El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dispuso una actualización del 3,40% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a abril de 2026. La medida, oficializada mediante la Resolución 41/2026, se alinea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y se aplica sin distinción entre tipos de prestación.
Se trata de un mecanismo que ya viene utilizándose en los últimos meses: ajustes mensuales atados a la inflación, con el objetivo de evitar un desfasaje abrupto en los valores del nomenclador. Sin embargo, la actualización vuelve a instalar una discusión de fondo: si estos incrementos logran sostener el sistema o simplemente evitan su deterioro inmediato.
Un sistema que corre detrás de los precios
El nuevo cuadro tarifario refleja el impacto directo del aumento. Por ejemplo, un Centro de Día de jornada doble (Categoría A) pasa a $1.010.735,49, mientras que un Centro Educativo Terapéutico en la misma modalidad alcanza los $1.135.369,32. En el segmento más alto, la internación en rehabilitación supera los $5,39 millones mensuales.
Los números muestran una actualización nominal consistente, pero atada exclusivamente al IPC, un indicador que no necesariamente refleja la estructura de costos del sector. En servicios intensivos en recursos humanos -como acompañamiento terapéutico, educación especial o residencias-, el peso de los salarios y los insumos específicos suele evolucionar a un ritmo diferente.
Prestadores bajo presión
En ese contexto, distintos actores del sistema advierten que los aumentos mensuales permiten sostener la operatoria, pero no recomponen márgenes. La lógica de indexación evita un atraso abrupto, pero también consolida una dinámica de “empate técnico” con la inflación, sin margen para recuperar pérdidas acumuladas.
El esquema impacta directamente en clínicas, centros de día, hogares y profesionales independientes, que dependen de estos aranceles para su funcionamiento. Cuando los valores quedan rezagados respecto de los costos reales, el riesgo es conocido: reducción de servicios, dificultades para sostener planteles o tensiones con financiadores.
La resolución no introduce modificaciones de fondo en el sistema. No hay redefinición de prestaciones, ni revisión integral del nomenclador, sino una actualización lineal sobre los valores vigentes.
También se mantiene el adicional del 20% para prestaciones en la Patagonia, en concepto de zona desfavorable, sin ampliaciones a otras regiones. En términos de política pública, la medida confirma una estrategia: administrar el sistema mediante ajustes periódicos, en lugar de avanzar en una reforma estructural.
La actualización del 3,40% cumple con el objetivo inmediato de acompañar la inflación y sostener el funcionamiento del sistema, pero deja sin resolver el interrogante central: si los aranceles reflejan realmente el costo de brindar prestaciones de calidad.
En un contexto inflacionario, la indexación mensual funciona como contención. Pero hacia adelante, el desafío es otro: pasar de un esquema defensivo a uno que permita previsibilidad y sustentabilidad real para el sector de discapacidad.
El anexo con los nuevos valores aquí👇
