Con media sanción del Senado, avanza en Diputados el Proyecto de Ley de creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales.
Por tratarse de una actividad de envejecimiento prematuro y para equiparar los derechos de los trabajadores de las viñas con el resto de los trabajadores agrarios, el proyecto fija que los trabajadores del sector podrán jubilarse a los 57 años, con 25 años de servicios con aportes, en tanto la contribución patronal con destino al Sistema previsional aumentará en 2 puntos porcentuales (del 16 al 18%).
En base a las categorías salariales y los años de aportes, se estima que esos trabajadores se jubilarían con el haber mínimo (hoy de $23.065).
En el caso de haber desempeñado alternadamente otras actividades de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, especifica el proyecto.
La Comisión de Previsión y Seguridad Social, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de Diputados le solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que evaluara el impacto fiscal del proyecto con media sanción del Senado, presentado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Con algunos cambios a lo aprobado por el Senado, en la Comisión el proyecto fue acompañado por el oficialismo y con disidencias parciales por los diputados de Juntos por el Cambio, condicionado al Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el impacto fiscal del proyecto.
Conocido dicho Informe, se descuenta que Juntos por el Cambio votará a favor del proyecto, según adelantó al diario Clarín el diputado Alejandro Cacace. Según las estimaciones de la OPC, la población aportante alcanzada por el proyecto se estima en 35.700 personas.
Por el lado de los ingresos, el impacto fiscal por el incremento en 2 puntos porcentuales de las contribuciones patronales se proyecta en $ 131 millones.
“Según las estimaciones realizadas, a partir de la información disponible y bajo determinados supuestos, se estimó en 2.115 personas el incremento de los casos en edad de retiro ocasionados por la reducción de la edad jubilatoria (mayor o igual a 57 años)”, dice el Informe.
A fin de efectuar la estimación del impacto de los mayores gastos, se consideraron cinco hipótesis de porcentajes de altas de retiros durante el primer año, que van del 20% al 100% de dicha población, con un gasto asociado de entre $131 millones y $634 millones.
Suponiendo que el 20% del incremento de los casos en edad de retiro se den de alta, el impacto fiscal sería neutro ya que los mayores gastos se compensan con el incremento de la recaudación.
Bajo una hipótesis de altas del 50% el costo fiscal asociado al Proyecto de Ley ascendería a $187 millones y con una adhesión del 100% se elevaría hasta $504 millones.
