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Con incidentes, Paraguay sancionó ley que eleva las penas por toma de tierras

29 septiembre, 2021

El pleno de la Cámara de Diputados de Paraguay trató y aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, de manera a elevar las penas por invasiones de inmuebles.

De esta manera, quedó sancionada las modificaciones del Código Penal que tipifican a las invasiones de tierras como un crimen, cuya pena privativa de libertad podría llegar hasta los 10 años. A partir de ahora, la promulgación o rechazo dependerá del Poder Ejecutivo paraguayo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, pidió a sus pares analizar con celeridad la propuesta de normativa debido a que en inmediaciones del Congreso se produjeron incidentes entre manifestantes y policías.

Los legisladores opositores pidieron una moción para que el texto sea postergado por 15 días, pero este planteamiento no prosperó.

 

No se resuelve el problema de fondo

El diputado liberal Emilio Pavón aseguró que en el país aún no están dadas las condiciones para que se aprueben propuestas como estas, ya que las instituciones no dan respuestas a quienes no tienen tierras. Abogó por no dar medidas alternativas a los invasores, pero que no se eleven las penas.

Pastor Vera Bejarano (PLRA) sostuvo que se trata de un proyecto de ley “populista e hipócrita” ya que con el aumento de penas no se disminuyen la anuencia de los diferentes hechos punibles. “No vamos a resolver problemas de fondo”, afirmó. Planteó que la propuesta de normativa sea modificada.

El liberal Edgar Acosta afirmó que quienes impulsan el proyecto de ley no buscan proteger los intereses generales, sino más bien, el particular. El legislador, criticó que se busque elevar las penas a las invasiones sin que exista algún estudio que hable de esto como una solución para las ocupaciones.

Indígenas son “manipulados” por la izquierda

El diputado colorado cartistas, Basilio Núñez, reiteró que la propiedad privada es inviolable y cuestionó a los liberales por priorizar cuestiones electorales y busquen confundir a la ciudadanía. “Las invasiones son en la Región Oriental y el 50% de esas invasiones son en áreas urbanas”, dijo.

Núñez manifestó que los indígenas que se movilizan en Asunción son manipulados por sectores de izquierda y por parlamentarios que comulgan con ideales socialistas. Aseguró que “es el momento de dar tranquilidad al campo”.

 

No hay paz sin justicia

La diputada Norma Camacho señaló que el cambio de dos artículos de una ley no es la solución a los problemas verdaderos del país. Afirmó que las instituciones son corruptas y mientras no haya justicia, no habrá paz social.

Camacho mencionó que se les está engañando a las personas al decirles que aumentando las penas se garantizará la propiedad privada. Cuestionó que los legisladores no hayan escuchado la voz de la Iglesia que pidió diálogo.

La diputada por el Partido Encuentro Nacional recordó que “la mafia está presente en el país” y que las penas para este tipo de hechos solo afectarán a los más vulnerables.

La diputada Kattya González, cuestionó a sus pares por rechazar la elevación de penas en violencia contra menores, el contrabando u otros hechos de mayor gravedad, pero ahora se abocan en criminalizar las invasiones.

Aseguró que mientras la Fiscalía y la Policía sean corruptas, no se aplicarán las penas contra los invasores. La legisladora por el PEN criticó que no se haya dado tiempo para debatir y hablar con todos los sectores afectados.

El estudio de este proyecto de ley se dio en medio de una serie de movilizaciones campesinas e indígenas en diferentes puntos del país. Estos sectores aseguran que exigirán que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez vete la sanción por parte del Congreso.

 

Fuente y Fotos: Última Hora / ABC Color.

Tags: #ParaguayIncidentesLeyPenasToma de tierras
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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