“Necesitamos reconocer que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual”. El único párrafo que dedicó el presidente Alberto Fernández a la ley de alquileres puso en manos de los legisladores las posibles modificaciones a la norma.
En momentos en que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, avanza con la mesa sectorial y promueve un impuesto a la vivienda vacía, el mensaje del mandatario ante la Asamblea Legislativa fue mejor recibido por las inmobiliarias que por los inquilinos y deja de manifiesto los problemas del Poder Ejecutivo para “generar un mejor acceso a la vivienda”, como pidió el mandatario.
El pedido de Fernández choca con las disputas entre oficialismo y oposición para armar las comisiones parlamentarias. La diputada Marcela Passo, en quien Sergio Massa depositó el armado del proyecto para modificar la ley, espera la conformación de comisiones para llamar a los actores y empezar la demorada discusión.
Diputados opositores presentaron proyectos para desregular o volver a los plazos de la vieja ley (2 años) y avalar indexaciones según negocien las partes. Ningún espacio político tiene capacidad propia como para imponer un proyecto.
Mientras, la Federación Inmobiliaria (FIRA) visitaba ayer a la senadora por Misiones Magdalena Solari Quintana, para hablar de arbitrajes y de cómo esta herramienta de resolución de conflictos baja el precio de los seguros de garantía, que sirven de alternativa a la garantía real.
En Comercio Interior
A fines de febrero, el equipo de Feletti coordinó telefónicamente con las cámaras inmobiliarias una nueva reunión, que ocurrirá la semana que viene, según supo El Cronista. La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la FIRA irán a ese encuentro con propuestas de sus equipos técnicos, focalizadas en la reducción del tiempo del contrato (de tres a dos años) y en alternativas para indexar (cada seis meses en vez de cada un año, con índices alternativos).
La Federación Nacional de Inquilinos, en cambio, espera un encuentro con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para discutir herramientas para blanquear los contratos (existen 170.000 formalizados, sobre un universo de 2 millones) e insistirá con el impuesto a la vivienda vacía. “Después del discurso de ayer, vamos a profundizar la discusión”, adelantaron a El Cronista.
También enviarán a Feletti sus propuestas en estos días, que contemplan mayores instancias de control para hacer cumplir la ley actual. La diputada Passo tomará en su mesa de trabajo las propuestas que pueda alcanzarle el secretario de Comercio, indicaron en su equipo.
Incomodidad
Para el Gobierno, la discusión sobre los alquileres es incómoda. El ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, evita el tema y se focaliza en la construcción y el crédito Procrear.
“En 2021 pusimos en marcha la construcción de 85 mil viviendas en todo el país y en diciembre hemos entregado la vivienda número 30 mil. Además se otorgaron 88 mil créditos para construcción o refacción de viviendas”, relató Fernández ante el Congreso. Semanas atrás, un funcionario de Vivienda participó en la reunión que coordinó Feletti con inmobiliarias, desarrolladores e inquilinos. Se limitó a tomar nota.
En tanto, Massa adelantó ante empresarios a intención de modificar una ley que “fracasó”. Fue a fines de noviembre, en el festejo por el Día de la Construcción. No hubo avances desde entonces. En el medio, la ley sigue vigente, aunque deslegitimada por los funcionarios que dicen que no funciona.
El massismo quiere volver a los contratos de dos años e incorporar una actualización semestral, como piden las inmobiliarias. Feletti consideró esto último como viable, pero sumado a un impuesto a la vivienda vacía -atado a Bienes Personales, para que lo recaude la AFIP y no los fiscos subsoberanos- y a beneficios impositivos para los propietarios que pongan el inmueble a disposición de la demanda.
Misión imposible
Conseguir alquilar una propiedad sigue siendo una odisea en CABA, donde la demanda supera ampliamente la oferta que es muy escasa. Desde el sector argumentan que casi no es necesario publicar una propiedad en los barrios donde los valores no son tan altos, porque se alquila enseguida entre los interesados que integran una larga lista de espera que tienen en su poder tanto los matriculados cómo algunas desarrolladoras del sector que operan en el escenario locativo.
Es un reto acceder al alquiler de una vivienda de una familia con dos o tres hijos. En los principales portales especializados hay sólo unas 700 propiedades, de las cuales la mitad son monoambientes o de un ambiente (oscilan en $38.000 por mes). De tres o cuatro ambientes (parten desde $ 70.000 por mes) resulta casi imposible conseguir una unidad y a un precio razonable.
Fuentes del sector precisaron que son varias las causas para llegar a esta situación. Entre ellas la sanción de la nueva Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio último.
José Rozados, de Reporte Inmobiliario, destacó a Infobae que su aplicación incrementó el riesgo para el propietario y le provocó una caída del ingreso real de alquileres al poder actualizar sólo una vez al año con inflaciones superiores al 50%, “sumado a medidas y declaraciones que generan más desconfianza agudizaron que la rentabilidad sea la más baja de los últimos 40 años. Se generaron dos reacciones bien marcadas: a) Algunos locatarios no consideran que valga la pena enfrentar ese mayor riesgo y retiraron sus inmuebles de la oferta de alquiler volcándolos al mercado de venta, b) Un aumento de precios que intente cubrir ese mayor riesgo”.
“Con la nueva Ley de Alquileres algunos locatarios no consideran que valga la pena enfrentar ese riesgo y retiraron sus inmuebles de la oferta de alquiler volcándolos al mercado de venta” (Rozados).
La rentabilidad anual apenas roza el 2,7%, distorsión que ya existía y se agravó desde que llegó la pandemia y la aplicación de la nueva normativa.
Fuente: elcronista.com
