La situación del sector de discapacidad en Misiones atraviesa un escenario de extrema complejidad marcado por el desfinanciamiento y la falta de respuestas de la administración central. En declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, confirmó que el sistema se encuentra bajo una emergencia que persiste pese a la existencia de normativas legales y medidas judiciales. El eje del conflicto radica en la interrupción del flujo de fondos del Programa Federal Incluir Salud, que registra demoras de hasta cinco meses en los pagos a prestadores.
La mora en los giros nacionales ha provocado la rotura de la cadena de pagos, afectando la estabilidad financiera de instituciones privadas y emprendimientos de profesionales que brindan atención especializada. Según Antúnez, la gravedad de la situación ha llevado a que diversos prestadores tomen la decisión de suspender servicios ante la imposibilidad de sostener sus estructuras.
A esta crisis de financiamiento se suma la urgencia por la provisión de medicamentos de alto costo, cuyos valores oscilan entre los 5 y 30 millones de pesos por persona. Ante la ausencia de envíos por parte de la Nación, la Provincia ha comenzado a cubrir estas erogaciones para sostener la calidad de vida de los pacientes, aunque dicha inversión no estaba prevista originalmente en el presupuesto local. Solo en este rubro, el gasto proyectado asciende a más de 4.000 millones de pesos anuales para la atención de aproximadamente 300 beneficiarios.
Burocracia y falta de autonomía
La reestructuración de los organismos nacionales también ha impactado negativamente en la gestión de expedientes. Antúnez señaló que la pérdida de autonomía de la Agencia Nacional de Discapacidad, al pasar a depender directamente de una estructura ministerial con múltiples prioridades, ralentizó los tiempos de respuesta y diluyó el diálogo institucional que antes permitía destrabar casos urgentes. Actualmente, los reclamos suelen derivarse a las decisiones de la cartera de Economía, lo que genera un “impasse” administrativo que afecta directamente a los usuarios.
La demanda de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, también presenta un incremento significativo. La funcionaria detalló que incluso beneficiarios de PAMI recurren al Consejo Provincial ante la falta de cobertura de la obra social nacional. En estos casos, la Provincia prioriza a quienes carecen de cualquier tipo de asistencia y brinda asesoramiento judicial para aquellos con coberturas interrumpidas.
Al margen de la crisis financiera, el sector enfrenta obstáculos históricos respecto a la inserción laboral. Aunque las leyes establecen cupos de entre el 4% y 5%, persisten barreras culturales y falta de accesibilidad en el ámbito privado. Antúnez resaltó que la incompatibilidad entre las pensiones no contributivas y el empleo formal sigue siendo un desincentivo crítico: muchas personas con discapacidad se ven obligadas a elegir entre un puesto de trabajo y la seguridad de su pensión, por temor a quedar sin ingresos ante una eventual pérdida del empleo.
Sin embargo, pese al contexto crítico, la agenda de actividades para promover la comunidad y la concientización continúa activa. Durante este fin de semana se realizarán eventos en la costanera de Posadas organizados por el SIMPA (centro de atención para personas con autismo) y actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema “juntos contra la soledad”. El objetivo de estos espacios públicos es visibilizar la realidad del sector y fomentar la integración social en un momento de máxima tensión presupuestaria.
