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Pasajeros del Tren Z varados en Encarnación

Esta vez no fueron las vías o las huelgas, sino que el consorcio Itapúa Logística decidió no aceptar más pesos y cobrar el pasaje en guaraníes lo que, por cuestiones cambiarias, eleva ostensiblemente su valor.

11 noviembre, 2023

La inaudita decisión tomada por el consorcio Itapúa Logística de intentar poner una casilla de cobro para no aceptar pesos para la venta del boleto desde la vecina orilla hasta Posadas provocó este viernes que cientos de pasajeros quedaran varados del lado paraguayo, porque los administradores de la boletería que responden al Tren Z recibieron la orden de no vender boletos bajo esas condiciones y, a falta de quien cobre el pasaje, el servicio se brindó únicamente desde la capital misionera hacia Encarnación, para la ida.

La situación que pudo reconstruir PRIMERA EDICIÓN a partir de la consulta con diferentes fuentes oficiales fue la siguiente: el consorcio Itapúa Logística, que posee la administración de la operatoria en la zona primaria de la estación de trenes en el lado paraguayo (que se encuentra en puja con la empresa Misión Guaraní que es la que tiene los convenios con Ferrocarriles Don Casimiro para cobrar los pasajes), informó que el valor del boleto del tren internacional pasaría a ser de alrededor de $2.300, pero que no se iba a cobrar más con la moneda argentina. Solo se admitían guaraníes o su equivalente en dólares. Hasta el jueves, quien deseaba pagar en pesos para volver desde Paraguay abonaba $630; pero ayer la cifra, por una cuestión cambiaria pasaba a tener un ajuste de más de 300%.

Tal diferencia fue causa de un fuerte desencuentro que derivó en la no venta de pasajes para el regreso desde el Paraguay.

 

Se complica el usuario

Las tensiones entre los tres actores que tienen injerencia en el servicio no son nuevas, pero tienen como perjudicado central al usuario.

La primera ruptura ocurrió en septiembre de 2022, fue inclusive un papelón internacional porque al día siguiente de su reapertura con bombos y platillos se tuvieron que suspender los viajes.

Ocurrió que paraguayos (Itapúa Logística y Misión Guaraní) y argentinos (Ferrocarril Casimiro) no se habían puesto de acuerdo sobre quién iba a cobrar el boleto en la estación de Encarnación y en el primer día se instalaron dos boleterías “gemelas”, una por cada país, sin que una parte reconociera a la otra el derecho a cobrar el boleto. Esto derivó en que, finalmente, nadie pudo abordar en la estación Encarnación y la formación volvía vacía desde Paraguay.

Algo similar ocurrió ayer, Itapúa Logística bajó línea para cobrar el nuevo valor con la orden de que solo sea en guaraníes y ante el dilema monetario, por la gran diferencia de más del 300% entre el pasaje de una orilla y el de la otra, la decisión fue de no atender la boletería para nada.

Como consecuencia de esta irregularidad, estando en Encarnación nadie pudo subir al tren para el regreso, con el agravante de que los pasajeros, quienes sin conocer esta situación fueron hasta la vecina ciudad para hacer compras tuvieron que volver con otros medios de transporte que son sinónimo de muchas más horas de espera para cruzar el viaducto.

Al cierre de esta edición no se había resuelto el conflicto y se estimaba que la misma situación podría repetirse en la jornada de hoy: servicio normal para ir a Paraguay pero no para volver.

Juan Ángel Cabrera, representante de Misión Guaraní SA, en quien el Grupo dueño del Tren Z tiene delegadas algunas funciones en Encarnación (Paraguay) habló con este Diario sobre lo ocurrido y se explayó sobre los agravantes del conflicto que dejó sin servicio a la gente que quería volver en tren.

“En septiembre del año pasado irrumpió sorpresivamente un consorcio (Itapúa Logística) del cual no me consta la existencia de ningún contrato a raíz de una supuesta concesión de Fepasa durante la gestión presidencial anterior (Lauro Ramírez) y a partir de ahí se tuvo como efecto el incremento de costos para el usuario sin ningún tipo de mejoras en las instalaciones, que a la fecha se volvieron incómodas y extremadamente precarias”, expuso cabrera (ver recuadro) .

“Toda la crisis de hoy (por ayer) se desencadenó por la decisión unilateral del consorcio y estamos a la espera de que Fepasa tome cartas en el asunto para que el consorcio recapacite y cumpla el rol que le cabe y nada más que eso”, finalizó.

 

Una relación que comenzó con diferencias y empeora

El presidente de Fepasa, Facundo Salinas, también manifestó a medios encarnacenos que si bien Itapúa Logística intentó habilitar su casilla de cobro de pasajes “no puede cobrar boletos, nos son atribuciones dadas por lo tanto vamos a tener que tomar cartas en el asunto”.

“Queremos subsanar el asunto lo más rápidamente posible por los pasajeros que quedan en el medio y son nuestra preocupación. No entendemos esta determinación, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, pero sí es cierto que se generó un fricción innecesaria e inconsulta. Ellos no tienen autorización para cobrar tarifas que es algo que está regulado por el lado argentino. La estación del lado paraguayo es propiedad de Fepasa por lo tanto nos compete intervenir”, aseguró Salinas.

 

 

Y agregó: “Yo heredé esta concesión y no la concedí y por lo tanto la vamos a revisar”.

Por su parte, el representante de Misión Guaraní SA, Juan Ángel Cabrera, fue más allá al rechazar cualquier atribución del consorcio por haber logrado permisos de aparente dudosa manera “porque nunca me mostraron que tienen los papeles y desde que se hicieron cargo de la administración de las instalaciones de la estación de Encarnación no pasan ni el más mínimo estándar de calidad y tenemos pruebas”, acotó.

Cabrera se refería a imágenes del lugar tomadas en distintas áreas para dejar en evidencia que no hay higiene en los baños, tampoco se mantiene el césped y en cada tormenta el lugar se inunda.

“El cruce para acceder a la boletería es peligroso para la gente y de hecho, cuando el tren debe llegar a la estación debe atravesar una calle que no posee ningún tipo de vallado o señalización”, enumeró.

Tags: #Frontera#PosadasAumentoEncarnaciónMisionesPasajesPesosTren Zvarados
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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