Productores yerbateros y referentes de la actividad llevaron este jueves al Congreso Nacional un fuerte reclamo contra la desregulación del sector impulsada por el Gobierno nacional y denunciaron que, tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se produjo una “transferencia millonaria” desde el sector primario hacia grandes empresas concentradoras.
La reunión –que comenzó a las 11- se desarrolla en el anexo de la Cámara de Diputados y fue convocada por la diputada nacional Julia Strada junto al legislador formoseño Luis Basterra. Participan productores, representantes de cooperativas, referentes del sector yerbatero y diputados nacionales de distintos espacios políticos.
Uno de los principales expositores es el dirigente yerbatero Hugo Sand, histórico referente de las protestas agrarias en Misiones, quien apuntó directamente contra el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei.
“Hay una transferencia de fondos impresionante del sector primario hacia las empresas grandes. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos por año”, sostuvo durante una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones en la previa de la reunión.
Sand aseguró que la desregulación provocó un fuerte deterioro económico en la actividad y vinculó la crisis actual con la caída de precios pagados al productor.
“Vemos cómo se desploman los precios y eso se traduce en un rojo violento en los bolsillos de nuestra gente”, afirmó. Además, advirtió sobre consecuencias sociales cada vez más visibles en las zonas productivas.
“Hay expulsión de yerbateros y tareferos que tienen que irse a Brasil a buscar trabajo. También jóvenes profesionales que deben emigrar”, remarcó.
Los productores cuesitonan especialmente la pérdida de facultades regulatorias del INYM tras la entrada en vigencia del DNU presidencial. Según sostienen, la medida dejó al mercado yerbatero librado a la capacidad de negociación de grandes industrias y sectores concentrados.
Sand incluso planteó que el decreto “violentó” una ley sancionada por el Congreso y sostuvo que el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo no reúne los requisitos constitucionales para un decreto de necesidad y urgencia.
“El artículo 99 inciso 3 dice que el DNU es un recurso extraordinario, específico y concreto. Nada de eso se cumple en el capítulo yerbatero”, afirmó.
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