Mediante la herramienta que provee el nuevo Código Civil en la Ley de Defensa del Consumidor, la ejecución de embargos a la orden de las financieras o mutuales bajó de 190 en 2018 a 54, el año pasado.
Así lo comunicó la jueza Civil y Comercial 1 de Posadas, Gabriela Fernández Canalis, quien en una amplia charla con Radio República celebró los cambios a favor de los clientes porque “hay un tema de dignidad”, acotó.
“Los jueces nos pusimos los pantalones con el tema derechos del consumidor, por eso cayeron las ejecuciones”, dijo.
Y agregó: “Antes de la vigencia del nuevo Código Civil, en nuestra legislación se autorizaban muchos abusos. Quizás yo le diría hasta arbitrariedad contractual y hoy los jueces estamos obligados a poner en consideración en principio esta mirada hacia el consumidor, que es constitucional”.
En ese mismo sentido, la magistrada explicó la interesante faceta en los actuales juicios de ejecución por sobreendeudamiento, porque dio lugar a un nuevo fenómeno visible en los legajos judiciales: el pedido de las personas para que la Justicia los “declare en quiebra”, porque no pueden pagar y no hay certeza que alguna vez puedan. Además de que no cuentan con bienes para ser rematados.
“Hoy por sobreendeudamiento que existe, las personas piden sus propias quiebras. Esto abre muchos interrogantes, porque si la entidad financiera otorga el crédito a sabiendas del sobreendeudamiento del cliente, ¿se embroma? Bueno, es todo un tema a discutir en la Justicia”, analizó la jueza Canalis.
Quien amplió: “Coexisten deudas bancarias con deudas de mutuales, lo único que tienen algunos consumidores es su sueldo. Ahí los entes financieros son responsables de sobreendeudar. Esto ya existía pero se hizo más palpable en la pandemia”.
Por otra parte, aunque Canalis celebró que hayan caído drásticamente las ejecuciones, gracias a un mayor respeto de los derechos de consumidores, la verdad es que “las empresas aún no sienten que perjudicar a consumidores no es conveniente”, enfatizó.
A su vez, la doctora Gabriela Fernández Canalis quien dio un panorama bien completo de los casos, también remarcó que los empleados estatales son los más endeudados en toda la masa de causas.
“Si bien, sigue habiendo ejecuciones, el derecho del consumidor atravesó esta problemática y se le exige a quienes ejecutan determinadas condiciones en principio el cumplimiento del derecho de información previo a la ejecución”, añadió.
“En ese camino todavía falta un largo trayecto, porque todavía no conseguimos que las empresas sientan que no les conviene económicamente perjudicar al consumidor, por eso hay tantas causas. Tenemos un largo camino por andar, sigue habiendo un montón de causas de daños y perjuicios por la afectación al derecho del consumidor y no llegamos todavía al grado de cultura del consumidor en la que se respete verdaderamente al ciudadano”, enfatizó autocrítica.
Litigios con prepagas
A lo largo de la charla Fernández Canalis también fue consultada por los litigios contra prepagas, por conflictos sobre alquileres y desalojos.
Sobre lo primero aseguró que el Juzgado Federal es competente cuando no cumplen con prestaciones que están dentro del Programa Médico Obligatorio o cuando no se respeta la dignidad al consumidor para dejarlo tratarse de una patología en su lugar de residencia.
“La ley determina que cuando se trata de prestaciones es decir de un conflicto con la prestación debe hacerse en ese fuero. Nosotros hemos tratado algunos casos, pero más que nada cuando se trataba de la obra social provincial”, remarcó.
“El tema alquileres es también muy conflictivo en esta provincia. Hay una ley como de 10 años en la que no podemos hacer desalojos. Ese es un tema en el que sí hay que revisar para que haya equilibrio”, finalizó.
