La tensión en el sector yerbatero sumó un nuevo capítulo y se trasladó a los tribunales federales. En medio de un escenario marcado por la caída del precio de la hoja verde, pérdida de rentabilidad y creciente preocupación entre productores, cooperativas y asociaciones formalizaron este viernes presentaciones judiciales para frenar los cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Las acciones fueron ingresadas ante el Juzgado Federal de Posadas e incluyen, por un lado, un pedido para que se declare la “inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad” de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del organismo, y por otro, una medida cautelar para suspender de forma inmediata sus efectos, ante el riesgo de que se profundicen los daños sobre el sector.
La presentación fue impulsada por referentes de distintas organizaciones, entre ellos la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), cooperativas y entidades yerbateras, en lo que representa una articulación inédita del sector primario frente al nuevo esquema regulatorio.
Según plantearon en los expedientes, el decreto impulsado por el Gobierno de Javier Milei modificó de manera sustancial el régimen legal vigente y alteró el funcionamiento del INYM, un organismo clave para el equilibrio de la actividad. En ese sentido, sostienen que la normativa “elimina herramientas esenciales de regulación y mecanismos de concertación”, lo que impacta directamente en los productores.
Detrás de la judicialización hay un trasfondo económico que viene siendo advertido desde hace meses: la crisis de rentabilidad en la producción primaria. En la presentación judicial se señala que, tras los cambios regulatorios, el precio de la materia prima ya no alcanza a cubrir los costos básicos de producción, lo que genera un escenario de pérdida para los productores.
Este proceso es descripto como una “transferencia regresiva de ingresos” dentro de la cadena yerbatera, en la que el eslabón primario queda en desventaja frente a otros actores del mercado. Además, advierten que esta situación está derivando en un proceso de descapitalización del sector, con impacto directo en miles de familias productoras de Misiones.
El rol del INYM, en el centro del debate
Uno de los puntos centrales del planteo es el cambio en la naturaleza del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Los productores sostienen que el organismo dejó de ser un espacio de equilibrio entre los distintos actores de la cadena para transformarse en una estructura debilitada, sin capacidad de intervención.
En los documentos judiciales se advierte que el DNU provocó un “desmantelamiento institucional”, al quitarle facultades clave para regular el mercado y sostener la actividad. Esto incluye la pérdida de herramientas para fijar condiciones, ordenar la producción y corregir asimetrías, lo que históricamente permitió sostener el sistema yerbatero.
En paralelo, la cautelar presentada solicita la suspensión inmediata de los efectos del DNU y normas vinculadas, con el argumento de que su aplicación continúa generando perjuicios concretos. El objetivo, según se detalla, es evitar la profundización de los daños ya verificados sobre el sector productivo primario y frenar el deterioro de las capacidades del organismo.
La medida también apunta a detener resoluciones posteriores que avanzaron en la reestructuración del INYM, incluyendo la desvinculación de personal técnico.
El conflicto expone un debate de fondo sobre el modelo de regulación de la actividad yerbatera. Mientras el Gobierno nacional impulsa una mayor desregulación, los productores sostienen que la eliminación de herramientas estatales rompe el equilibrio del sistema y profundiza las desigualdades. En ese contexto, la judicialización aparece como el siguiente paso de una disputa que ya se venía gestando en el plano económico y político, y que ahora queda en manos de la Justicia.
El fallo que surja de estos expedientes podría tener impacto no solo en el funcionamiento del INYM, sino en el futuro de una de las economías regionales más importantes del país.
