La sequía pronunciada de tantos meses (casi dos años), llevó a un profundo déficit hídrico por la falta de lluvias regulares en la región en los ríos Paraná y Uruguay como en los cursos menores de ambos. Entonces llegaron los cortes de agua en barrios enteros, por varios días, que provocaron protestas en rutas y calles para volver a contar con el líquido vital.
Sumado a ello, se debió soportar el extremo calor de las últimas semanas donde Misiones apareció entre los lugares de mayor temperatura. Con lo cual, los usuarios de Energía de Misiones SA (EMSA) como las cooperativas de servicios se vieron con mayor demanda de electricidad. Y así llegaron los cortes y apagones en localidades enteras y por varias horas. Como en el caso de Eldorado, donde se viralizaron las imágenes de los comerciantes que tiraron mercaderías por un importante valor económico por haber perdido la cadena de frío.
Se trata de serias falencias que tienen dos prestatarias que, evidentemente, estuvieron lejos de las previsiones e inversiones necesarias para pasar un verano mucho más digno para las familias que dependen -por desgracia- de las cuestionadas prestaciones.
Fueron pasando los días y, lejos de mejorar, los problemas complicaron más a los afectados. Por primera vez el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, que pertenece a la misma renovación, decidió ponerse un poquito más firme ante la empresa proveedora de agua potable para Posadas y Garupá y reactivó una causa judicial que se radicó en 2019 y estaba dormida en los cajones de la Justicia con la promesa de SAMSA de resolver las falencias. Lo que, evidentemente, nunca ocurrió.
Más allá de las averías que se pueden presentar sorpresivamente, para lo cual las empresas deberían contar con planes de contingencia rápidos por tratarse de dos servicios fundamentales, es evidente que las fallas tienen que ver con inversiones no realizadas. Y existe un Entre Regulador (EPRAC) dirigido por el exdiputado nacional Daniel Distéfano que lo que menos ejerce es el contralor. A tal punto que, quien fue a la Justicia para tratar de revertir la crisis que se desató en Posadas por la falta de agua potable, fue una dependencia municipal.
El propio Penayo sostuvo en FM 89.3 Santa María de las Misiones (la radio de PRIMERA EDICIÓN) que “acá faltan obras, inversiones y quien las tenga que hacer el ciudadano no tiene por qué saberlo. Pero debe empezar la empresa y después en todo caso el Estado porque sino el año que viene vamos a estar igual”.
Ante la evidente falta de cumplimiento contractual, el Defensor aseguró que “como organismo de derechos humanos, quiero que este servicio no sea interrumpido. No lo digo yo, lo dice el contrato de concesión. Tenemos que revisar lo que se firmó y lo que sucede en la realidad. Hay mucho por discutir pero espero que nos sentemos todos -políticos, no políticos y todo aquel que tiene poder de decisión- a ver qué hacemos con este servicio deficiente en una parte de la ciudad, el acueducto sur que afecta a barrios de la zona sur e incluso hasta de Garupá”.
Pero ¿debe ser la Justicia la que haga que los servicios funcionen normalmente o lo más cercano a ello? Está claro que no. Porque hay decenas de funcionarios en el Ejecutivo provincial que son responsables de hacerlo. Desde el EPRAC, con delegaciones legislativas para aplicar incluso sanciones; el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos; o la Secretaría de Estado de Energía; entre otras.
Si un magistrado debe ser el encargado de poner orden, es porque en el otro Poder algo no está funcionando. O muchos no están haciendo el trabajo que les corresponde.
Lo que se hace es recargar responsabilidades en falencias a la vista de todos, que hacen más complejo y menos expeditivo al sistema judicial ya conocido por su burocracia y alejamiento de la sociedad que demanda una resolución del mismo. Ni qué decir si un ciudadano para poder tener agua o luz debe demandar al Estado y la causa termina en el Superior Tribunal de Justicia.
“Vemos que hay un servicio de primera y de segunda clase, que únicamente con mucho compromiso, se puede buscar una solución real y no un parche. Han pasado dos años y se hicieron parches, por eso estamos exactamente de la misma manera”, afirmó Penayo sobre una realidad angustiante.
Energía con Manzur
Mañana llegará a Misiones en su primera visita oficial como jefe de Gabinete nacional, el tucumano Juan Manzur. Además de la recorrida por el puerto de Posadas, de algunas obras de un plan nacional dedicado a obras en destinos turísticos, al funcionario nacional lo espera un reclamo de respuestas por las obras urgentes de energía que tiene Misiones. Las que el gobernador Herrera Ahuad le hizo saber hace poco tiempo en Buenos Aires al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y que demandarán millonarios recursos.
Por no contar con esas inversiones, hay localidades enteras que conocen de los cortes prolongados de luz día a día. Líneas que ya no van más y que son troncales para la prestación del servicio.
El tema energético podría trasladarse incluso a la próxima reunión del grupo de los 10 gobernadores del Norte Grande, que deliberará en Misiones en pocos días. En este ámbito, se escuchó al presidente Alberto Fernández encomendar al ministro del Interior, “Wado” de Pedro, buscar una respuesta al pedido de tarifa diferenciada para los miles de argentinos que viven en provincias electrodependientes, donde no existe el gasoducto y las altísimas marcas térmicas obligan al uso intensivo de electricidad.
Una demanda que los habitantes del sur con el gas tuvieron más rápida respuesta que los del Norte. Claro que la misma fue promovida por Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta de la Nación y socio de la alianza gobernante. Ni siquiera cuando “Coqui” Capitanich (gobernador del Chaco y uno de los mandatarios más cristinistas) comandó el Norte Grande, se consiguió una ayuda de estas características.
Para los misioneros sería un verdadero alivio que la Nación decida subsidiar parte del consumo, en especial porque en pocos días entrará en vigencia el último de los cinco tramos de aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) que aplicó EMSA y que totalizará un 40% de aumento en las tarifas (a razón de un 8% que se calcula sobre los acumulados mensuales y elevó las facturas en poco tiempo, en meses de mucho consumo).
PRIMERA EDICIÓN publicó esta semana que de siete proyectos legislativos que buscaron, hasta el fin de las sesiones ordinarias del Congreso, aplicar el beneficio tarifarios mediante una ley, ninguno logró atravesar el trámite parlamentario en las comisiones tanto de Diputados como de Senadores de la Nación.
Siete ministros
En pocas horas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad tomará juramento a tres nuevos ministros para su Gabinete: Karina Aguirre en Derechos Humanos; Liliana Rodríguez en Acción Cooperativa; y Fernando Meza en Desarrollo Social. Entonces, el mandatario misionero habrá cambiado a los siete primeros ministros en algo más de dos años de gestión. Y nadie puede asegurar que sean los últimos hasta diciembre de 2023.
Herrera dijo durante la recorrida por el CEPARD para la postulación que tiene Misiones como sede de las olimpíadas médicas, que “se trata de la dinámica que requiere la gestión y esa dinámica muchas veces se las da con otro tipo de personas que ocupan esos lugares y generan otras expectativas”.
“Son lugares de gran desgaste a lo largo de la gestión de 2 años de pandemia, complejos, sobre todo en las áreas sociales. Apostamos que con esta nueva línea que vamos llevando adelante, se mantenga la cercanía con la gente y se resuelvan los problemas”, sentenció.
