A solo 48 horas de que el ministro Federico Sturzenegger reafirmara desde Buenos Aires que “no se arrepiente” de haberle quitado facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y defendiera la desregulación como un “caso exitoso”, la discusión volvió a escalar en Misiones, donde productores y dirigentes políticos advierten que el nuevo esquema profundizó la crisis del eslabón más débil de la cadena.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la quita de facultades al INYM permitió ordenar precios y abrir oportunidades, en la provincia la lectura es opuesta: caída de la rentabilidad, venta por debajo de los costos, pérdida de ingresos en las chacras, pagos diferidos y una cosecha que muestra señales de retracción frente al récord de 2024.
En ese contexto, el diputado provincial Cristian Castro cuestionó con dureza la postura oficial y planteó que el problema ya no es solo la desregulación del organismo, sino quién ocupa hoy el lugar de poder dentro de la cadena. “El INYM no está desregulado, está cooptado por la industria correntina”, afirmó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Las declaraciones del legislador del Partido Agrario y Social (PAyS) llegan en uno de los momentos más críticos para el sector yerbatero en décadas. Mientras desde la Nación celebran el crecimiento de las exportaciones, en Misiones los productores atraviesan el peor momento desde 2019 -según un reciente informe de CEPA-, con una pérdida mínima de 204 pesos por kilo y una Tarifa Sustitutiva de Hoja Verde que desde el 1° de junio se establece en apenas $44,09. La caída de la cosecha supera el 40%, los minifundistas venden por debajo de sus costos y el cese de tareas culturales amenaza con dejar sin materia prima a la propia industria que hoy celebra el libre mercado.
Castro, quien ya expuso esta realidad en el Congreso nacional a fines de mayo y denunció una “transferencia millonaria” del eslabón más débil hacia los grandes concentradores, volvió a la carga en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. Con el respaldo de pericias técnicas, comparaciones internacionales y el testimonio directo de productores que no pueden pagarle los estudios a sus hijos, el diputado desarmó el discurso oficial y adelantó que Misiones debe “tomar el toro por las astas” con herramientas propias: un mercado consignatario y un Boleto Electrónico Yerbatero con pago indirecto que asegure un precio mínimo.
“Si a los contadores se nos puede fijar un honorario mínimo, ¿por qué no al pequeño productor? Hay que tener coraje“, desafió.
Una visión sesgada que solo mira a la industria concentrada
En la entrevista, Castro fue contundente al describir cómo el Gobierno nacional aborda la problemática yerbatera. “Tienen una visión muy sesgada de lo que es la cadena yerbatera, donde ellos miran solo el sector industrial y no miran toda la cadena como un todo”, criticó.
Según el diputado, en este esquema quedan completamente invisibilizados los eslabones más débiles: el tarefero que pone la mano de obra, el pequeño productor que trabaja la tierra, e incluso algunos secaderos que también atraviesan una situación crítica. “Se concentran en la industria y en un sector muy minúsculo de la industria: la parte más concentrada, los que tienen hoy el poder”, denunció.
La falacia del mercado perfecto y el “oligopsonio”
Uno de los ejes centrales de la intervención del diputado fue la refutación económica del discurso oficial. Castro cuestionó directamente las declaraciones de Sturzenegger, a quien acusó de desconocer la naturaleza real del mercado yerbatero al hablar de que “el precio estaba al doble en góndola” y defender la desregulación.
“Me extraña el ministro Sturzenegger, que es economista, desconociendo lo que es un oligopsonio”, afirmó y explicó que, a diferencia de un mercado competitivo, en un oligopsonio hay muchos vendedores (productores) y pocos compradores (industria), lo que genera una asimetría de poder que impide que el precio se equilibre de forma natural.
Para graficar lo absurdo de las comparaciones oficiales, Castro puso un ejemplo cotidiano: “Hoy un kilo de yerba está a 5.000 pesos según el INDEC. Cuando si querés comprar una gaseosa de la marca más reconocida vale eso y te la tomás en una sentada. En cambio, un paquete de yerba te da casi 200 tazas de café. El otro día me tomé una taza de café en la esquina del Congreso: 5.000 pesos. Una taza de café”.
Para desmontar el argumento ideológico que asocia la regulación con el estatismo, el legislador apeló a ejemplos internacionales de economías capitalistas. “Países como Estados Unidos regulan mercados imperfectos, como el de la leche, para asegurar un precio mínimo a los productores. La Corte Suprema de ese país determinó que el Estado podía intervenir por esta razón. Lo mismo ocurre en la Unión Europea, donde este debate existe desde hace más de 30 años”, recordó, citando además el antecedente de Manfredo Seifert, uno de los impulsores de la ley del INYM, quien estudió estos modelos en Alemania.
“El INYM no fijaba un precio cerrado, fijaba un piso, un mínimo. Aseguraba la rentabilidad de toda la cadena, no era en contra de la industria, era a favor de todos”, remarcó.
La agonía del minifundio: vender por debajo del costo
Más allá de la teoría económica, Castro llevó la discusión a la realidad de las chacras misioneras. Según detalló, el 90% de los productores de la provincia poseen menos de 30 hectáreas. Son familias minifundistas que, bajo las condiciones actuales, están condenadas a desaparecer.
“Ellos quieren que la yerba sea para pocos, no para muchos y grandes extensiones. Y eso no hace más eficiente, es mentira”, disparó contra los defensores de la desregulación.
La prueba más contundente de esta asfixia es la caída de más del 40% en la cosecha correspondiente a 2024. “No es porque haya habido rulo o sequía. Es justamente porque el productor dejó de hacer las tareas culturales y dejó de cosechar porque no le cierran los costos”, explicó.
Para graficar esta realidad, el diputado, quien actuó como perito de parte en un juicio para recuperar las facultades del INYM, presentó el caso de Manfredo Seifert, un productor de Montecarlo de alta eficiencia. “Su rinde es de 10.977 kilos por hectárea, muy por encima del promedio que toma el INYM, que es menor a 5.000 kilos. Sin embargo, el costo de producción el año pasado le dio 390 o 391 pesos, y vendió a 330. Vendió por debajo de los costos”, reveló.
Esta dinámica, sostuvo, se sostiene temporalmente gracias a los “costos ocultos” o hundidos (gastos que el productor ya hizo coseche o no), pero que a la larga llevan a la quiebra. El impacto humano de esta ecuación fue resumido por Castro con el testimonio de la productora Susana Cuadros: “Uno puede hablar y dar números, datos, pero lo que más impactó y fue contundente fue la frase de Susana, que no le podía pagar los estudios a las hijas por el bajo precio que tenía su producción de yerba. Y ella trabaja las 24 horas al día. No es una vaga. No es como siempre quieren tildar, desprestigiando al otro y llamándole ‘kuka’ cuando uno tiene una posición ideológica”, expresó con indignación.
El falso mito del boom exportador
Otro de los argumentos que el diputado se encargó de desmentir fue la idea de que la desregulación impulsó las exportaciones. Si bien admitió que las ventas al exterior se duplicaron en los últimos años, aclaró que el volumen sigue siendo marginal (apenas un 15% del total, frente a un 85% de consumo interno).
“Este crecimiento no tiene que ver con la desregulación ni con la tarea del INYM, sino con una cuestión geopolítica: la recuperación del consumo interno en Siria tras años de guerra civil, y la diáspora de sirios que emigraron a Europa y América Latina llevando consigo el consumo de mate”, precisó. Además, alertó que, medido en dólares, el precio de exportación también ha caído drásticamente.
Las alternativas provinciales: “Hay que tener coraje”
Ante la inacción del Gobierno nacional, Castro fue contundente: Misiones, que produce más yerba que todo Brasil junto y concentra entre el 85% y 90% de la hoja verde, debe tomar la iniciativa.
Desde el PAyS, junto al Movimiento Agrario Misionero (MAM), están elaborando un proyecto integral que se presentará formalmente el próximo 17 de este mes en la Facultad de Oberá. Las propuestas giran en torno a dos herramientas clave:
- Un mercado consignatario: Financiado mediante un apartado fiduciario (posiblemente con recursos de algún bono provincial), para garantizar la comercialización con un piso de precio.
- El Boleto Electrónico Yerbatero (BEY) con pago indirecto: Inspirado en el sistema de honorarios mínimos de los contadores, la propuesta busca que cada camión que salga con hoja verde, canchada o elaborada, tribute una tasa que asegure un precio mínimo para el productor. “Si a los contadores se nos puede fijar un honorario mínimo, ¿por qué no al pequeño productor? Hay que tener coraje”, desafió.
Castro también aclaró que la regulación de plantaciones que existía con el INYM no era una prohibición, sino una herramienta para ordenar un mercado donde el 85% del consumo es interno y crece solo al ritmo del crecimiento vegetativo de la población.
Finalmente, el diputado fue realista sobre el destino de estas iniciativas en la Legislatura provincial. Reconoció que el éxito de cualquier proyecto depende del acompañamiento de la renovación, que posee la mayoría de los bloques. “Nosotros dependemos en la Legislatura del acompañamiento de la renovación. Si la renovación decide acompañar, va a salir el proyecto, porque los votos los tiene la renovación. Es así”, admitió.
Con 17.000 familias yerbateras en juego y una cosecha que se desploma, la pelota queda en la cancha de la política misionera: ¿Priorizará la supervivencia del minifundio o se alineará con los manuales de libre mercado que, en la práctica, solo benefician a los grandes concentradores?
Discussion about this post