La política, al igual que la física, tiene leyes que no se pueden ignorar. Una de ellas dice que no se puede predicar el ascetismo desde un avión privado ni pedir sacrificios mientras se esconden propiedades. El caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y rostro cotidiano del ajuste, dejó de ser un ruido mediático para convertirse en una enorme fisura en la línea de flotación de La Libertad Avanza.
Las cifras de CB Global Data son una sentencia: en apenas tres meses, la imagen negativa del vocero devenido en ministro se disparó al 67%. Perder 40 puntos de diferencial en 90 días no es un accidente estadístico; es el sonido del cristal rompiéndose. La sociedad que votó para “aniquilar a la casta” observa hoy, con una mezcla de estupor e ironía, cómo los abanderados de la moralidad pública terminan investigados por enriquecimiento ilícito y viajes a Punta del Este.
Lo más inquietante del caso no es el comportamiento individual de Adorni, sino la reacción corporativa del Gobierno. En cualquier administración que se precie de profesional, una manzana sospechada se retira del cajón para salvar el resto de la cosecha. Sin embargo, Javier Milei y su núcleo de confianza optaron por el blindaje total.
Este respaldo no es un acto de lealtad, sino de debilidad discursiva. Soltar a Adorni sería admitir que la “casta” no estaba afuera, sino que ya duerme en Olivos. Pasamos del “el que las hace las paga” a “haber tomado ese crédito, ¿mató gente?”.
Al sostener a Adorni, el Gobierno abraza la misma endogamia que prometió combatir, transformando el Gabinete en un búnker de privilegios. Sin embargo, sería un error creer que la caída estrepitosa de la gestión es culpa exclusiva de los vuelos privados del jefe de Gabinete. Adorni es el ruido, pero la economía es la señal. El escándalo ético solo sirve para amplificar un malestar que ya tiene raíces profundas en el hambre y la incertidumbre.
Los datos de la Universidad de San Andrés son taxativos: por primera vez, la inflación dejó de ser la principal preocupación, desplazada por el miedo visceral a los bajos salarios (37%) y la falta de trabajo (36%). La gente ya no teme que los precios suban; teme no tener empleo para pagarlos. En este contexto, cada propiedad no declarada de un funcionario se siente como una estafa directa al contribuyente que hoy duda si podrá pagar el alquiler.
La erosión de la confianza, que ya acumula una baja del 6,5% desde fines de 2025, muestra una geografía del descontento muy marcada. Mientras el interior productivo -incluyendo sectores como el agro y la minería que crecen al 16%- mantiene un hálito de esperanza, el AMBA se hunde en una recesión industrial y comercial que el PBI macroeconómico no alcanza a compensar.
Es la trampa de los promedios: el PBI puede decir que crecemos, pero en el conurbano y en los cinturones urbanos de las provincias se vive una manufactura en retroceso. Los votos se cuentan de a uno, y no hay estadística de exportación minera que calme el ánimo de un trabajador que ve cómo sus representantes se enriquecen mientras su salario real se vuelve invisible.
Adorni hoy representa la “insoportable levedad” de un Gobierno que cree que puede compensar la falta de pan con exceso de relato. Sostener al jefe de Gabinete bajo sospecha es una apuesta altísima: es decirle a la sociedad que el ajuste es para los de abajo, pero la impunidad es para los de arriba. El problema de fondo no es un vuelo a Punta del Este. El problema es que el Gobierno está perdiendo su activo más preciado: la autoridad moral para pedir “paciencia”.
La paciencia de los pueblos tiene un límite y suele terminarse justo cuando descubren que, mientras ellos ayunaban, sus líderes se servían un banquete con la plata que decían despreciar.
Promesas desinfladas
El dato de inflación de marzo, fijado en un 3,4%, no es solo una cifra que “repugna” al Ejecutivo. Es el acta de defunción técnica del Presupuesto 2026 tal y como fue votado. Con un acumulado del 9,4% en apenas tres meses, Argentina consumió en un trimestre casi la totalidad de la meta del 10,1% que el Congreso votó para todo el año. Esta velocidad de crucero no solo triplica las expectativas oficiales, sino que deja a las partidas presupuestarias en un limbo de discrecionalidad absoluta.
La divergencia entre la ley de leyes y la realidad es de tal magnitud que el FMI ya recalibró su proyección al 30,4% anual. Esta brecha tiene un impacto fiscal directo: cuando la inflación real triplica la presupuestada, los recursos excedentes suelen manejarse mediante decretos, restándole relevancia al control parlamentario.
La orden del Ministerio de Economía de aplicar un recorte adicional del 2% en gastos corrientes y hasta un 20% en capital es el reconocimiento tácito de que el ancla fiscal debe ser aún más agresiva para compensar un índice que se resiste a la baja.
Un punto central de este trimestre es el comportamiento del tipo de cambio. Mientras el IPC acumuló un 9,4%, el dólar mayorista recorrió el camino inverso, pasando de $1.469 a $1.362.
En el mismo sentido, Argentina experimentó una inflación en dólares superior al 13% en lo que va del año. Y el esquema de bandas cambiarias no funcionó como techo; por el contrario, el peso se apreció frente al dólar en términos reales, lo que genera una pérdida de competitividad que el superávit comercial aún no refleja, pero que el sector exportador empieza a sentir.
Quizás el dato técnico más relevante -y menos discutido- es qué pasaría si se midiera la inflación con la realidad del consumo actual.
La renuncia de Marco Lavagna al INDEC dejó en suspenso la actualización del índice basado en la ENGHo 2017/18. El índice vigente (basado en el consumo de 2004) subestima el peso de los servicios y el transporte. Según consultoras como Equilibra y CEPA, con la nueva metodología, la inflación de marzo no habría sido del 3,4%, sino de entre 3,5% y 3,65%.
Por otra parte, en el nuevo IPC, rubros como Educación y Combustibles tienen una incidencia tres puntos porcentuales mayor. Al no aplicarse el cambio, se genera una sensación de desaceleración que es, en parte, un artificio estadístico. Dicho en términos simples: miden la inflación con una foto vieja de cómo consume la sociedad.
El Presidente sostiene que esto no es “inflación estrictamente monetaria”, sino un reacomodamiento de precios relativos. Sin embargo, el factor externo irrumpió con fuerza: el conflicto en Medio Oriente disparó los combustibles un 23% en el mercado interno. El impacto es doble porque aporta décimas inmediatas al IPC y porque presiona sobre la cadena logística.
Mientras países vecinos como Brasil o Paraguay mantienen inflaciones trimestrales inferiores al 2%, Argentina se consolida en el segundo puesto del ranking regional, solo superada por Venezuela. La promesa fundacional del esquema Milei-Caputo de una inflación del “0, algo”, o de una convergencia hacia niveles internacionales, choca con la realidad de un salario real que pierde la carrera contra la productividad y una desregulación de tarifas que aún tiene “mucha tela para cortar”.
En términos técnicos, marzo no fue un accidente estacional por la educación; fue la confirmación de que la inercia inflacionaria argentina tiene raíces mucho más profundas que las que el Excel oficial está dispuesto a reconocer.
Así cualquiera
En la narrativa oficial, el superávit fiscal es la “guerra santa” innegociable. Sin embargo, detrás del rigor de los números que celebra el Ministerio de Economía, asoma una herramienta mucho menos épica que la motosierra: la “licuadora de pagos” o, en términos técnicos, la deuda flotante. Hoy, el equilibrio de las cuentas públicas argentinas no se sostiene solo por el recorte, sino por una decisión administrativa de alto riesgo: dejar de pagar.
Técnicamente, la deuda flotante representa gastos que ya han sido devengados (autorizados y realizados) pero que el Tesoro decide no cancelar. Al cierre de marzo de 2026, esta masa de compromisos impagos asciende a $5,6 billones (unos US$ 4.000 millones). Esta cifra representa el 3,8% del Presupuesto Nacional. No es un desfasaje administrativo menor; es un volumen de deuda que crece a un ritmo de $1,7 billones mensuales.
En la jerga de los pasillos de Hacienda, esta política dejó de ser una contingencia para convertirse en una estrategia de caja. Si el Gobierno pagara lo que debe al PAMI, a las provincias y a las constructoras, el tan mentado superávit simplemente desaparecería. Así nació el “pagadiós”, la versión criolla del equilibrio fiscal. El impacto de pisar el gasto no es uniforme y golpea áreas de alta sensibilidad social y operativa.
El PAMI acumula una deuda de $500.000 millones, lo que ya derivó en huelgas médicas. La obra pública registra certificados impagos desde 2023 llevando a la destrucción a empresas y capital de trabajo. Los subsidios al transporte y energía acumulan deudas por otros $500.000 millones, provocando paros de colectivos y tensión en la cadena de pagos salarial de la UTA.
El ajuste fiscal está chocando con un límite físico: la caída de la actividad. La recaudación cayó un 4,5% real en marzo, acumulando ocho meses de retroceso.
Aquí se activa un “doble torniquete”: el recorte de gastos profundiza la recesión (la industria cayó 8,7%); la recesión desploma la recaudación (el IVA cayó 2,6% y Ganancias se ve afectado por la menor actividad); y la menor recaudación obliga a Caputo a pedir un “ajuste sobre el ajuste” (un 2,5% adicional de recorte para abril).
Una mirada técnica a la ejecución presupuestaria del CEPA revela prioridades polémicas. Mientras se registran caídas brutales en Salud (-52%), Ciencia (-83%) y Educación (-96% en infraestructura), hay partidas que permanecen blindadas.
En marzo se pagaron $600.000 millones sin dilaciones. Es decir, mientras el jubilado del PAMI espera por su cobertura y el docente por la obra de su escuela, el Estado destina $19.354 millones diarios a los acreedores financieros. ¿Más? La SIDE aumentó su ejecución en un 35%, una excepción notable en un desierto de partidas frizadas.
Gobernar por “presupuesto base cero” y “caja de un solo día” puede dar resultados exitosos en una planilla, pero en la economía real genera una ruptura de la cadena de pagos que amenaza con litigios millonarios contra el Estado. La interrupción de reintegros de IVA a exportadores y el incumplimiento de cautelares (como la de CABA) son deudas que generan intereses y costas judiciales que los argentinos pagaremos mañana.
El superávit es real solo si es sostenible. Si el equilibrio fiscal depende de no pagar la luz, el transporte y los medicamentos, no estamos ante una reforma económica, sino ante una postergación del colapso. La motosierra, al final del día, está cortando más promesas de pago que gastos innecesarios, y el “efecto dominó” ya empezó a golpear la puerta de las PyMEs y los trabajadores.
Empleo en crisis
El mercado laboral argentino ingresó en una fase de mutación estructural donde la estabilidad cede terreno a la precariedad. Los últimos datos del INDEC y de la Secretaría de Trabajo revelan una realidad que las estadísticas de crecimiento macroeconómico no logran maquillar: el sistema está expulsando trabajadores asalariados y absorbiendo, en su lugar, prestadores de servicios independientes bajo la figura del monotributo. Lejos de ser una expansión del empleo, es una degradación de su calidad.
A pesar de una leve oscilación trimestral, la informalidad laboral se consolidó en un 43%. Esto significa que 9,2 millones de personas operan fuera de toda red de protección social. El dato más crítico se encuentra en los extremos. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la informalidad trepa al 58,4%, una cifra que hipoteca el futuro previsional del país.
La construcción (73,8%) y el servicio doméstico (78%) continúan siendo sectores donde la norma es la excepción. Esta “informalidad estructural” se ensaña especialmente con las mujeres, cuya tasa de empleo no registrado (44,5%) supera a la de los varones.
Tras un periodo de tasas bajas, la desocupación comenzó a escalar, situándose en el 7,5% al cierre de 2025. Este incremento de 1,1 puntos porcentuales en un año se traduce en 1,64 millones de personas buscando activamente trabajo sin encontrarlo. Lo preocupante es la velocidad de la caída: desde el inicio del mandato de Javier Milei, se perdieron 322.412 puestos de trabajo registrados, una contracción del 3,1%. La industria manufacturera, motor histórico del empleo calificado, lidera este retroceso con una destrucción de más de 42.000 puestos en el último año (-3,6%).
Pero no termina allí, porque incluso para quienes conservan su empleo registrado, el panorama es sombrío. La brecha entre el salario promedio y la mediana indica que el ajuste está golpeando con más fuerza a los sueldos más bajos de la pirámide.
Basta con observar el convenio colectivo más grande del país (Comercio), que abarca a 1,2 millones de personas. El mismo registró una caída real del 6,7% en su poder adquisitivo en el último año. En ese escenario, el salario promedio muestra una resistencia relativa (-0,2%), los salarios de convenio -el piso real de la economía- se contrajeron un 5,9%.
Técnicamente, el empleo asalariado privado regresó a los niveles de enero de 2015, borrando una década de intentos de expansión. La apuesta oficial parece descansar en sectores como la minería o el agro, pero los datos son tozudos: Vaca Muerta y el litio crecen, pero no tienen la capilaridad necesaria para compensar el derrumbe de la industria y el comercio en los grandes aglomerados urbanos como el Gran Buenos Aires o el NEA.
Sin un cambio en la dinámica de inversión que priorice los sectores intensivos en mano de obra, Argentina se encamina a un mercado laboral de dos velocidades: una élite tecnificada y exportadora, y una inmensa mayoría de trabajadores informales o independientes sobreviviendo en un esquema de baja productividad y salarios de subsistencia. La “motosierra” sobre el empleo público y la parálisis de la industria privada están configurando un escenario donde el trabajo, más que un derecho, vuelve a ser un privilegio esquivo.
La defensa de Misiones
Mientras el Gobierno central celebra planillas de superávit en Buenos Aires, la periferia de la Argentina -y particularmente el nordeste- exhibe las cicatrices de un ajuste que no es equitativo. Misiones se encuentra hoy en una encrucijada: sostener un modelo de inversión estratégica y equilibrio fiscal propio, mientras los indicadores sociolaborales se desploman por encima de la media nacional.
Si la inflación de marzo al 3,4% a nivel nacional fue un “dato malo”, en el NEA fue una alarma roja. La región registró un 4,1%, convirtiéndose en la zona con mayor aumento de precios del país. La suba fue traccionada por Educación (22,7%) y por el rubro de Vivienda y Servicios Públicos (9,7%), que acumula un encarecimiento interanual del 54,1%.
En el primer trimestre, la inflación en el nordeste alcanzó el 11,5%, superando el 9,4% nacional. Esto confirma que el costo de vida en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa está subiendo a una velocidad que el promedio país no alcanza a reflejar.
Con todo, el dato más preocupante para la provincia es la severa contracción del empleo privado registrado. Misiones no solo no logra recuperar los niveles previos a la gestión de Javier Milei, sino que su deterioro es sustancialmente mayor al del resto de las jurisdicciones. Desde noviembre de 2023, Misiones perdió 10.209 puestos de trabajo formales, una caída del 9,4%.
El peso del modelo nacional también queda al desnudo en las cifras del empleo. Mientras que el promedio nacional de caída es del 3,2%, el impacto en la provincia es tres veces superior. Con ocho meses consecutivos de bajas, el sistema laboral misionero está en un ciclo de expulsión que afecta principalmente a la industria y la construcción, fiel reflejo de lo que ocurre en el resto del país. El concepto de “deuda flotante” mencionado antes en esta misma columna, tiene nombres y apellidos en la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua puso cifras a este incumplimiento de la Nación: $2.500 millones adeudados por el Programa Federal Incluir Salud.
Esta deuda, que arrastra seis meses de atraso, pone en riesgo la atención de miles de misioneros con discapacidad. Allí se observa la cara más amarga del superávit nacional: el equilibrio fiscal de la Nación se financia, en parte, con la desatención de los centros especializados de Misiones.
Ante este escenario de asfixia, el oficialismo provincial apunta a dos estrategias: la eficiencia operativa y la apertura política.
La integración de MisioPharma en la Biofábrica busca eliminar gastos operativos innecesarios sin perder capital científico. Misiones apuesta a la exportación de biotecnología (como los 50.000 plantines de banano a Salta) para compensar la caída del mercado interno.
En el plano político, el oficialismo anunció “Encuentro Misionero”, una convocatoria a dirigentes, intendentes, organizaciones y sectores productivos con el objetivo de sumar voces y fortalecer estructura. El diputado provincial y conductor del FR, Carlos Rovira, fue el principal expositor de la convocatoria amplia hacia 2027. Bajo la premisa de “más calle y más escucha”, el oficialismo busca reconstruir mayorías en un contexto social y económico que exige una reconfiguración política. De su lado, el PJ misionero intentará este domingo recuperar su institucionalidad tras 27 años de parálisis interna.
En el escenario nacional, Misiones es un laboratorio de resistencia. Por un lado, mantiene políticas de Estado de vanguardia como la Biofábrica o el Bono Estudiantil; por el otro, debe lidiar con una inflación regional indomable y un mercado laboral que se desangra.
La defensa de Misiones ya no es solo un eslogan electoral, sino una necesidad de supervivencia ante un modelo nacional que, en su afán de cerrar los números, está dejando a la periferia del país en una situación de vulnerabilidad extrema.
