Yo estudié cuatro años para ser docente y me castigan por una designación que hizo el propio Estado”, afirmó.
“El banco no espera”
Paraná aseguró que ya presentó recursos judiciales para revertir la decisión del CGE, aunque cuestionó la lentitud de los tiempos procesales frente a una situación que afecta directamente su sustento económico.
“Esto tiene carácter alimentario. El banco no espera, el carnicero no espera. Tengo dos hijos y uno está estudiando. Si esto sigue así tendré que hacer que abandone sus estudios”, expresó.
La docente también apuntó contra las máximas autoridades educativas de la provincia.
“Los responsables directos de esta situación son la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, y el director de Enseñanza, Juan Carlos Morínigo”, sostuvo.
Además denunció que desde que comenzó la protesta ninguna autoridad se acercó a dialogar con ella.
“Nadie me recibió. Nadie vino a hablar conmigo. Solamente colegas que se solidarizaron con mi situación”, aseguró.
Incluso relató que durante la mañana intentó utilizar los sanitarios del organismo y se le habría impedido el ingreso.
“Voy a seguir hasta las últimas consecuencias”
Mientras los padres mantienen el reclamo en Barbacuá y la escuela vuelve a resentir el normal desarrollo de las clases, Paraná continúa frente al CGE sosteniendo una medida extrema para intentar revertir la decisión administrativa.
“Me siento fuerte. Estoy tomando líquidos y tengo el apoyo de mi familia, de los amigos y de toda la comunidad”, señaló.
Y concluyó con una advertencia que resume el nivel de tensión alcanzado por el conflicto: “Voy a seguir acá hasta las últimas consecuencias”.
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