Agosto plantea un escenario preocupante para los inquilinos, quienes anticipan un inminente “alquilerazo”. Los contratos que llegarán a su término durante este período están en camino de sufrir un ajuste sin precedentes que supera el 110%.
Este aumento, que se prevé afecte a muchas renovaciones contractuales, establece un desafío significativo. Además, el costo mensual estimado, que excederá los 150 mil pesos junto con los gastos comunes, parece inaccesible para muchos presupuestos familiares.
Este pronunciado salto en los costos se debe a la implementación del Índice de Contratos de Locación (ICL), calculado diariamente por el Banco Central. Este incremento del 110%, marcado como un récord para el año 2023, prefigura un escenario de futuras negociaciones tensas entre propietarios e inquilinos, ya que se espera que el costo promedio de los alquileres supere los 150 mil pesos mensuales.
En un intento por enfrentar la perspectiva de un pago mensual de 150 mil pesos, los ingresos familiares deberían triplicarse, alcanzando la considerable suma de 450 mil pesos para mantener la solvencia financiera. Sin embargo, esta proyección se desvanece ante la realidad, ya que según el economista Antonio Aracre, el salario promedio registrado en Argentina se sitúa en torno a los 215 mil pesos, una cifra insuficiente incluso para cubrir la canasta básica, valuada en 246 mil pesos.
La situación se complica aún más debido al conflicto que ya está emergiendo entre las partes involucradas, motivado por los montos en cuestión. Ante esta coyuntura, la ONG Hábitat para la Humanidad Argentina ha lanzado un llamado para que se incluya el concepto de “alquiler social” en las propuestas políticas.
El mercado de alquileres ya había experimentado una reducción considerable en la oferta de departamentos en julio, lo que resultó en un aumento del 11,3% en los precios. En un período de siete meses, los precios acumulan un incremento del 89,6%, superando en un 50% el índice de inflación para el mismo lapso.
Frente a la amenaza de incrementos significativos, muchos inquilinos han iniciado la búsqueda de alternativas. Sin embargo, se han encontrado con un mercado en el que la oferta de propiedades disminuye progresivamente, mientras que la demanda continúa en aumento.
Uno de los problemas más acuciantes en el mercado de alquileres ha surgido en relación con la renovación de los contratos firmados en julio de 2022, ya que estos enfrentan un aumento del 104%, superando el récord de incremento de tres dígitos alcanzado el mes anterior.
Esta escalada de los alquileres se refleja en el índice de precios al consumidor calculado por el INDEC, lo que tiene implicaciones estadísticas significativas. No obstante, en los hogares, esta situación representa un impacto económico devastador. Los valores mensuales, que antes oscilaban entre 60 y 90 mil pesos, han ascendido ahora a 130/150 mil pesos, ocupando en muchos casos más del 75% de los ingresos familiares.
Este aumento adicional ha llevado a una consecuencia no deseada: dado que los alquileres ya no cumplen con el requisito de que no excedan el 30% de los ingresos, las agencias inmobiliarias han implementado estrategias alternativas, como la creación de garantías solidarias o la introducción de seguros de caución complementarios.
El factor de actualización que se aplica en los contratos contempla la variación de la inflación que mide el INDEC y la de los salarios que establece el RIPTE.
Los aumentos del precio de los alquileres, tanto propietarios como inquilinos pueden consultarlos en el Índice de Contratos de Locación (ICL) que saca a diario el Banco Central.
El mercado de los alquileres se ha tornado exageradamente especulativo y las regulaciones no conforman a los propietarios ni a los inquilinos. Los intermediarios tomaron partido por los dueños atendiendo a las relaciones de fuerzas. La oferta de inmuebles es cada vez más escasa, lo cual lleva a exagerar condiciones y requisitos, en muchos casos abusivos, como lo pueden testimoniar quienes se encuentran en la búsqueda.
La vigencia que marca la ley 27.551 para las locaciones es como mínimo de tres años y los ajustes se realizan cada año. Antes, se arrancaba con un valor establecido previamente, que se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y, en general, se pactaba con subas semestrales.
Uno de los cambios de la legislación última se refirió al monto previo que se exige para comenzar un contrato: mes anticipado y el depósito de garantía, que no deben superar el mes de la locación.
La consecuencia de las distorsiones fue que se introdujo la modalidad de las locaciones temporarias (en general trimestrales) y de los contratos en dólares con los que se elude la ley de alquileres, lo cual tornó prohibitivo el acceso de la mayoría de los asalariados que ganan por debajo del promedio, sobre todo los no registrados.
La realidad del día a día en la búsqueda de alquileres radica en que el enorme desfase entre los que necesitan alquilar y los que ofrecen vuelca la balanza decididamente hacia los propietarios, quienes aprovechan para poner condiciones más exigentes y requisitos a reunir que desbordan la capacidad de la mayor parte de los que necesitan un techo.
Fuente: Noticias Argentinas
