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Aceleran la creación de una criptomoneda “misionerista”

7 marzo, 2021
ACTIVO DIGITAL. “Hoy el Bitcoin es privado y emite criptomonedas ¿Por qué el Estado provincial no puede?, señalaron.

El Gobierno de Misiones avanza en varias líneas de trabajo para crear una criptomoneda provincial, sustentada en bonos verdes o bonos de carbono, que sea un activo financiero virtual y genere ingresos al Estado y los ciudadanos.

En el mundo hay más de 5.000 criptomonedas, en su mayoría impulsadas por empresas privadas. En los últimos tiempos, países como China e India buscan desarrollar estos activos para conquistar nuevos mercados. En Argentina hay provincias como Córdoba que han gravado sus operaciones y municipios como Marcos Paz (Buenos Aires), que ya elaboraron una criptomoneda de circulación local para impulsar el consumo.

Sin ir más lejos, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, contó que apostó al Bitcoin (la criptomoneda más famosa) en julio 2013 cuando su valor bajó de US$266 a US$50. Para octubre de ese año trepó a US$140. Si Galperin compró al menos una unidad a US$50 y todavía conserva su inversión, obtuvo una ganancia de casi mil por ciento porque -en la primera semana de marzo del 2021- esta criptomoneda se disparó a casi US$49.000.

Se llama criptomoneda porque no opera sólo como una nueva moneda virtual. Básicamente es un activo digital que puede ser enviada a través del uso de Internet. Existen varios tipos, como el Bitcoin y todas derivan de esta, con algunas diferencias.

Cuenta con reglas tanto para la emisión del activo, que es un número fijo finito (comparable con el oro) y presenta un novedoso sistema que mantiene el historial de transferencias o posesión de la moneda llamado en inglés Blockchain.

 

La criptomoneda misionerista

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, por un lado, coordina un equipo interdisciplinario (también integrado por el diputado Lucas Romero Spinelli; el titular del Fondo de Crédito Horacio Simes, el gerente Gustavo Turkienic; el titular de ATM Rodrigo Vivar; el funcionario de la exDGR Francisco Arizaga; Rodrigo Aranda y Alicia Penayo), que busca las mejores opciones tecnológicas para instrumentar la criptomoneda.

Por otro lado, el titular de la Legislatura, Carlos Rovira, presentó a finales de 2020 un proyecto de ley para crear el Programa Misionero de Innovación Financiera con Tecnología Blockchain y Criptomoneda. Tiene como objetivo “adaptar las nuevas tecnologías como herramientas para potenciar el desarrollo social y económico de la Provincia, como así también otorgar valor a sus recursos naturales”.

Según explicó Safrán, el equipo trabaja en tres líneas: conocer y familiarizarse con la tecnología Blockchain, que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura. Sería como el libro de asientos contables de una empresa.

En este caso sería un libro de acontecimientos digitales. La información no se pierde, queda guardada en el registro de cada usuario y no hay forma de modificarla sin dejar rastros. Con esta tecnología se está trabajando en un portal “Ciudadano Digital” que estará a cargo de la Agencia Tributaria.

La segunda línea es “tokenizar” bonos de carbono, a partir de las toneladas de oxigeno que emite la selva misionera. La tokenización es una forma de pago virtual, rápida y sencilla que vincula una cuenta con los servicios de pago digitales que se utilicen, administrando y protegiendo los datos personales.

Se pretende que los aportantes voluntarios o las empresas privadas (por Responsabilidad Social Empresaria o por multas a la contaminación ambiental) tengan la opción de comprar bonos de carbono de la selva misionera.

“Para este caso se exige una certificación confiable y de alguna empresa reconocida. Estamos trabajando en un Registro de Certificadores para tener la mejor opción”, explicó Adolfo Safrán a PRIMERA EDICIÓN.

La tercera línea tiene que ver con “generar una criptomoneda sustentada o respaldada por otro activo que puede ser dinerario o financiero”. La idea es que sea más estable en el tiempo y el valor que el Bitcoin.

 

La ley para darle marco

Rovira con su proyecto también pretende “promover políticas ambientales activas y transformadoras de cuidado del ambiente, creando conciencia acerca de los desafíos del cambio climático” y “abordar a través de diferentes proyectos la digitalización integral, la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos a través de herramientas inteligentes de Gobierno, estandarizando los procesos y contribuyendo a la despapelización en los organismos del estado”.

Con la amplia mayoría que posee el Frente Renovador en la Legislatura, se estima que el proyecto será aprobado cuando se tome la decisión política.

Mediante este programa se quiere “implementar una cadena de bloques para llevar adelante la construcción de un soporte digital para el registro de transacciones que se realizan; implementar el uso de activos digitales como medio digital de intercambio para transacciones; implementar smart contracts por medio de la creación del sistema de digitalización”.

Entre las definiciones legales que se impulsaron en la Cámara de Representantes “se entiende por Certificado Verde al documento que avala los beneficios tangibles e intangibles generados por los servicios ecosistémicos, producto del límite a la explotación económica del suelo misionero en términos de la preservación de la biodiversidad”.

De aprobarse, “la validación del Certificado Verde se realiza mediante tecnología blockchain garantizando la trazabilidad, seguridad y transparencia de los procesos y controles”.

En los fundamentos el autor indica que “detrás del bitcoin se encuentra la tecnología que le da soporte y le imprime una característica fundamental a la confiabilidad que el sistema mercantil exige para ser atractivo en términos de inversión y seguridad, nos referimos al blockchain (en español equivale a decir cadena de bloques)”.

El proyecto señaló que la tecnología blockchain comenzó a ganar mayor terreno en el mundo de las contrataciones dentro del elenco de modalidades electrónicas, con lo cual se empezó a tomar cuenta de la necesidad de otorgarle encuadramiento jurídico como desarrollista de las potencialidades económicas que proporcionaba.

A medida que se crean nuevos registros, estos son primeramente verificados y validados por los nodos de la red y luego añadidos a un nuevo bloque que se enlaza a la cadena.

Al ser una tecnología distribuida, donde cada nodo de la red almacena una copia exacta de la cadena, se garantiza la disponibilidad de la información en todo momento.

Por último, dado que cada bloque está matemáticamente vinculado al bloque siguiente, una vez que se añade uno nuevo a la cadena, el mismo se vuelve inalterable. Si un bloque se modifica su relación con la cadena se rompe.

 

¿Son legales? ¿Están reguladas?

Según el ministro Adolfo Safrán, no están reguladas las criptomonedas en ninguna parte del mundo y va a ser muy difícil que sean reguladas porque son intangibles. “Es como ponerle corrales a las nubes”, ejemplificó.

“Se podrán regular cuestiones de control de lavado de dinero, que los emisores sean agentes de información de operaciones sospechosas, pero nada más”, dijo.

Al respecto de la prohibición que establece la Constitución Argentina a los Estados provinciales de acuñar monedas propias, el ministro misionero sostuvo que “no es una moneda, es un activo digital, por eso no le cabe esa prohibición”.

“Hoy el Bitcoin es privado y emite criptomonedas ¿Porque el Estado provincial no puede? Si un privado puede emitir un activo virtual, un Estado también. Al no ser una moneda sino un activo digital queda afuera del marco de la prohibición de emitir moneda”, sentenció.

Tags: CriptomonedaInversionesMisiones
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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