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Comunidad Mbokajaty reclama al CGE el nombramiento de auxiliar docente indígena

El docente en cuestión, miembro de la aldea, es uno de los tantos en la provincia que trabaja en una institución y cobra “cada tres meses, gracias a un programa de becas de Nación, que además no está enviando los fondos”.

14 septiembre, 2023
ESCUELA 96. La escuela Francisco Rodríguez recibe en total a 76 alumnos de Mbokajaty I y II de San Ignacio.

ESCUELA 96. La escuela Francisco Rodríguez recibe en total a 76 alumnos de Mbokajaty I y II de San Ignacio.

La Comunidad Mbokajaty de San Ignacio decidió no enviar a sus niños a la escuela hasta que el Consejo General de Educación (CGE) oiga sus reclamos y finalmente nombre formalmente al Auxiliar Docente Indígena (ADI) Javier Villalba, que trabaja hace más de ocho años en la Escuela 96 “cobrando en negro, cada tres meses”.

Así lo explicó el representante legal de la Comunidad, Silvio Méndez en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.

“Necesitamos que se haga el nombramiento de Javier Villalba que trabaja hace como ocho años en esta escuela y sigue sin sueldo fijo estable. Ya presentamos tres o cuatro notas en el Ministerio de Educación para la creación de horas para Auxiliares Docentes Indígenas (ADI)”, comenzó explicando.

El rol del ADI es fundamental en las escuelas que reciben chicos mbya porque, por lo general, los docentes que no son de la comunidad no hablan en guaraní, entonces el ADI hace de traductor cuando se requiere y además aborda en el aula los contenidos propios de la cultura mbyá: una tarea que los maestros que no son de la aldea no pueden cumplir.

 

“Los chicos no entienden a los docentes comunes. Creemos que no se están cumpliendo las leyes constitucionales porque los alumnos de la comunidad deberían tener un profesor blanco y uno de la comunidad que pueda traducir las palabras que dice la maestra. Además, muchos chicos no entienden el español”, afirmó Méndez.

 

Es por eso que, hasta que el CGE no responda sus pedidos, consensuaron directamente no enviar a sus chicos a la escuela.

Por otro lado, en el marco del reclamo, el representante de Mbokajaty explicó que la situación de irregularidad de los Auxiliares Docentes Indígenas es un drama recurrente en las comunidades.

“Esta situación se da en la mayoría de las comunidades. La creación de horas a los ADI es todo un tema, por eso hay muchos reclamos sobre esto. En nuestra comunidad por ejemplo estuvimos luchando durante muchos años para que creen las horas a docentes”, afirmó.

Cabe destacar que en la Escuela Provincial 96 acuden 76 alumnos. Si bien el auxiliar docente confirmó que no dejará la escuela priorizando el bienestar de los alumnos pase lo que pase, “nosotros como comunidad no vamos a mandarle a los chicos hasta que se le creen las horas”, advirtió Méndez.

 

CGE: “Estos reclamos son frecuentes, la demanda es grande”

Tras el reclamo, este Diario consultó con el Coordinador de Educación Bilingüe del CGE, Juan Pablo Chaparro quien explicó que este tipo de reclamos, por Auxiliares Docentes Indígenas, son frecuentes dado a dos cuestiones:  la importancia de los ADI en las escuelas bilingües; y a que una gran parte de ellos sigue trabajando “bajo un programa socioeducativo de Nación que no está enviando los fondos”, afirmó.

Eso mismo, sin contar el crecimiento de la matricula escolar mbyá en Misiones.

“En el caso de Mbojakaty ya tomé contacto con la directora y la supervisora y ya estamos trabajando para darle respuestas. Lo que pasa es que el pedido muchas veces ellos lo hacen por fuera del sistema cuando todo tiene que venir por vías jerárquicas”, explicó.

Si bien, en cuanto a lo normativo, “no hay ninguna resolución al respecto, ni ningún instrumento que regule la figura de los ADI, es importante que estén, porque conocen su cultura y transmiten los conocimientos ancestrales en las escuelas”, reconoció.

En ese marco, según el coordinador, hoy en Misiones son 105 escuelas que funcionan bajo la modalidad bilingüe (de todos los niveles); en las cuales hay cerca de 80 Auxiliares Docentes Indígenas que dependen del CGE y cerca de 60 que continúan bajo el sistema de becas estímulo que depende de Nación.

Tags: #EducaciónAuxiliar docente indígenaCGEMbokajatyMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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