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Sector yerbatero teme la imposición de un interventor en el INYM

Marcelo Hacklander, director de producción del organismo, explicó que harán un nuevo intento por un laudo de la Nación. Si no hay respuesta, el Instituto determinará valores de referencia que no serán obligatorios.

24 marzo, 2024
RAÍDOS. Ante la necesidad de cubrir gastos, pequeños productores empezaron a comercializar su producción.

RAÍDOS. Ante la necesidad de cubrir gastos, pequeños productores empezaron a comercializar su producción.

La industria yerbatera atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre desde la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Días atrás, uno de los directores por la producción, y presidente temporal del INYM, Jonas Petterson, anunció que no iban a fijar precios oficiales en la zafra, que va de abril a septiembre, debido a que la Industria y Corrientes no quisieron dar quorum para iniciar la sesión.

No obstante, otro de los representantes del sector primario, Marcelo Hacklander, reveló a FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, que van a enviar la documentación para que la Nación establezca un valor, tal como ocurre cada vez que hay laudo.

Hacklander recordó la visita a la provincia del secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, quien reconoció la autoridad del actual directorio para administrar la entidad y que también se comprometió a tomar la decisión de fijar un precio, en caso de que no se logre un acuerdo dentro del instituto.

“Yo espero que, una vez que nosotros hagamos el envío de esa documentación que fuimos recabando y armando todo un expediente, justamente para enviar a la Secretaría (de Bioeconomía), ellos tomen esa decisión. Sería cumplir con su palabra y esperemos que sea así”, señaló Hacklander.

El envío del expediente a Buenos Aires se daría la semana que viene. No obstante, Hacklander ratificó que, en caso de que la Nación no tome postura, el INYM determinará valores de referencia mensuales que no serán obligatorios, tal como lo confirmó ayer Petterson.

Respecto a esto, advirtió que estos valores no tendrán el mismo peso que el precio que se fijaba desde el INYM o el laudo, ya que éste se establecía por ley.

“Como un piso, de ahí para arriba todo lo que sea y para abajo nada, absolutamente nada porque sino después se castiga con sanción”.

Si bien el entrevistado no quiso dar números oficiales, reconoció que la grilla de costos arroja hoy un precio cercano a los 500 pesos para el kilo de hoja verde.

“No queremos apurarnos tampoco en tirar un número sobre la mesa porque es complicado hablar de una cifra ahora por el hecho de que varían mucho los insumos”.

Entre esas variaciones mencionó la posible suba de combustible de los próximos días, la readecuación del valor de la mano de obra que tendrá un incremento cercano al 80%, como así también los costos de la corresponsabilidad gremial, que son los aportes y contribuciones patronales.

“También van a tener un aumento significativo, así que todo eso tenemos que tener contemplado para tener una grilla real sobre la mesa, porque si no el productor va a tener muchos inconvenientes y vamos a tener pérdidas muy dolorosas dentro del sector”, remarcó.

 

Venta actual

Mientras se define el futuro de las facultades del INYM (hasta su continuidad como instituto), yerbateros empezaron a vender sus producciones para afrontar gastos cotidianos de principio de año, como ser la escolaridad y prepararse para la cosecha gruesa.

Aunque la consigna que tienen es la de “no cosechar” para presionar a las industrias a que mejoren el precio, muchos ya acercan sus raídos a los secaderos.
“Está habiendo movimiento, se habla de alrededor de 370 pesos de pago de contado, que hoy realmente, si lo agarrás de contado no termina ni siquiera cubriendo los costos productivos”, señaló Hacklander.

Sin embargo, aclaró que, hasta el 31 de marzo, rige el último laudo dictado por la Nación, que es de 240 pesos. “Supera ese valor que es ley, así que debemos tratar de llegar a un nivel más alto donde se cubran realmente todos los costos”.

 

Contradicciones de la Industria

Hacklander no dejó pasar la oportunidad y evidenció las contradicciones que, según su mirada como productor, hay del lado de la Industria.

Entre ellas mencionó el hecho de que por un lado dicen que el DNU está vigente y por eso no se presentan a negociar precios. Pero por otro lado hay grandes operadores que, de acuerdo al director del INYM, iniciaron los trámites para solicitar autorización para plantar nuevas hectáreas tal como lo establece la resolución 170 del organismo y que había sido eliminada por el decreto.

Además, recordó que los propios directores de la Industria y Corrientes respaldaron a Petterson como presidente temporal con su voto, aunque ahora “lo desconocen”.

“Si firmaste una cosa con la mano y borrás con el codo después, no tiene sentido”

 

Nuevo presidente

Desde el INYM preocupa la falta de interés del Gobierno nacional respecto al futuro del instituto, empezando por la designación de un nuevo titular para la entidad.

“Supuestamente designaron a una persona, vino a querer ocupar el sillón y cuando nosotros pedimos la documentación firmada y avalada por la Nación, no existía tal documentación, entonces, por motus propio se retiró y no volvió a hacerse presente”, señaló.

Hacklander indicó que, en una charla que tuvieron con representantes de la Nación, en el marco de la Expo Agro, les garantizaron que la designación del nuevo presidente del INYM saldría pronto.

“¿Quién será? La verdad es que no tenemos idea, ojalá lo designen prontamente y que venga un presidente designado y no como por ahí, hasta como llegamos a escuchar, de un interventor, porque eso sería catastrófico para toda la cadena yerbatera realmente”, concluyó el director.

Tratamiento productivo

Hacklander destacó la reunión que mantuvieron desde el INYM con representantes de Brasil y Paraguay y especificó que “charlando, uno entiende mejor las situaciones que se van dando” y diferenció el tratamiento y la elaboración que tiene cada país con el mismo producto, en este caso, la yerba mate.

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una yerba que se trabaja estacionada hasta un año, un año y medio y por ahí algunos operadores que trabajan con la yerba camareada. Los paraguayos tienen un estacionamiento de dos años o más; Brasil trabaja con una yerba verde, o sea, se cosecha, se muele y se envasa automáticamente”, especificó.

En esa línea, explicó como Brasil destina su producto, mayoritariamente, a los consumidores del cimarrón, mientras que en Paraguay sucede lo mismo con el tereré y en Argentina con el mate.

“Tenemos productos para salir al mundo, donde realmente podemos trabajar en conjunto y no preocuparnos por el espacio que gane uno como mercado o que gane el otro”.

Por último, habló de la posibilidad de trabajar en una estandarización productiva de manera conjunta para mejorar en algunos parámetros determinados y problemas que se tienen regularmente, contaminantes y demás que afectan a la calidad del producto y así, poder imponerlo a nivel mundial.

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Tags: Instituto Nacional de la yerba Mate (INYM)INYMMarcelo Hacklanderprecio de la yerbaYerba Mate
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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