La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a buena parte de las economías del planeta. Y la Argentina no fue la excepción. En ese contexto, el peso argentino fue la moneda de peor desempeño en los mercados emergentes por sexto año consecutivo.
Incluso, si se toman otros parámetros para realizar el análisis, podría ser el octavo de los últimos nueve años, si se tiene en cuenta el imparable índice de inflación. Analistas precisan que se trata de una consecuencia más de una década de giros, vueltas y reversiones en la política local que dejaron en ruinas a una economía que alguna vez fue promisoria.
Por otro lado, actualmente no aparece un final feliz a la vista para la caída del peso argentino en el mercado de cambios oficial, incluso pese a las mejores perspectivas previstas para los mercados emergentes para 2021.
Muchos especialistas aguardan que las autoridades aceleren la devaluación controlada diaria después de que las reservas de divisas alcancen su mínimo nivel en cuatro años.
Para Sergi Lanau, economista jefe adjunto del Instituto de Finanzas Internacionales, la pregunta es conocer por cuánto tiempo más Argentina utilizará las reservas para frenar el ajuste. “Es posible que tengan que implementar una devaluación escalonada”, indicó al especialista a iproup.com.
Por otro lado, un vocero del Banco Central declinó comentar sobre el desempeño del peso o los planes de política del banco para 2021.
El peso retrocedió frente al dólar desde diciembre pasado, y perdió alrededor de 40,3% en todo el año porque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo su política de permitir una depreciación de 0,1% – 0,2% diaria. Ese rendimiento, fue comparado con las caídas de 24,6% en la lira turca y 19,7% en el real brasileño.
El desempeño del peso es aún peor en el mercado negro. Un dólar cuesta alrededor de 166 pesos en casas de cambio informales, conocidas como “cuevas”, o alrededor de 140,33 pesos por dólar a través de una serie de transacciones financieras conocidas como “contado con liquidación”, que se contrajo 47% durante 2020.
La década de fuerte caída del peso se produjo con administraciones tanto de derecha como de izquierda. El proceso se agudizó durante la última etapa de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, cuando intentó limitar la caída imponiendo controles de divisas.
Sin embargo, el derrumbe del peso continuó luego con su sucesor, Mauricio Macri, cuando decidió eliminar esos mismos controles para restablecer la confianza de los inversores. En las últimas semanas de su gobierno, Macri se vio obligado a revertir esa decisión y reimponer los límites, un proceso que se intensificó bajo el mandato del actual presidente, Alberto Fernández.
El 3 de diciembre pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que esos controles ayudaron a desacelerar la pérdida de reservas extranjeras, que disminuyeron de forma constante durante 2020. Sin embargo, en todo caso, las perspectivas para este año son peores que las del anterior.
Los analistas esperan que la inflación se acelere a, por lo menos, 50% en 2021 frente al 30,9% de noviembre, lo que apresura la pérdida de competitividad de la industria local. No obstante, el Gobierno argentino desestima una rápida devaluación excepcional, a pesar de las expectativas del mercado de que podría verse forzado a implementar alguna en el transcurso del próximo año.
Eduardo Levy-Yeyati, economista y fundador de la consultora argentina Elypsis, desliza que el Gobierno puede “tratar de resistir” hasta las elecciones de mitad de período de octubre por temor a que se traspase a la inflación de forma previsiblemente importante.
“Sin embargo, la medida es contraproducente, ya que alimenta la especulación cambiaria a expensas de la inversión”, completa Yeyati.
Perspectivas
El recalentamiento del dólar informal sobre el cierre del 2020 refuerza la dificultad del equipo económico que conduce Martín Guzmán para minimizar las expectativas devaluatorias en los próximos meses.
Desde que en octubre el ministro logró acotar la brecha -que llegó a superar el 130% y ahora vuelve a asomarse al 100%-, el Gobierno se esfuerza por convencer a propios y ajenos de que no habrá, en el mediano plazo, una devaluación del dólar oficial por encima de la tasa de inflación. Insiste, incluso, en que esa posibilidad ni siquiera forma parte del menú de exigencias del FMI.
El impacto sobre los precios, particularmente de los alimentos, y también sobre el peso de la deuda, la gran obsesión del ministro de Economía, vuelve inaceptable para la gestión de Alberto Fernández una fuerte corrección del tipo de cambio. Sobre todo en un año electoral.
“No va a haber devaluación”, repiten en público y privado Guzmán y sus colaboradores. Y, aunque la velocidad y magnitud del ajuste es el corazón de la negociación con el Fondo, fuentes involucradas en las tratativas siguen sosteniendo que el “sendero” es el que indica el Presupuesto, que contiene varias premisas que lucen cada vez más difíciles de cumplir. Entre ellas, precisamente, la del valor del dólar oficial, para el que proyecta un precio de 102 pesos para fin de 2021.
Esa estimación ya quedó desactualizada dado que implicaría un avance de apenas 13,5% desde los 89,87 pesos en que cerró 2020 y un retraso respecto del nivel de inflación de 29% previsto en ese mismo texto. Ninguna de esas dos estimaciones está hoy alineada con el consenso del mercado, que prevé una suba del dólar de 40%, a 126,45 pesos, y una inflación de 50% anual, según el REM del BCRA.
Evitar una aceleración aún mayor de la inflación, que anotó en los últimos meses el efecto del salto del blue, es el objetivo principal del Gobierno que busca mantener el dólar lo más quieto posible, al tiempo que el Central lidia con la dificultad de recomponer reservas (el principal y más urgente problema de la economía hoy y al que medidas como el cierre de las exportaciones de maíz no contribuyen en nada a solucionar).
Con ese mismo espíritu de evitar “otro golpe al bolsillo” que se vea reflejado en el índice de precios es que surgen cada vez más dudas respecto del aumento de tarifas y la suerte del gasto público destinado a los subsidios, cuyo incremento Guzmán pretendía evitar.
Fuente: Agencia y Medios Digitales
