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El “difícil momento” que atraviesan las cooperativas eléctricas misioneras

22 agosto, 2021
DESFASAJE. Los postes y el cableado tienen precios dolarizados.

DESFASAJE. Los postes y el cableado tienen precios dolarizados.

MISIONES. Para lo que resta de este año se daría un aumento total de 11,7% en la tarifa.

 

Las cooperativas eléctricas de Misiones deben hacer malabarismos para cubrir los gastos de los insumos, los cuales están dolarizados, el pago de las boletas a EMSA que en los últimos años tuvieron un importante incremento, además de los salarios a los operarios y otros ítems. Quienes están al frente de dichas entidades aseguraron que “la situación es difícil” y, si bien este año la tarifa de energía tendrá casi un 12% (11,7%) de incremento, afirmaron que “no alcanza”.

Todas estas entidades están en etapa de cierre de balances y en todos los casos arroja déficit, ya que sin tarifa es imposible sostener los gastos. Por esa razón, están esperando un estudio de cuadro tarifario que se estaba proyectando hacer desde el Ministerio de Hacienda de Misiones. Con esos resultados deberán revisar cuánto incremento necesitan para equilibrar sus números.

PRIMERA EDICIÓN habló con quienes están al frente de algunas de las cooperativas eléctricas de la provincia y brindaron un panorama de la situación actual por la que atraviesan.

Al respecto, Federico “Fredy” Frank, presidente de la Cooperativa Alto Uruguay de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (CAUL), comentó que “estamos en una situación complicada porque hace casi dos años no hay aumento, pero los insumos triplicaron su precio y los sueldos (de los empleados) subieron. Aunque se debe entender que los vecinos también están en una situación complicada”.

Afirmó que “todas las cooperativas tienen situaciones parecidas”. Dicha entidad tiene cobertura en parte de Campo Grande, todo el departamento de 25 de Mayo y parte de San Vicente y el 70% de esa cobertura corresponde a zona rural.

A su tiempo, Juan Carlos Jungengel de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Alem (CELA) reconoció que “el problema de las cooperativas es que en épocas buenas el Valor Agregado de Distribución (VAD) era del 60%, pero en la actualidad es de un 26% o 27%. Por lo cual, pasar de 60% a un 26% o 27% no alcanza”.

Deslizó que “si tuviéramos que vivir pura y exclusivamente de la luz tendríamos que cerrar, pero en nuestro caso entre el gas, la fábrica de postes y agua vamos balanceando más o menos la economía de la cooperativa. Pero, sólo con la luz no podríamos vivir porque es deficiente y no nos alcanza”.

En consecuencia, Frank de Alto Uruguay consideró que “para equiparar un poco los números necesitamos un aumento del 50%, pero eso no pasará porque la gente no puede pagar”. En este punto, el dirigente de la cooperativa ejemplificó que “siempre nos ponemos en el lugar de un operario de aserradero que gana $30 mil o $35 mil y si debe pagar $7.000 entre agua y luz, sumado a los gastos de la comida o la vestimenta, es difícil”.

 

Pago de boletas a prestataria

Frank hizo referencia a los pagos a EMSA y señaló que “la vamos piloteando. Tenemos otras actividades con las cuales se solventan algunas cosas, pero estamos con problemas como todas las cooperativas”.

Remarcó que “hubo una brecha muy grande desde el 2014 hasta ahora porque subió más de 3.000% la energía” y comentó que “en 2014 teníamos que pagar boletas de $360.000 a EMSA y hoy ya alcanza los $17 millones”.

Jungegel expuso que la cooperativa de Alem “tiene una buena administración. No tenemos deudas y estamos pagando en tiempo y forma a EMSA, además de los sueldos y a los proveedores”.

 

El desafío de las nuevas líneas

DESFASAJE. Los postes y el cableado tienen precios dolarizados.

 

Los presidentes de las cooperativas eléctricas hablaron sobre las extensiones de las líneas, cómo se preparan para el verano y sobre otros gastos que deben afrontar. En este punto, Juan Carlos Jungengel de CELA dijo que “el problema de las cooperativas es que se están manteniendo, pero no se pueden expandir”.

Indicó que “por ejemplo, tenemos muchos loteos nuevos a donde se debe llegar con agua y con luz, pero lamentablemente no podemos. Estamos trabajando en conjunto con los municipios porque la CELA cubre nueve comunas”.

Aunque comentó que “se está haciendo la subestación Sur. Hoy no tenemos inconvenientes en lo que hace a luz; además la planta de biomasa (Cerro Azul) ya está inyectando energía por lo cual en estos momentos estamos bien”.

Federico Frank de la cooperativa de Alto Uruguay expuso que “lo que se estaría necesitando es un proyecto ya sea nacional o provincial para mejorar potencia en toda la provincia”.

Aseguró que “nosotros tenemos una Zona Centro que en cualquier momento colapsa porque la demanda es cada vez mayor. Está el parque solar, pero eso alcanza para cierta cantidad de viviendas en Posadas; sin embargo tenemos toda una Zona Centro que necesita mejor transmisión de energía y de generación. Los pueblos crecen y se vienen postergando inversiones importantes”.

Mencionó que “con algún viento o tormenta fuerte caen postes o los transformadores. Por ejemplo, la vez pasada pasó eso en Alicia y eso a la cooperativa le costó $1,5 millones y no hay como recuperar”.

Tags: CooperativasCrisisEnergía Eléctrica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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