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¿Es inminente el colapso energético en Argentina?

Las dueñas y operadoras de las centrales de generación eléctrica aseguran que el Gobierno paga deudas en dólares con un tipo de cambio oficial atrasado a diciembre.

10 abril, 2024

La crítica situación económica y operativa que se registra en el sistema eléctrico por la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender los envíos de fondos para pagarles a las generadoras y cubrir el déficit de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) sumó un nuevo capítulo conflictivo que promete llegar en el corto plazo a estrados judiciales.

Tras haber estado cobrando sus facturas por la energía entregada al sistema interconectado nacional en forma parcial y con cuatro meses de atrasos, las dueñas y operadoras de las centrales de generación eléctrica salieron ahora a denunciar que la administración mileísta no reconoce el impacto de la devaluación registrada tras su llegada a la Casa Rosada y sigue pagando contratos nominados en dólares con el tipo de cambio oficial, que estuvo vigente hasta diciembre pasado.

 

Deudas impagas

Por medio de nota enviada al presidente de la CAMMESA, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, Jorge Garavaglia, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (AGEERA) advirtió que “resulta indispensable, a los efectos del cumplimiento de las normas aplicables, proceder a la cancelación de las diferencias adeudadas correspondientes a la transacción del mes de noviembre antes de comenzar a cancelar saldos impagos de períodos mensuales más recientes”.

La nota destacó que, de persistir esta irregularidad, “estaríamos ante un gravísimo hecho que obligaría a los generadores afectados a informar a los mercados y judicializar la situación, lo cual sería una pésima señal no solo para el negocio eléctrico, sino para los mercados que han financiado gran parte de las ampliaciones necesarias para el suministro de energía bajo los mencionados contratos que están nominados en dólares”.

En la misiva enviada al organismo encargado del despacho del sistema argentino de interconexión con la firma de Gabriel Baldessarre; la entidad que agrupa a las compañías generadoras planteó que “los fondos disponibles para la cancelación de deudas con los agentes acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), deben ser imputados de conformidad a lo dispuesto en el apartado 5.6 del Capítulo V ‘Liquidación de los Acreedores’ de los Procedimientos para Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por la resolución 61/1992 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica”.

“Dicha norma -sostuvo AGEERA- dispone que, de existir saldos impagos referidos a distintos períodos mensuales, la imputación se realizará en todos los casos a partir del más antiguo. Por esa razón solicitamos que, con los fondos actualmente disponibles y los que reciba en el futuro, se cancelen los saldos impagos de la transacción de noviembre previo a proceder a abonar ninguna deuda más reciente”.

Como refuerzo de su posición, la entidad resaltó que en la última reunión de directorio de la CAMMESA, la empresa que opera el mercado mayorista de electricidad en Argentina, quedó reconocido y aprobado que “las diferencias de cambio de los contratos de abastecimiento denominados en dólares estadounidenses forman parte del precio de la energía rankeando en orden de prioridad a la par que los pagos parciales ya efectuados por dichos contratos”.

“Por dicha razón resulta indispensable, a los efectos del cumplimiento de las normas aplicables, proceder a la cancelación de dicho concepto correspondiente a la transacción del mes de noviembre antes de comenzar a cancelar saldos impagos de períodos mensuales más recientes”, reclamó la nota de AGEERA.

Planteó, además, que “cualquier apartamiento de dicha norma ya sea por una interpretación o por vía regulatoria vulnerará el principio de proporcionalidad establecido en la misma, incumpliendo además contratos cuyos pagos han sido respetados ininterrumpidamente durante los últimos 12 años”.

 

“Gravísimo”

Tras señalar que ninguno de los gobiernos de las distintas extracciones políticas que se sucedieron desde 2012 hasta ahora dejaron de reconocer esos pagos, la entidad alertó que el incumplimiento oficial actual constituye un “gravísimo hecho que obligaría a los generadores afectados a informar a los mercados y judicializar la situación”.

La conducción de AGEERA finalizó la nota advirtiendo que “cualquier cambio regulatorio que altere el orden de prelación en el pago de los contratos en dólares implicará una rotura de los contratos oportunamente firmados, con la consecuente afectación de la seguridad jurídica y el desincentivo a realizar nuevas inversiones en el sector”.

Según el argumento de los dueños de Edenor, la decisión de dejar de abonar la totalidad de las facturas de energía se debió a que el gobierno de Alberto Fernández no aprobó en su momento los aumentos de tarifas incluidos en el acuerdo de reprogramación de deudas con CAMMESA que habían firmado a fines de 2022.

 

Distribuidoras morosas y CAMMESA, en rojo

El reclamo y aviso de que llevarán el caso a la Justicia de los generadores volvió a poner en la mira la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de seguir pisando transferencias de recursos estatales destinadas a tapar el déficit creciente que acumula la CAMMESA por las facturas impagas de las distribuidoras eléctricas.

Las cuentas en rojo que arrastra la administradora del mercado eléctrico volvieron a empeorar por la decisión que tomaron Edenor, Edesur y varias cooperativas del interior de dejar de pagar la totalidad de la energía que reciben de los generadores y abonar solo una parte de las facturas correspondientes a las transacciones de los últimos meses.

De los $233.000 millones que tenía que cobrar por las transacciones de enero a las empresas distribuidoras, la CAMMESA solo consiguió embolsar $60.894 millones, el 25% del total.

 

Deuda millonaria

Según el último informe que los técnicos elevaron al directorio de CAMMESA, Edenor apenas había pagado $1.970 millones de su factura total de $58.400 millones. En el caso de Edesur, de la factura total de enero de $40.438 millones solo abonó $4.528 millones.

Las deudas que arrastran las dos distribuidoras metropolitanas representan el 46% del total de $636.879 millones de las facturas por cobrar que tiene la CAMMESA.

Edenor -controlada por el trío empresarial de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti- tiene una deuda acumulada de $185.372 millones que equivale al 29,1% de las cobranzas atrasadas de CAMMESA.

Por su parte, Edesur -la distribuidora bajo el manejo del grupo italiano ENEL- debe un total de $107.811 millones, el 17% de las facturas por cobrar que tiene la administradora del mercado eléctrico.

Tanto las generadoras, como las transportistas eléctricas cuestionan la excesiva pasividad que exhiben el gobierno de Milei y de la CAMMESA al tolerar la marcada morosidad de las distribuidoras del AMBA sin poner en marcha las sanciones y penalidades que prevén las normas vigentes.

Totalmente distinta es la actitud tomada ante las cooperativas patagónicas y del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen facturas impagas y a las cuales la CAMMESA les ha trabado embargos judiciales junto con la amenaza de cortarles la provisión de energía del mercado mayorista si no se ponen al día con sus pagos atrasados.

Fuente: Agencia de Noticias y Medios Digitales

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Tags: #economíaArgentinaColapso energétivoCrisisEnergíaJavier Milei
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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