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Cada vez más productores citrícolas abandonan la actividad en Misiones

30 mayo, 2021
INCOMPATIBLES. “Trabajar en negro es un riesgo, pero el cosechero no quiere ser blanqueado porque pierde su plan o beneficio social”, comentó Jorge Krausseman.

INCOMPATIBLES. “Trabajar en negro es un riesgo, pero el cosechero no quiere ser blanqueado porque pierde su plan o beneficio social”, comentó Jorge Krausseman.

INCOMPATIBLES. “Trabajar en negro es un riesgo, pero el cosechero no quiere ser blanqueado porque pierde su plan o beneficio social”, comentó Jorge Krausseman.

 

El sector citrícola en Misiones, al igual que diferentes actividades de la producción, atraviesa un tiempo de diversas complicaciones que perjudican el desarrollo de años anteriores. Por tal motivo, cada vez son más los productores de cítricos que deciden inclinarse por otra clase de plantación o producto en sus chacras.

Las principales dificultades se relacionan con la imposibilidad de enfrentar el incremento de los costos, la falta de mano de obra que ayude a completar las cosechas, y la escasa cobertura que pueda brindar la declaración de emergencia en el sector.

Entrevistado por PRIMERA EDICIÓN, Jorge Krausseman, de la Asociación de Citricultores del Alto Paraná, reconoció que “la actividad citrícola no es de alta rentabilidad, por eso ahora hay mucho abandono de quintas, de las plantaciones. En cambio, en un suelo de rojo profundo la gente se manda con la motosierra o topadora y planta yerba, que hoy por hoy es mucho más rentable”.

“Lamentablemente esa es la realidad, cada vez hay más abandono de plantaciones para los cítricos”, se lamentó.

Al mismo tiempo, manifestó que “los insumos que necesitamos se fueron muy arriba con sus precios, los combustibles aumentaron mucho, los fletes también inciden demasiado en lo complicado que es enfrentar los costos. Por ejemplo, una cubierta, cualquier repuesto o arreglo de un vehículo, son cosas que están carísimas”.

En relación al trabajo que debe realizarse con las plantaciones, Krausseman indicó que “seguimos con problemas con la mano de obra en las cosechas, es algo que viene muy complicado. Hay que resolver la cuestión de la incompatibilidad de los planes sociales que están en vigencia, pero que no permiten tener un ingreso en blanco al mismo tiempo”.

“Trabajar en negro es un problema, es algo muy arriesgado. Pero cuando uno quiere blanquear al cosechero, el mismo no quiere ser blanqueado porque pierde su plan o beneficio social. Esto es algo que debe resolverse y pasa en todas las actividades productivas”, cuestionó.

Cabe recordar que la Ley de Emergencia citrícola 27.507 entró en vigencia a mediados de 2019 para las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy y Salta.

En octubre del año pasado, la situación de emergencia seguía creciendo y hasta se había agravado por la pandemia. Entonces el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.569, que estiró la vida útil de la primera norma durante un año más y extendió los beneficios a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.

Sin embargo, los resultados para las economías regionales no generan un gran impacto positivo. Al ser declarados en emergencia, los empresarios del sector citrícola pueden estirar hacia más adelante (no ser eximidos) los denominados aportes patronales, que resultan bastante pesados en una actividad que es de mano de obra intensiva.

Por ello, para Krausseman, “en Misiones no sirve de mucho la declaración de emergencia citrícola, porque lo único que hace es posponer el tema de los impuestos, para tirar hacia adelante la carga impositiva, pero el que no paga hoy igual va a tener que hacerlo dentro de unos meses o el próximo año”.

Tags: AgroCítricosMisionesProductores
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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