Por Sergio Dalmau
Lic. en Comunicación Social
Una vez más la dirigencia política argentina, o mejor dicho, quienes tienen el poder, sorprendieron con otro “a ver si pasa”. Mientras todos los ojos estaban puestos en la escalada del dólar y los problemas estructurales que el país tiene en torno a su economía, desde la Defensoría del Público anunciaron la creación del NODIO. El mismo se presentó como un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios de prensa y plataformas digitales. Este organismo, que también es estatal, estará dirigido por la periodista Miriam Lewin.
Llama la atención que desde el propio Estado se vuelquen -una vez más- a controlar lo que se publica. Se trata a simple vista de una práctica muy vinculada a la censura y emparentada con los años más oscuros y los procesos más violentos de la historia local, regional y mundial. Además, resulta un tanto paradójico que desde el propio Estado se hable de desinformación, cuando los números oficiales difundidos desde diferentes ámbitos y dependencias a veces son fácilmente refutables. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso?
En relación al observatorio NODIO, desde la Defensoría del Público indican que “no existe intención alguna de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa. Por lo tanto, NODIO aportará una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas”.
Siguiendo con la explicación oficial, aclararon que NODIO está pensado como una línea de trabajo que contará con la participación de plataformas digitales, universidades, comunicadores y comunicadoras, sindicatos, cámaras empresarias, empresas de comunicación y miembros de la sociedad civil. Tiene como objetivo promover la libertad de expresión y el debate democrático.
“La Defensoría está muy lejos de cualquier intento de control de la información pública. Por el contrario, nos propusimos, desde los inicios de esta gestión, concretar una apertura a todos los actores del sector que estuviesen interesados, pilares para el trabajo en conjunto por una sociedad más participativa, inclusiva y democrática”, remarcó Miriam Lewin, defensora del Público.
A partir de esos argumentos, me surgen varios interrogantes. ¿No sabían desde el Estado que ya existen otras organizaciones que cumplen la función de velar por una información de calidad? Sin ir más lejos, durante las últimas elecciones presidenciales, Chequeado junto a varios medios de comunicación, formaron “Reverso”, un sistema surgido desde el propio ámbito periodístico para pelear contra las “fake news”. Podría nombrar también a Maldita o AFP Factual, entre otros.
A esto también apuntó a Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que expresó su preocupación por la creación de NODIO. “Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de ‘observación’ como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aún más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”, expresó.
En el mismo sentido que ADEPA, la iniciativa estatal también fue cuestionada por otra organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras.
Asimismo, ¿conviene dejar en manos del Estado una herramienta para controlar a los medios de comunicación?
Todo aquel que se formó o se desempeña en el ámbito periodístico, sabe, a partir de una infinidad de material bibliográfico o desde la práctica misma, que no existe una sola verdad a la hora de comunicar un hecho. Somos seres humanos y por ende realizamos recortes o enfoques motivados por un sinfín de intereses. A pesar de eso, cuesta recordar -no digo que no exista- que se hayan publicado noticias falsas, como un hecho cargado de mala intención.
Ya lo expuso la catedrática Mar de Fontcuberta: “El periodismo cumple con las siguientes funciones: la de informar (reflejar la realidad); la de formar (interpretarla) y la de entretener (ocupar el ocio)”. Entonces, entiendo que en esa práctica, todas las interpretaciones pueden ser refutadas, pero siempre son válidas y ninguna debe ser acallada.
Entonces, nadie y menos desde el Estado puede agarrar el martillo y decir qué es información y qué no. Para eso, existen procesos de investigación y se debe dar siempre la posibilidad a que el medio pueda defenderse. Claro, estoy haciendo referencia a lo que suele darse en un proceso judicial.
A su vez, también me pregunto ¿Cuáles serán los criterios utilizados a la hora de cuestionar una publicación?, la línea es muy fina y esto se puede convertir, si es que ya no nació así, en un instrumento de persecución para aquel que piensa diferente. Sabido es el enfrentamiento del actual partido político gobernante con varios de los medios de llegada nacional.
Otra particularidad y volviendo a lo planteado al comienzo, llama la atención que días después del flamante anuncio del NODIO, el mundo salga a cuestionar por ejemplo, las cifras oficiales de los casos de coronavirus en Argentina. La Universidad de Oxford dejó de contar los datos del país ya que los considera poco confiables, ¿En ese caso, al entrar en funcionamiento, actuará el Observatorio?
No se trata de cargar contra un Gobierno en particular o de estar a favor de que los medios puedan realizar campañas de desinformación. Sí, me resulta un tanto peligroso que el poder de turno, sea cual fuere, pueda contar ahora, o en un futuro con herramientas institucionales para intentar callar una voz.
No se trata de ponerle freno a una idea, en este caso de personas que en su momento expresaron su intención de “venir por todo”. Pasa por cuestionar una iniciativa que, por momentos, es muy similar al artículo del diputado Oscar Parrilli que finalmente fue sacado de la reforma judicial. Hace unos meses ya se había puesto bajo la lupa el accionar de los periodistas y en ese momento, el diputado buscaba que los jueces pudieran denunciar “persecuciones mediáticas”.
No podemos dejar que un derecho constitucional sea la nueva víctima de esa grieta que se abrió desde el ámbito político. Una herramienta que parece surgir con la intención de defender los intereses del poder de turno seguramente será siempre utilizada y cada vez en mayor medida con el mismo objetivo. El país ya cuenta con mecanismos, sociales y judiciales que regulan la práctica periodística, en caso de que se quiera generar una nueva, la misma debe nacer de un consenso, en el que estén involucrados todos los sectores.
Como sociedad debemos constantemente defender la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como base fundamental del sistema democrático. Desde su propia naturaleza, el periodismo, investiga, molesta, indaga y cuestiona al poder, esa es la razón de su existencia.
Por su parte, desde su rol, los funcionarios deben rendir cuentas, dar explicaciones, asegurar el acceso a la información y las medidas de control social, transparencia y ética pública. Si se invierte esa fórmula, automáticamente debilita nuestras libertades y augura tiempos mucho más difíciles para todos.
