Hubo un tiempo en que Javier Milei parecía tener una respuesta para todo. La inflación era culpa de la emisión. La decadencia económica era culpa de la casta. La falta de inversiones era culpa del exceso de Estado. La inseguridad jurídica era consecuencia de décadas de populismo. La pobreza era producto de la intervención estatal. Los medios mentían. Los economistas tradicionales no entendían nada. Los políticos eran parásitos.
La potencia de aquel discurso fue tan grande que logró algo que parecía imposible: convertir a un economista televisivo en presidente de la Nación. Pero gobernar tiene una particularidad incómoda. Las consignas dejan paso a los resultados. Y los resultados tienen una desagradable costumbre: no responden a los discursos, sino a la realidad.
A casi tres años del inicio de la experiencia libertaria, la administración nacional enfrenta una paradoja cada vez más difícil de ocultar. La inflación efectivamente cayó. El déficit fiscal desapareció. El Banco Central acumula reservas. Sin embargo, buena parte de la sociedad sigue sin percibir una mejora sustancial en su vida cotidiana.
Los salarios continúan corriendo detrás de las pérdidas acumuladas. El consumo permanece estancado. Las inversiones prometidas aparecen mucho menos de lo esperado. Las internas oficiales se multiplican. Y la Casa Rosada parece cada vez más preocupada por identificar enemigos que por explicar por qué el famoso rebote sigue moviéndose hacia adelante como un horizonte imposible de alcanzar.
La contradicción central del Gobierno comienza a quedar expuesta. Prometió terminar con la política tradicional y hoy se consume en disputas internas dignas de cualquier administración anterior.
También prometió terminar con los privilegios, pero no deja de recibir cuestionamientos por transparencia. Prometió una lluvia de inversiones que todavía no llega y una recuperación rápida del poder adquisitivo que sigue sin materializarse. Llegó al poder sentado sobre la promesa de una revolución económica cuyos beneficios todavía resultan invisibles para buena parte de la población. Mientras tanto, cada vez más indicadores muestran una distancia creciente entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de millones de argentinos.
También lo ven desde afuera
La publicación de un extenso análisis de The Wall Street Journal sobre Javier Milei resultó especialmente significativa porque provino de uno de los medios económicos más influyentes del mundo y de un ámbito que difícilmente pueda ser acusado de simpatías populistas.
La conclusión del artículo fue tan sencilla como contundente: el mismo estilo digital que impulsó el ascenso político de Milei comienza a convertirse en una limitación para su capacidad de gobernar. El diario recordó cómo el actual presidente construyó su carrera política prácticamente desde las redes sociales, evitando intermediarios, desafiando a periodistas, atacando adversarios y consolidando una comunidad digital extraordinariamente movilizada. Aquella estrategia funcionó para ganar notoriedad, construir una identidad política y llegar a la Casa Rosada… pero gobernar exige algo diferente.
Ejercer el poder en democracia exige construir acuerdos, administrar diferencias, sumar aliados que no sean casta. Gobernar exige negociar permanentemente para no caer en los presidencialismos viscerales tan acostumbrados en Argentina. Allí es precisamente donde aparecen las dificultades.
El consultor Lucas Romero, citado por el propio WSJ, resumió el problema con crudeza al advertir que la agresión permanente genera fisuras y reduce la disposición de los atacados a colaborar.
Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Stimson Center, fue todavía más lejos cuando definió a Milei como una “criatura de Internet” cuya permanente necesidad de confrontación limita su capacidad para construir coaliciones duraderas. La observación resulta especialmente relevante porque coincide con un fenómeno que ya se percibe dentro del propio oficialismo. Las disputas con gobernadores aumentan, los conflictos legislativos se multiplican, los aliados se vuelven cada vez más impredecibles y las tensiones internas comienzan a emerger con frecuencia creciente. Así las cosas, el estilo que alguna vez permitió diferenciarse del sistema político parece estar generando dificultades para operar dentro de él.
Hasta el FMI habla de transparencia
El Gobierno suele presentar al Fondo Monetario Internacional como uno de sus principales respaldos internacionales. Por eso llamó la atención que el último informe técnico del organismo incorporara observaciones particularmente sensibles sobre cuestiones institucionales, además de problemas con las técnicas de medición de la inflación y la actividad económica.
En ese análisis, el FMI respaldó la política fiscal y monetaria, pero también advirtió que los mecanismos anticorrupción argentinos necesitan fortalecerse. Las observaciones apuntaron directamente a las declaraciones juradas patrimoniales, los conflictos de interés y la capacidad estatal para controlar incompatibilidades.
No se trata de un detalle menor. Mucho menos en momentos en que la discusión pública gira alrededor del crecimiento patrimonial de funcionarios y de los mecanismos de transparencia gubernamental.
El documento fue particularmente explícito al señalar problemas de verificación, baja transparencia, demoras en la publicación y aplicación desigual de los controles. La situación genera una paradoja difícil de ignorar dado que pasó otra semana sin que la declaración jurada de Manuel Adorni asome tras aquella ya vieja promesa de “presentación inminente” por parte del mismo Poder Ejecutivo.
Entonces, el Gobierno que llegó denunciando privilegios, opacidad y corrupción termina recibiendo cuestionamientos precisamente en esos terrenos. Y es destacable que no provienen de la oposición, ni de los sindicatos, ni del kirchnerismo. Provienen del mismo organismo que acaba de aprobar un nuevo desembolso para sostener el programa económico. Es una señal política que la Casa Rosada preferiría no tener que explicar.
Inversiones
Pocas promesas fueron tan repetidas como la de una inminente lluvia de inversiones. La lógica parecía simple: ajuste fiscal, más desregulación, más apertura económica, más seguridad jurídica es igual a llegada masiva de capitales.
Sin embargo, la realidad viene mostrando un comportamiento mucho más modesto. La mayor apuesta oficial hoy pasa por el Súper RIGI, diseñado para atraer proyectos multimillonarios en sectores estratégicos como energía, minería, hidrógeno, inteligencia artificial y centros de datos.
Sobre el papel, el esquema luce extraordinariamente atractivo para los potenciales inversores: beneficios fiscales, estabilidad normativa por treinta años, libre disponibilidad de divisas, menor carga tributaria, seguridad jurídica reforzada.
El problema aparece cuando se analiza qué recibe el país a cambio. Especialistas como Gilberto Santamaría y Milagros Santamaría advierten que el modelo presenta una fuerte asimetría. Argentina aporta energía, territorio, estabilidad normativa y beneficios fiscales; pero las empresas mantienen el control de los datos, los algoritmos, la propiedad intelectual y la renta principal del negocio. En ese escenario la pregunta se impone: ¿Se está construyendo una industria tecnológica nacional o simplemente se está alquilando infraestructura para negocios globales?
La cuestión adquiere aún más relevancia a partir del acuerdo comercial con Estados Unidos. Las cláusulas vinculadas al libre flujo de datos y las limitaciones para exigir transferencia tecnológica podrían restringir futuras capacidades regulatorias del Estado. El riesgo no es necesariamente lo que se pierde hoy, sino lo que podría resultar imposible exigir mañana.
Mientras otros países condicionan estas inversiones a compromisos de investigación, participación universitaria, transferencia tecnológica o desarrollo local, Argentina parece optar por una lógica mucho más permisiva. La apuesta puede atraer capital, la incógnita es cuánto desarrollo dejará detrás.
Cumbre
Mientras en Buenos Aires la discusión pública se consume entre trolls, internas palaciegas, operaciones digitales y relatos de una prosperidad que todavía no encuentra correlato en la vida cotidiana, en las provincias la agenda suele ser mucho más terrenal que deja poco espacio para la épica y urge respuestas por infraestructura, rutas y preocupación por los costos logísticos.
La semana dejó una fotografía nítida de esa distancia. Mientras la Casa Rosada sigue enfrascada en identificar conspiraciones detrás de casi cualquier crítica, el gobernador Hugo Passalacqua participó de una nueva reunión del Norte Grande junto a mandatarios de signos políticos diametralmente opuestos. Peronistas, radicales y provinciales se sentaron alrededor de una misma mesa para discutir, sin enemigos irreconciliables ni acusaciones de traición, lo que verdaderamente constituye el cuello de botella del desarrollo argentino: logística, energía y conectividad.
Allí, Misiones volvió a poner sobre la mesa tres reclamos históricos que atraviesan gestiones nacionales de todos los colores políticos y que siguen pendientes: nuevos puentes internacionales, la extensión de la Hidrovía hasta el territorio provincial y la postergada llegada del gas natural.
La escena no es menor. Mientras el discurso de la Nación presenta al desarrollo como una consecuencia casi automática del equilibrio fiscal y la apertura económica, los gobernadores recuerdan que ninguna competitividad nace en el vacío: se necesitan puertos, energía y transporte. Por eso resulta significativo que el bloque regional consolide una agenda propia, justo en medio de un contexto caracterizado por el repliegue de la obra pública nacional.
Nuevamente, se impone la lógica ¿cómo se atraen inversiones productivas a regiones alejadas si faltan las obras estructurales para competir? Misiones conoce esa discusión mejor que ninguna otra, obligada a convivir diariamente con las asimetrías de su condición fronteriza.
Esa misma realidad fue el eje del encuentro semanal entre el gobernador, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y la Confederación Económica de Misiones (CEM). En esa mesa, el dato político más relevante no fue un anuncio técnico, sino el mensaje de fondo. Mientras el sector privado describe crecientes dificultades para encontrar interlocutores en el organigrama nacional, la provincia buscó transmitir una señal de previsibilidad manteniendo abiertos los canales con cámaras empresariales, comerciantes y productores.
Bajo esa misma premisa de sintonía fina debe leerse la decisión de excluir a miles de usuarios de billeteras virtuales del régimen de retenciones anticipadas de Ingresos Brutos, una medida que alcanzará a quienes registren movimientos mensuales inferiores a los $2,18 millones (el equivalente a la categoría D del Monotributo). Más allá del impacto fiscal inmediato, el mensaje político es de adaptación: en plena transformación digital, se busca evitar que los pequeños emprendedores y trabajadores independientes enfrenten cargas administrativas desproporcionadas.
El regreso de la vieja política
Uno de los temas que dominó la semana fue la disputa alrededor del pliego de María Verónica Michelli, un tópico que expuso algo más importante que una diferencia parlamentaria. El caso dejó al desnudo la persistencia de una interna que atraviesa al corazón del oficialismo.
Patricia Bullrich decidió desafiar la posición impulsada desde sectores alineados con Karina Milei. Y lo hizo sabiendo exactamente el efecto político que tendría. La decisión volvió a poner en escena las tensiones entre el karinismo y el sector vinculado a Santiago Caputo. En realidad, la pelea nunca desapareció, apenas se volvió más silenciosa.
Una vez más asoma la paradoja en el oficialismo. La Libertad Avanza llegó prometiendo reemplazar las lógicas tradicionales de la política, sin embargo, hoy reproduce buena parte de sus mecanismos: internas, operaciones, construcción de poder, disputas territoriales, control de áreas estratégicas, luchas por influencia. Es, nada más y nada menos, aquello que denunciaba cuando era oposición.
El rebote que siempre está por venir
Luis Caputo prometió recientemente los mejores dieciocho meses de la historia económica argentina. La frase se sumó a una larga lista de pronósticos optimistas y una veintena de “lo peor ya pasó”.
Sin embargo, los indicadores vinculados al consumo continúan enviando señales preocupantes: la inflación baja, pero las ventas no reaccionan; los salarios siguen sin recomponer pérdidas acumuladas; la recaudación vinculada al consumo sigue mostrando rendimientos preocupantes mientras el IVA continúa registrando caídas reales; el impuesto al cheque permanece en terreno negativo; las ventas de automóviles retrocedieron con fuerza.
Esteban Domecq, de Invecq Consulting SA, sintetizó el escenario al advertir que el consumo sigue flojo y que mayo mostró una continuidad de la debilidad observada durante abril. La economía argentina parece avanzar a dos velocidades. Por un lado, aparecen sectores vinculados a energía, minería, finanzas y exportaciones. Por otro, permanece un mercado interno que todavía no encuentra impulso suficiente para despegar.
Lo dicho muchas veces en esta misma columna: la estabilidad macroeconómica puede ser condición necesaria para crecer, pero no alcanza por sí sola para garantizar crecimiento… mucho menos bienestar social.
En modo supervivencia
Quizás el dato más revelador de la actualidad económica no provenga de los indicadores macroeconómicos sino de los hábitos cotidianos. El último informe de Worldpanel by Numerator muestra una sociedad que reorganiza cada decisión de consumo para sobrevivir. Tres de cada diez hogares enfrentan dificultades severas para llegar a fin de mes. Crece el número de familias que solo pueden cubrir gastos esenciales, mientras caen quienes logran administrar sus ingresos con relativa tranquilidad.
La respuesta social es visible en el dato del consumo: menos visitas a supermercados, más compras de cercanía, más formatos pequeños, más segundas marcas, más promociones, menos planificación de largo plazo, menos consumo aspiracional. Así las cosas, la clase media argentina ya no compra para progresar, compra para sostenerse.
Maricel Masut, de Worldpanel, definió este fenómeno mediante una expresión particularmente precisa: el piso operativo de la canasta. Los hogares ajustan alimentos básicos, cambian marcas, reducen cantidades y reorganizan gastos para conservar pequeños espacios de bienestar. Apenas un snack, un producto saludable, pequeñas recompensas en medio de una economía defensiva.
La imagen resume gran parte del momento actual. La mayor parte de la sociedad ya no vive pensando en crecer, sino que vive pensando en resistir.
Ven riesgo incluso en el dolor
Otro tema que cruzó la semana fue la nueva movilización por Ni Una Menos, una manifestación que volvió a disparar otra característica distintiva de la administración libertaria: su tendencia a interpretar prácticamente cualquier cuestionamiento como una expresión política contra el Gobierno.
Mientras organizaciones como Mumalá alertaban sobre 105 femicidios registrados en los primeros cinco meses del año y recordaban que una mujer es asesinada cada 35 horas, desde sectores oficiales se insistía en señalar la supuesta politización de la protesta.
La discusión estadística puede ser válida y también lo es la discusión partidaria. Lo que resulta más difícil de comprender es la necesidad permanente de convertir cada reclamo social en una disputa ideológica.
No hay margen de debate posible cuando detrás de las cifras hay realidades concretas, mujeres asesinadas, familias destruidas y violencias persistentes. Son problemas arraigados en el país y exceden cualquier discusión electoral.
El límite de la narrativa
Durante años Javier Milei construyó una identidad política basada en señalar contradicciones, y lo hizo con notable eficacia. Detectó frustraciones sociales reales, interpretó el cansancio ciudadano, capitalizó el hartazgo con una dirigencia desacreditada. Pero gobernar exige una tarea distinta porque implica transformar diagnósticos en resultados. Y es precisamente allí donde aparecen las dificultades. Los salarios no mejoran porque alguien publique un tuit. Las inversiones no llegan por afinidad ideológica. El consumo no se recupera mediante discursos. Las alianzas no se construyen con agravios. Y los problemas sociales no desaparecen porque se los redefina semánticamente.
La gran paradoja del oficialismo es que sigue siendo extraordinariamente eficaz para construir relatos de confrontación, pero encuentra crecientes dificultades para demostrar que la realidad avanza al mismo ritmo que sus promesas. Por eso tal vez el principal desafío que enfrenta hoy la Casa Rosada no sea la oposición, ni los gobernadores, ni los sindicatos, ni los periodistas, ni la herencia que todavía invoca para explicar muchas dificultades presentes.
El desafío es convencer a una sociedad que sigue ajustando gastos, postergando consumos y esperando mejoras que los beneficios prometidos finalmente llegarán al final de demasiados “lo peor ya pasó”.
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