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Señalan al actual modelo productivo como responsable del deterioro socioambiental

Recordaron que hace 20 años con el tractorazo “los colonos iniciamos el camino de la sustentabilidad social y económica, y ahora tenemos la obligación de pelear por la sustentabilidad ecológica”.

4 junio, 2022
El paso alternativo se encuentra inundado por la crecida del afluente debido a las lluvias que azotaron la provincia en los últimos días.

El paso alternativo se encuentra inundado por la crecida del afluente debido a las lluvias que azotaron la provincia en los últimos días.

A 20 años del tractorazo comienza a dibujarse otra gesta, tan trascendente como aquella y acorde a los tiempos actuales: un movimiento socio agrario ambiental que busca movilizar de manera colectiva la recuperación de los bienes naturales, como el agua, central para la familia agrícola y para toda la sociedad misionera.

“En honor a todos los que ya no están físicamente, y que fueron parte de los tractorazos, tenemos que autoconvocarnos, no importa de qué asociación seamos, no importa si somos docentes, colonos, desocupados, tareferos… vamos de vuelta a la plaza 9 de Julio, vamos a hacer un acto, vamos a hablar de la libertad de los ríos, de los agrotóxicos, de los transgénicos, vamos a hablar de la mecanización que desplaza mano de obra… Vamos a hablar: somos libres, nacimos libres y tenemos que ser libres para autoconvocarnos y empezar a generar una nueva sociedad”, dijo el dirigente agrario y fundador de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) Hugo Sand, el viernes (27 de mayo de 2022) al hablar en el Centro Cultural Vicente Cidade, en Posadas, en el evento que cerró la Semana de la Yerba Mate, organizada por la Universidad Nacional de Misiones para recordar las históricas movilizaciones del 2001 y 2002.

Preocupado por el deterioro ambiental, que impacta negativamente en la producción agraria y en la sociedad en general, como la sequía e incendios del verano pasado, Sand recordó que hace 20 años “salimos a las rutas por un precio justo y por la dignidad de la familia. Después de muchos años, entendí que eso era el principio de la sustentabilidad. Sin querer, los colonos iniciamos el camino de la sustentabilidad social y económica, y ahora tenemos la obligación de pelear por la sustentabilidad ecológica; ese es nuestro desafío hoy”.

Por su parte, Leandro Sánchez, maestro y dirigente de la CTA Autónoma, presente en el lugar, expresó que “si nosotros no nos preocupamos por lo que viene, si no nos preocupamos por el ambiente, ¿cuánto va a durar la actividad yerbatera? Algunos dicen que vamos a un proceso de desertificación…”, y coincidió con Sand al indicar que tenemos que “autoconvocarnos y hablar de los problemas que tenemos”.

En esa línea, Sánchez preguntó “¿qué hubiese pasado si hace algunos años no se denunciaba que querían plantar maíz transgénico aquí y ocupar con ese cultivo la misma superficie que tenemos con yerba mate? Nos decían que eso iba a ser una salvación. ¿Desde cuándo las semillas transgénicas son una salvación? Existen hace mucho tiempo, pero no salvaron del hambre a ningún pueblo”.

“Tenemos que preocuparnos cada vez más por el ambiente; tenemos que pensar qué vamos a hacer, pero solos no podemos”, agregó el dirigente gremial, e indagó sobre el actual modelo productivo en Misiones: “¿Hasta cuándo va a seguir durando este sistema de producción? Cada vez más pinos. Cada vez menos agua para tomar y para las cosechas. Sin embargo nos hacen el cuento de Aquacoin, una moneda virtual que tiene valor en el agua, ¡pero si hay cada vez menos agua! ¿Cómo es eso? La moneda tiene valor en el agua y exportan agua, pero en los barrios donde vivimos y en las zonas rurales hay cada vez menos agua. ¿Hay agua para hacer negocios, pero no hay agua para el pueblo?”.

Sánchez subrayó que “la unidad del pueblo es el único camino, como esa memoria del tractorazo, con todos los sectores en la calle. No nos queda otra que pensar lo que necesitamos, compartir con los demás y salir a buscar todos juntos. De lo contrario no hay futuro”.

Además de este tema, otros productores y dirigentes sociales y agrarios presentes en el Vicente Cidade, tomaron el micrófono para ratificar las movilizaciones como generadoras de cambios, destacando la importancia del INYM (cuya génesis fueron precisamente los tractorazos del 2002, con la participación de los más diversos sectores y un amplio apoyo de la sociedad) como ente regulador del sector, y remarcaron la necesidad de volver a implementar el Mercado Consignatario para proteger a la pequeña y mediana producción yerbatera.

Estuvieron presentes, además de los nombrados, Enrique Kuszko, Juan Tarasiuk, Carlos Ortt, Jorge Haddad, Julio Petterson, Jonás Petterson, Nelson Dalcolmo, Claudio Marcelo Hacklander (los tres últimos, actuales directores por la Producción en el INYM), Néstor Mato, Bety Yabloski, Elsa Pawluk, Carlos Gans, Mirta Pires, Luis Mancini, Argentino Almeida, Ismael Krasowski, Iván Sand, Oscar Siruk. También formaron parte, los dirigentes sociales Federico Padolsky, Felipe Mazacote, Víctor Rosenfelt, Salvador Torres, Mabel Acosta y Mónica Gurina, entre otros.

Tags: colonosHugo SandLeandro SánchezMisionesProductoresSustentabilidadTractorazo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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