Legisladores misioneros de distintos bloques políticos abordarán esta semana el debate del proyecto de ley para la declaración de la Emergencia del Transporte Público para el sistema Urbano e Interurbano y la convocatoria a una mesa de seguimiento de la situación de emergencia.
La iniciativa fue presentada por el diputado Martín Braulio Sancho, del Bloque Peronismo para la Victoria (FEPAYSV) y obtuvo la preferencia el jueves último, durante la decimotercera sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, en la cual se cuestionó duramente al Grupo Z, que tiene la concesión en la zona metropolitana.
“Se viaja mal y necesitamos convocar a una mesa y rediscutir el servicio”, reclamó.
En todo caso, el proyecto también busca promover el debate por la tardanza de la aplicación de la SUBE Nacional y utiliza una serie de instrumentos para analizar el tema con una mesa de seguimiento. (Ver abajo).
“Necesitamos que las empresas prestadoras cumplan con la frecuencia en los barrios, que las estaciones de transferencia estén abiertas mucho más tiempo y que lo mismo se haga con el servicio en el interior de Misiones”, enfatizó el legislador.
Y agregó: “Urge sentarnos a discutir verdaderamente un sistema de transporte público que le sirva a la gente. Cuando hubo pandemia, el único lugar donde no se respetaba el distanciamiento ni se usaba el barbijo era dentro de los colectivos. Se viaja mal”.
Sancho argumentó su proyecto, el cual logró 39 votos a favor de los 39 diputados presentes, que “se trata de un pedido que nos hace la gente de los barrios”.
“Rediscutir sistemas alternativos”
De ese modo, la iniciativa está lista para ser debatida en comisiones, pero a su vez tampoco se descuenta que vaya a ser convertida en ley, aunque para ello el dictamen debería contar con el apoyo de la mayoría renovadora.
Sin embargo, si el proyecto logra avanzar, se declarará la emergencia para rediscutir y establecer sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias, rediseño de líneas, así como a disponer el ordenamiento e instrumentación del régimen económico financiero, y toda aquella que tenga por finalidad “asegurar la sustentabilidad del sistema y la movilidad y tránsito urbano en condiciones de generalidad, regularidad, continuidad, libertad de elección y accesibilidad de los usuarios a otros medios de transporte”, algo que atentaría fuertemente contra el sistema monopólico que logró establecer el Grupo Z tras varias décadas de mantener el control sobre el servicio.
Dijo Sancho en sus argumentos: “El proyecto de ley surge por la necesidad de aliviar la situación económica de los usuarios del transporte de pasajeros en la provincia y en consecuencia se proceda a adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias, tendientes a la readecuación del diseño estratégico, técnico, y operativo de la prestación del servicio, a efectos de garantizar el cumplimiento de necesidades de transporte insatisfechas, extensiones o nuevas vinculaciones”.
“Lo positivo de avanzar en este tipo de leyes es pensar en el usuario porque, en definitiva, quienes sufren cotidianamente las complicaciones del sistema de transporte son los vecinos. Por eso, cabe destacar, que proponemos una mesa de diálogo y de construcción de propuestas que podrá convocar a representantes de las diversas áreas del Gobierno que tengan intervención sobre la temática, así como a entidades intermedias o instituciones con interés en la materia como universidades y centros de investigación”, amplió el legislador.
“Siempre es una triste noticia declarar en emergencia el sistema, pero lo hacemos con la convicción de que todos los ciudadanos merecen un transporte público digno, como un ejemplo de justicia social. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo con un plan de desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de transporte público accesible, a precio razonable y adecuado a las diferentes necesidades ambientales y sociales, de género, edad y discapacidad”, se remarcó en el texto de la norma.
Quejas sin respuestas
Lo expuesto en el proyecto de Sancho, y también en sus argumentaciones en el recinto, reflejaron un reclamo social de vieja data que PRIMERA EDICIÓN viene poniendo de manifiesto en cada reclamo de los usuarios, que, en general, o no es escuchado o bien es resuelto a medias.
Por ejemplo, nunca se acató la implementación de la SUBE nacional, que otorga muchos más beneficios a la clase trabajadora mientras en Misiones los usuarios siguen atados a la emisión de la tarjeta local, que de por sí, sólo el poder recargarla ya es un dolor de cabeza: por falta de puntos de venta, principalmente en los barrios, por el tope de crédito que se impone de $600 y su costo de $1.000 de reimpresión en caso de perderla, cuando en otras provincias no supera los $200.
Las innumerables quejas por el servicio en sí tampoco llegaron jamás a buen puerto. En los barrios se sigue viajando como ganado y padeciendo la falta de frecuencias, atados al único sistema de transporte público, porque no hay posibilidad de elegir el servicio.
Para el diputado Sancho, la importancia de la movilidad “es un tema social y político por al menos tres razones fundamentales. Primero, porque es indispensable desde el punto de vista económico y social, pues es una condición clave de acceso al mercado laboral, a una vivienda digna, a la educación, a la cultura y el ocio, a la vida en familia. Segundo, porque la movilidad se convierte en el factor principal en la vida cotidiana activa de las personas. En otros términos, la movilidad no es un medio, es una parte de la vida por derecho propio. Y finalmente, porque la movilidad tiene un costo económico, social y medioambiental”, remarcó.
“La gente viaja mal”
En horas pico, no entra “un alfiler” en algunas unidades, no se brinda servicio nocturno eficiente desde la gran mayoría de los barrios alejados, el horario de apertura y cierre de las estaciones de transferencia tampoco le sirve a un gran número de pasajeros y las quejas se multiplican entre la gente que día a día viaja como ganado sin la posibilidad de optar por un servicio más económico y mejor prestado.
Si bien ahora la Cámara de Representantes tomó nota de la situación que aqueja no sólo a los pasajeros de la zona metropolitana, sino que es la historia de cada usuario del transporte público de la provincia, podría avanzarse en una norma que cambie un poco las reglas del juego, en vista de los graves incumplimientos para con los usuarios.
En la norma impulsada por Sancho se invocan en ese sentido documentos de Naciones Unidas, como la Carta Mundial “Por el derecho a la ciudad”, ya aparece el derecho a la movilidad (art. XIII) como una obligación de los gobiernos de las ciudades en aspectos como el desarrollo de una política pública sectorial, que exige la formulación de planes de desplazamiento urbano e interurbano; un sistema de transporte público accesible en términos de oportunidad, cobertura, equipamiento y precio razonable, y sostenibilidad del modelo en términos de previsión de las necesidades sociales y medioambientales de la ciudad para garantizar los derechos y la equidad en la movilidad. “Hay que repensar los medios de transporte público, con especial atención en la población”, dijo.
