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“¿Vos creés que me vas a c… la carrera, en serio lo pensás?, yo soy el jefe, tu jefe”

Ante el Tribunal Federal de Posadas se inició ayer el debate que tiene como imputado a Jorge Barceló por delitos contra la integridad sexual cuya víctima es una cabo primero.

9 mayo, 2025

En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital comenzó a ser juzgado ayer Jorge Daniel Barceló, bonaerense de 39 años y oficial que prestó servicio en la delegación Posadas de la Prefectura Naval Argentina, denunciado por reiterados abusos sexuales, acoso y persecución laboral a una subalterna.

Siete acusaciones por estas calificaciones delictivas enfrenta el efectivo detenido en la unidad penal IV del Servicio Penitenciario Federal en la localidad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. La primera audiencia ante los jueces Gustavo Fabián Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Jorge Bosch (subrogante del TOF de Resistencia) se desplegó con la lectura de los requerimientos y elevación a juicio del encartado.

Esta jornada fue de acceso abierto al público y medios, las doce restantes serán cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual. Reservándose para la ronda de alegatos y veredicto -sin fecha prevista aún- la apertura nuevamente.

La denunciante, hoy de 33 años, era cabo primero cuando en 2020 comenzó a sufrir los actos de persecución laboral y acoso sexual que no tardaron agravarse con sendos episodios de violación con acceso carnal y violencia moral y mental en el mismo contexto: la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) a la que fue asignado Barceló proveniente de Quequén, Buenos Aires.

Puntualmente, Barceló está acusado de “abuso de autoridad, contra la integridad sexual en perjuicio de una subordinada y falsificación de documentos”, previstos y reprimidos por los artículos 119, 42 y 149 Bis, 248 y 292, del Código Penal Argentino, todos en calidad de “autor”. En total: siete hechos.

Barceló intentará defenderse de los supuestos actos contra la suboficial contra quien habría utilizado su jerarquía con órdenes arbitrarias, como las de negarle licencias médicas u ordinarias referentes a su tareas. Esta presión se habría repetido con actos de acoso laboral y sexual, a los que Barceló sumó obligaciones a prestar servicios extras, actos de exigencia física extremos e incluso cuando la víctima estaba lastimada, por ejemplo: una fractura en una mano que sufrió en un accidente vial de 2020.

El acoso laboral se complementaba con hostigamiento, órdenes a los gritos y degradantes, porque no accedía a las intenciones sexuales de la autoridad, el propio Barceló.

Según consta en el expediente -y a modo de ejemplo- se remarca un hecho de hostigamiento: “Vos pensás que me vas a cagar la carrera, en serio pensás que lo podés hacer, yo soy el jefe, tu jefe”, le gritó a la denunciante mientras le rompía el certificado médico presentado por las lesiones físicas.

Pero la violencia fue aún mayor. La víctima presentó un nuevo certificado y Barceló lo habría cajoneado, no lo informó al registro obligatorio de la dependencia y la suboficial fue sancionada.

“Sos inútil, no sabés hacer nada, no podés hacer nada”, le habría vuelto a gritar a la subalterna y luego pidió su desafectación.
De acuerdo a la elevación a juicio que requirió la fiscal de primera instancia Silvina Gutiérrez, y luego solicitó la jueza María Verónica Skanata, Barceló abusó sexualmente de la suboficial en el baño de un camarote de oficiales, en la guardia de Prefectura Posadas. “La violó y se fue a preparar mate con total tranquilidad”.

En Puerto Rico, en operativo asignado, irrumpió mientras ella se bañaba pero la víctima logró esquivar el ataque sexual diciéndole que había gente cerca. Luego Barceló le solicitó dialogar para pedirle perdón, la guió hacia la costa del río Paraná y allí la volvió a someterla pero en un tacuaral con insultos que este Diario se reserva. Los actos similares se replicaron en una traffic de la fuerza, en Puerto Iguazú también en una dependencia de guardia.

En 2023, Barceló denunció por falsa denuncia a la suboficial, la acusó de un plan para inventarle una causa de acoso y echarlo de la fuerza federal.

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Tags: Jorge Daniel BarcelóPrefectura Naval ArgentinaServicio Penitenciario Federal en la localidad de Marcos Paz
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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