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Evalúan instaurar un “pasaporte COVID” para ampliar la cantidad de clientes

22 julio, 2021

Poco a poco las autoridades locales van evaluando las posibilidades y las medidas que se tomarán a futuro para seguir flexibilizando las actividades y la vuelta al ruedo de algunos rubros.

Si bien la vacunación sigue siendo voluntaria, una de las opciones que se empezaría a analizar sería la de solicitar o exigir la presentación del carnet de vacunación o a través de una aplicación donde se detalle que la persona (cliente) cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el COVID. De esta forma -por ejemplo- algún bar o restaurante podría incrementar el porcentaje de capacidad.

Este tipo de medidas ya se llevan adelante en municipios de otras provincias. Un caso es la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, donde se implementa un “pasaporte solidario”. La medida rige desde hace poco más de un mes y “apunta a reactivar la economía local de los rubros que no pudieron trabajar regularmente como los bares, restaurantes; y a estimular la vacunación”. En dicho lugar el sector gastronómico tenía las puertas cerradas, pero con la aplicación de la normativa pueden trabajar al 30%.

En conversación con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el secretario de Gobierno del municipio de Chacabuco, Alejo Pérez, comentó que “esto fue una idea del intendente (Víctor Aiola) quien elaboró un proyecto de ordenanza que se envió al Concejo para su tratamiento y se aprobó con el apoyo de los ediles oficialistas”. La normativa está en vigencia desde el 18 de junio pasado.

“Es muy sencillo porque el certificado que emite la Provincia funciona como pasaporte y, por otro lado, las personas que hayan transcurrido la enfermedad durante los últimos tres meses tienen un certificado de alta médica que es emitido por la Secretaría de Salud. Todo esto nos permitió que estos lugares puedan trabajar con un aforo del 30% en una fase en la cual no podían estar abiertos al público”, explicó.

Asimismo, el funcionario de Chacabuco expuso que “no implica que con el pasaporte se pueda hacer lo que uno quiera sino que se siguen aplicando protocolos, aforos y todos los cuidados que corresponden porque seguimos en pandemia”.

Aseguró que “sabemos que no es la solución definitiva, pero desde hace 40 días estos sectores pudieron empezar a trabajar”.

En lo que respecta al control que se realiza en los locales comerciales, mencionó que “la clave es el compromiso. Hay control municipal, pero también depende de la conciencia individual y colectiva. Esto se habló con los sectores afectados y entendieron que tenían que colaborar con este control porque es para su propio beneficio”.

En cuanto a la aceptación, Pérez, describió que algunos estuvieron a favor y otros en contra. “A medida que fueron pasando los días, se dieron cuenta que no era una discriminación hacia los que no estaban vacunados sino que se trataba de un aporte a los comerciantes que estaban pasando mal y que se trataba de un pasaporte solidario”, remató.

 

Tags: baresFM 89.3pasaporte Covidrestaurantesrestricciones
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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