El Banco Central ya no sabe cómo rascar la olla. No hay cómo disimular la falta de dólares, aunque el nivel de reservas brutas siga marcando que quedan casi USD 40.000 millones. La mayoría de las empresas argentinas se enfrentan a un inédito default comercial: no pueden cumplirles a sus proveedores el pago de insumos importados que ya fueron embarcados y muchos de los cuales ya ingresaron al país.
El Gobierno y la economía argentina están pagando todos los costos de una devaluación sin que haya ocurrido. La política de atrasar el tipo de cambio oficial tuvo históricamente dos objetivos primordiales. Uno de ellos es abaratar artificialmente el ingreso de productos importados, con el objetivo de mantener la inflación bajo control. El otro es mejorar el salario en dólares del trabajador, generando una sensación de bienestar.
Pero nada de eso es lo que está sucediendo ahora. La inflación de este año ya apunta a tres dígitos y el poder adquisitivo de los ingresos se derrumba mes a mes. La brecha cambiaria ya llegó al 150%, lo que provoca que las familias y las empresas ya no tomen en cuenta el tipo de cambio oficial y se manejen con los dólares financieros.
En una situación mucho menos desesperante, Cristina Fernández Kirchner acordó en enero de 2014 con el entonces titular del Central, Juan Carlos Fábrega, un salto devaluatorio del 22%: el tipo de cambio oficial saltó entonces del $6,50 a $8 y achicó sustancialmente la brecha. Eso le permitió al Gobierno ganar tiempo para llegar a las elecciones del 2015 con lo justo, pero sin explosiones ni desbordes.
Cuando todavía faltan más de 16 meses para el recambio presidencial, no se termina de entender por qué el Gobierno resiste un sinceramiento del tipo de cambio, que no sólo podría reducir la brecha cambiaria. También alentaría a los productores a liquidar parte de la cosecha de soja que no quieren vender por el magro rendimiento que obtienen al ingresar la producción a un dólar de $130 y posterior pago de retenciones.
Con un tono destemplado, Alberto Fernández se refirió a los “especuladores” que especulan y no quieren liquidar, para luego destacar que no le “torcerán el brazo”. Reavivar una suerte de guerra con el campo al estilo 2008 no parece el mejor planteo para conseguir esas divisas.
Aunque el Presidente habló de U$S20.000 millones que restarían vender, en el Banco Central oficialmente reconocen que la cifra es menor: entre USD 13.000 y USD 18.000 millones. Los productores no liquidan en primer lugar porque no están satisfechos con el tipo de cambio, pero además porque les resulta muy barato financiarse a tasas reales negativas con los bancos locales. El “ajuste” de manual para estos casos pasaría por subir el tipo de cambio y al mismo tiempo elevar las tasas de interés para aumentar fuertemente el costo de quedarse con la soja sin liquidar.
Posiblemente un sinceramiento del tipo de cambio, pasando de los $130 actuales a quizás $180, tendría impacto en la tasa de inflación. ¿Pero no se está asumiendo ya un gran costo con un índice que llegaría al 8% en julio y manteniendo un ritmo lento de devaluación del dólar oficial?
Las cartas sobre la mesa
El futuro del régimen cambiario estará en la mesa del encuentro en Washington entre la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y Silvina Batakis. La ministra de Economía mostrará su compromiso de cumplir con el programa establecido con el FMI, en particular en lo que respecta a las metas fiscales. Pero el organismo también exigirá revisar lo que está sucediendo con el dólar y en particular las dificultades del Banco Central para acumular reservas, uno de los aspectos principales del acuerdo.
Desde el BCRA insisten en que se trata de dificultades “transitorias”. La guerra entre Rusia y Ucrania encareció la importación de energía, que demandaría más de USD 8.000 millones, más del doble que el año pasado. La esperanza está puesta en que los sojeros finalmente liquiden lo que retienen en silobolsas, lo que le permitiría al Central cumplir holgadamente con la acumulación de divisas comprometida y por supuesto abastecer de sobra la demanda de los importadores.
Sin embargo, no parece posible lograrlo en las actuales condiciones. El propio BCRA abrió la puerta a un desdoblamiento cambiario, al permitirle a los turistas extranjeros a cambiar hasta USD 5.000 a la cotización del dólar MEP. Así el propio Estado ya reconoce un dólar de USD 300 en vez de USD 130. De allí a incorporar a más sectores a una medida similar hay un paso muy corto.
La gira de Batakis también incluirá citas con los representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial. Sucede que estas instituciones frenaron desembolsos a lo largo del segundo trimestre, por alrededor de USD 1.000 millones. La excusa del Gobierno argentino es que esto sucedió porque la prioridad está puesta en ayudar a los más damnificados por efectos de la guerra. En la práctica, estos préstamos que no llegaron aislaron aún más a la Argentina en el plano financiero. El BID y el Banco Mundial sólo habían tomado medidas similares a principios de los años 2.000, cuando la Argentina demoraba una solución para el problema de la deuda entre inversores privados.
La deuda que dejó Guzmán
Martín Guzmán cumplió con las metas fiscales del segundo trimestre pactadas con el FMI a un duro costo. El nuevo equipo económico se encontró con una millonaria deuda en el pago de subsidios, del orden de los $200.000 millones.
La decisión de las cámaras de colectivos de reducir al 50% la prestación del servicio en el AMBA en la última semana por falta de pago de esos subsidios fue la mejor muestra del problema. Pero lo mismo está sucediendo con Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista de la Argentina.
Los costos de no sincerar el mercado cambiario ya se empiezan a notar en las góndolas, con faltantes de productos o subas exageradas de precios ante la escasez de la oferta. También empiezan a escasear productos electrónicos y línea blanca, como heladeras, televisores y calefones, pese a que son producidos en la Argentina.
Todos estos productos poseen un alto componente importado, por lo que el nivel de fabricación se desaceleró notablemente en el último mes. Las fábricas redujeron los turnos de producción de 9 a 6 horas. El objetivo es, mientras se pueda, evitar suspensiones.
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