Gobernar es, en buena medida, narrar. No alcanza con decidir: también hay que explicar, ordenar, traducir la complejidad en un relato inteligible que permita sostener políticamente esas decisiones. Todo gobierno lo hace. Algunos con mayor eficacia, otros con más torpeza. El problema aparece cuando la narrativa deja de explicar la realidad y pasa a sustituirla. Ahí empieza la ficción.
El gobierno de Javier Milei llegó con una historia clara, casi minimalista en su construcción simbólica: Argentina estaba secuestrada por una “casta” parasitaria y corrupta, y su misión era erradicarla. Ese relato no solo organizó la campaña, sino que funcionó como brújula moral de la gestión. Sin embargo, a poco de iniciado el recorrido, esa frontera comenzó a desdibujarse.
Primero de manera aislada, luego como una secuencia cada vez más difícil de ignorar. La promoción presidencial de una criptoestafa, los rumores persistentes sobre intermediaciones y accesos pagos al poder, los movimientos opacos de figuras cercanas al círculo más íntimo del Presidente y, más recientemente, el caso de Manuel Adorni con inconsistencias patrimoniales, operaciones inmobiliarias difíciles de explicar y un nivel de exposición que ya incomoda incluso dentro del propio oficialismo.
No es solo la acumulación de episodios lo que genera ruido. Es el contraste con el punto de partida. La vara moral no era neutra: era el corazón del proyecto político. Por eso, cada sospecha no es un hecho aislado, sino una tensión directa con la identidad del gobierno. Pero la dimensión ética no es la única donde la narrativa oficial enfrenta dificultades. El terreno económico, donde el Gobierno construyó su principal activo político, continúa mostrando zonas grises.
La caída de la pobreza informada por el INDEC pareciera ser una validación del rumbo, un dato políticamente rentable que el oficialismo exhibe como prueba de que el ajuste no solo era necesario, sino también efectivo. Sin embargo, como suele ocurrir con los números, la realidad es más compleja que el titular.
El consenso entre especialistas, desde centros académicos hasta consultoras privadas, discuten la magnitud. Y lo hacen a partir de elementos técnicos que, lejos de ser marginales, afectan directamente la lectura del fenómeno. Cambios en la forma en que los hogares declaran ingresos, nuevas preguntas incorporadas en la Encuesta Permanente de Hogares, una mejor captación del sector informal en un contexto de menor volatilidad inflacionaria y, sobre todo, una canasta de pobreza que no refleja la estructura actual del gasto -con tarifas y alquileres mucho más pesados que hace dos décadas- configuran un escenario donde la estadística no refleja la calle.
El propio Observatorio de la Deuda Social de la UCA lo define con precisión incómoda: una “ficción estadística”. No se trata de manipulación en el sentido clásico. Es algo más sofisticado y por eso mismo más difícil de desarmar: un conjunto de supuestos, metodologías y captaciones que, sin mentir, pueden inducir a conclusiones parciales.
Mientras tanto, en el territorio, la escena es más categórica. Comedores solidarios llenos, familias que necesitan multiplicar horas de trabajo informal para sostener ingresos, cadenas de pago que comienzan a tensarse y sectores productivos que ajustan o migran hacia esquemas importadores.
Ese mismo desfasaje aparece con nitidez en el discurso sobre el Estado. La narrativa libertaria construyó buena parte de su legitimidad en la promesa de reducir su tamaño, aliviar la carga impositiva y liberar al sector privado de lo que considera un entramado asfixiante. Sin embargo, los datos muestran una persistencia e incluso, en algunos casos, un aumento de esa presión. El índice de participación estatal en la renta agrícola, elaborado por FADA, ubica al Estado quedándose con el 62,5% de la renta. En cultivos como el trigo, la carga impositiva supera el 100%, es decir, el productor no alcanza a cubrir impuestos con su propia rentabilidad.
La paradoja es evidente: mientras el discurso denuncia al Estado como un obstáculo, la práctica lo sostiene como una herramienta fiscal indispensable. Y no es una contradicción menor. Es una tensión estructural entre ideología y necesidad. Y si hay un terreno donde esa tensión adquiere un carácter simbólico particularmente sensible, es el de la llamada “casta”.
Porque más allá de las discusiones técnicas, el concepto funcionó como un ordenador emocional del electorado. Identificó privilegios, marcó culpables y ofreció una promesa de equidad moral. En ese contexto, la aparición de funcionarios y legisladores oficialistas accediendo a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación, aunque formalmente encuadrados en líneas abiertas al público, introduce un ruido inevitable, no por la legalidad del acto, sino por su significado.
La política no se mide solo en normas, sino en percepciones. Y la percepción de privilegio, incluso cuando no hay irregularidad, erosiona la consistencia del discurso. El Gobierno lo sabe. Por eso intenta encuadrar estos episodios como hechos aislados o explicables dentro de la normalidad institucional. Pero la acumulación desnuda la mugre que intenta ocultar la narrativa.
Las encuestas reflejan esa ambivalencia. Por un lado, el Presidente mantiene un núcleo duro de apoyo, una base que sigue validando el rumbo económico y la confrontación política. Por otro, crece un clima de escepticismo. Aumentan los niveles de rechazo, se amplía la franja de indecisos y, sobre todo, aparece un dato cualitativo relevante: más de la mitad de la sociedad ya expresa deseos de cambio. Quizás no de modelo, pero sí de forma. El caso Adorni, en ese sentido, funciona como un catalizador que condensa varias de las tensiones del Gobierno: opacidad, contradicción, exposición mediática y desgaste discursivo. En paralelo, el escándalo de la criptoestafa $LIBRA sigue latente como un problema estructural, no solo judicial, sino también político por su cercanía con el vértice del poder.
Todo ocurre, además, en un contexto donde la economía real empieza a mostrar señales de fragilidad: caída de la actividad, proyecciones de crecimiento muy moderadas, dudas empresariales sobre la generación de empleo y un modelo que, al menos por ahora, parece más orientado a estabilizar que a expandir.
El resultado es un escenario donde conviven dos planos. Uno, el de la narrativa: orden fiscal, inflación en descenso, pobreza en baja, promesa de crecimiento. Otro, el de la experiencia: ingresos que no alcanzan, empleo precario, incertidumbre productiva y una sensación creciente de que el ajuste tiene costos que no siempre aparecen en los indicadores. Entre ambos planos se abre una brecha guionada por la ficción oficial.
De ficción en ficción, entonces, no es solo una descripción crítica. Es una advertencia. Los relatos son indispensables para gobernar, pero tienen una condición: necesitan anclaje. Cuando ese anclaje se debilita, el relato no desaparece de inmediato. Persiste, se adapta, se refuerza. Pero cada vez requiere más esfuerzo, más explicación, más justificación hasta que, en algún punto, deja de convencer. No solo porque haya sido refutado en términos técnicos, sino también porque la realidad cotidiana empieza a desmentirlo de manera silenciosa pero persistente. Ese es el momento más delicado para cualquier gobierno. Las ficciones políticas no se derrumban cuando se descubren. Se derrumban cuando la realidad deja de necesitarlas.
Alternativas
Esa distancia entre el relato y la realidad no es un fenómeno porteño; en Misiones, el impacto del ajuste nacional desmiente la narrativa oficial con datos de la economía real.
Desde la crisis en la cadena yerbatera hasta el encarecimiento de la energía, pasando por la caída del consumo, en la provincia persiste la búsqueda de alternativas.
Uno de los focos más sensibles se concentra hoy en la actividad yerbatera. En medio de la caída del precio de la hoja verde y la pérdida de capacidad regulatoria del INYM, el gobernador Hugo Passalacqua recibió a productores que avanzan con una presentación judicial en el fuero federal para intentar restituir las facultades que el organismo perdió tras el DNU 70/2023. El mandatario comprometió respaldo político e institucional a la estrategia judicial, en un contexto que desde la Provincia definen como adverso.
Ese clima de tensión productiva encuentra un correlato directo en el plano social, donde el ajuste sobre los subsidios energéticos comenzó a sentirse con fuerza. La reducción del consumo subsidiado dispuesta por la Nación de 550 a 150 kilovatios mensuales, disparó aumentos significativos en las facturas y generó un efecto inmediato en los hogares. El resultado es concreto: familias que pagaban entre 60 y 70 mil pesos ahora enfrentan boletas de hasta 120 mil.
El deterioro del poder adquisitivo tiene su reflejo más visible en el comercio. En Posadas, la actividad atraviesa una etapa crítica, marcada por la caída del consumo.
El sector se adapta a partir de estrategias de supervivencia: cierres, mudanzas hacia zonas más económicas, asociaciones entre comercios y proliferación de formatos multirrubro para compartir costos. En ese marco, la continuidad de los programas Ahora provinciales hasta junio aparece como una herramienta clave para contener la caída.
A ese alivio se suman medidas de simplificación administrativa y algunos ajustes impositivos, aunque el sector sigue operando con márgenes muy estrechos. El consumo golpeado y la acumulación de obligaciones configuran un escenario de alta fragilidad.
La Provincia avanza en una de sus principales apuestas estratégicas: la concesión integral del Puerto de Posadas, la búsqueda de una salida real frente a la crisis. El esquema contempla una adjudicación a quince años renovables, con exigencias de inversión, modernización y ampliación de la capacidad operativa. “Ahora hay que llevarlo a otro nivel”, se fundamentó.
En conjunto, las distintas variables dibujan una misma tensión: una economía regional que intenta sostenerse y proyectarse mientras absorbe los efectos de un contexto nacional restrictivo. La yerba, la energía, el comercio y la logística son piezas de una realidad que necesita recomponerse y que desmienten abiertamente la ficción que construye el Gobierno nacional.
