El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por elGobierno nacional profundiza el ajuste en políticas clave para la igualdad de género, según un análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
El impacto del desmantelamiento de las políticas de género en Argentina se refleja en la caída del 90% del presupuesto destinado a programas para prevenir y atender la violencia de género entre 2023 y 2024. Así lo explicó Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de la ACIJ, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, quien detalló que la tendencia se mantiene en 2025 y 2026, con partidas que directamente desaparecen del proyecto de presupuesto nacional.
Según el estudio elaborado por ACIJ junto a ELA, las principales políticas públicas afectadas son el Programa Acompañar, la Línea 144 y el Programa de Protección de Víctimas del Ministerio de Justicia.
El Acompañar, que otorgaba durante seis meses un salario mínimo a personas en situación acreditada de violencia de género, asistió a más de 100.000 personas en 2023, pero en 2024 solo alcanzó a 400 beneficiarias. “Para 2025 y 2026 ya no tengo más información presupuestaria sobre el programa: directamente no figura más dentro del proyecto de ley”, señaló Vivanco.
La economista advirtió que el presupuesto de la Línea 144 -servicio de atención telefónica y por WhatsApp las 24 horas para personas en situación de violencia- también se desplomó y que el 50% del personal fue despedido en 2024. “Si llamás y no te atienden, probablemente dejes de llamar. Entonces se da una configuración complicada: el Estado decepciona y muchas personas dejan de recurrir a él”, dijo.
En contraste, el programa Protección de Víctimas -que no está centrado específicamente en violencia de género- aumentó su presupuesto, lo que permite inferir un redireccionamiento de recursos. “Esto muestra de dónde se fue la plata y hacia dónde fue”, explicó Vivanco.
La economista subrayó que el análisis tomó como base 2023, el último presupuesto aprobado por el Congreso, y destacó que desde entonces “todo se maneja con opacidad”.
“No tenemos un gobierno que diga ‘cambiamos el enfoque’ o ‘decidimos hacerlo de otra manera’. Hacemos pedidos de acceso a la información pública y no nos la dan. Es un contexto muy complicado”, denunció.
Vivanco agregó que la falta de transparencia también afecta a las herramientas de monitoreo que antes permitían el control ciudadano: “La web de Presupuesto con Perspectiva de Género no se actualiza desde 2023. Hicimos pedidos de acceso y nos dicen que ‘ya la van a actualizar’, pero llevamos dos años esperando”.
Además, señaló que la Educación Sexual Integral (ESI) recibe solo el 3% del presupuesto que tenía en 2023, y que las capacitaciones previstas “alcanzan apenas a un docente de una sola provincia”.
Lo mismo ocurre con los programas de prevención del embarazo adolescente, que también se redujeron al 3% de su presupuesto anterior. “Estamos hablando de una política aprobada dentro del Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente”, recordó.
En cuanto a las causas del retroceso, Vivanco sostuvo que no se trata solo de un abandono de políticas, sino también de un ataque discursivo:
“Hay un ensañamiento muy violento con la agenda de género, con discursos de odio. Se nos ha acusado de ser la razón de la destrucción de Occidente. Sabemos que no es casual: no es que se olvidaron de actualizar el monitor”.
La economista indicó que este panorama marca un quiebre histórico: “A lo largo de los años, incluso con los cambios de gobierno, vimos una tendencia creciente en la asignación de presupuesto con perspectiva de género. Había una continuidad metodológica muy interesante. Y esto sin duda marca un quiebre: no tiene nada que ver con lo anterior”.
El análisis conjunto de las tres principales partidas vinculadas a violencia de género muestra una caída del 90%. “Si pudiéramos mostrar el gráfico, se vería una serie de barras que van creciendo año tras año y en 2024 se desploman, manteniéndose en el piso en 2025 y proyectadas igual en 2026”, describió.
En cuanto a la situación regional, Vivanco señaló que Argentina es un caso excepcional: “En México, por ejemplo, las políticas de austeridad implican caídas del 5% respecto al año anterior. Pero una reducción del 90% no se ve ni en México, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Chile”.
Respecto al futuro, la economista explicó que el proyecto de presupuesto nacional está en discusión en el Congreso, y que esperan poder intervenir en el debate como lo hicieron el año pasado ante la Comisión de Mujeres y Diversidad. “El objetivo es que este trabajo llegue a la mayor cantidad posible de legisladores y ciudadanas y ciudadanos, porque son ellos quienes deciden qué se hace con los recursos públicos”, remarcó.
En el ámbito previsional, el informe destaca el fin del régimen de moratorias, una herramienta que beneficiaba mayoritariamente a mujeres (tres de cada cuatro). Esta decisión las obliga a esperar cinco años más para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación inferior.
Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la principal preocupación es que el proyecto de ley deroga su mecanismo de actualización automática, lo que podría provocar una “licuación de la prestación” si la inflación supera las proyecciones oficiales.
Finalmente, Vivanco advirtió que el problema no solo es económico sino estructural:
“Estos recursos no vienen de la nada. Son la plata que pagamos con nuestros impuestos, que recaen en gran parte sobre la población más vulnerable. El sistema tributario argentino es regresivo, cobra más a quienes menos tienen, sobre todo a través del IVA y de Ingresos Brutos. Y esos sectores populares están feminizados: el 65% de las personas más pobres de la Argentina son mujeres. No estamos pidiendo un favor: estamos pidiendojusticia fiscal”.
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