Dos suboficiales ayudantes y con prestación de servicio en la comisaría Séptima de esta capital, fueron indagados e imputados por presunta “sedición” y por el supuesto “robo con utilización de arma de fuego” de un móvil policial, entre otros delitos, en el marco de su presunta participación en los doce días de protesta de la fuerza de seguridad en mayo pasado, informó un vocero.
La audiencia tuvo lugar ayer en el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Walter Balor, en tanto que participó de la medida el fiscal René Casals.
Al igual que los anteriores cuatro uniformados citados por la Justicia y por consejo del abogado que los representa, ambos efectivos se ampararon en su derecho de guardar silencio.
A los dos últimos policías se les adjudicó por parte de las autoridades judiciales y tras una investigación, el haber sustraído un patrullero de la seccional Séptima -ubicada en la zona Oeste de la capital y dependiente de la Unidad Regional I- y haber participado de la sustracción de uno de los móviles de la Escuela de Policía, encapuchados y con armas, y haber amedrentado públicamente y con temeridad con estruendo y explosivos frente a una plaza, todo esto en forma intimidante y en los vehículos policiales sustraídos, indicaron las fuentes.
Voceros del caso precisaron que si bien a los anteriores cuatro efectivos que fueron a indagatoria los imputaron por presunta sedición y delitos en general, a estos dos uniformados les sindicaron ilícitos aún más graves y en forma particular, siempre por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No se descarta que sean citados en breve y se les amplíe la acusación. En total son 15 los policías que deberán ser indagados por el juez Balor.
Hoy los cabecillas
Durante la jornada de hoy deberán asistir a la indagatoria los dos referentes de la protesta, Germán Carlos Palavecino (46) y Ramón Oscar Amarilla (57), ambos retirados. Están citados a responder sobre la denuncia realizada por la Jefatura de Policía a través de jefes de las dependencias respectivas. Tal como adelantó en su momento el fiscal de la causa, René Casals, el principal delito que se investiga es el de “sedición”, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.
“El funcionario judicial policial no es un empleado provincial, es una persona que ejerce una función del Estado que se le delega y se toma estado policial. Por eso no puede hacer ese tipo de reclamos”, remarcó el representante del Ministerio Público.
Anoche se realizaba un convocatoria en redes sociales para “que la familia policial apoye a los dos referentes” frente al Juzgado de Instrucción 6, ubicado sobre calle Buenos Aires casi Roque Pérez.
