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Deuda: Argentina ante un nuevo obstáculo para cerrar un acuerdo

21 julio, 2020

Los tres comités de bonistas de la Argentina anunciaron en la tarde de ayer un acuerdo para unirse en el rechazo a la última oferta presentada por el país hace dos semanas para reestructurar 21 bonos de su deuda externa por 65.000 millones de dólares.

Sin embargo, presentaron una nueva contrapropuesta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que cederán algunas pretensiones económicas.

Trascendió que en la nueva propuesta, los acreedores utilizan los mismos bonos que los propuestos por la Argentina, la oferta de intercambio modificada, prometen un alivio total de la deuda superior a 35.000 millones de dólares en un período de 9 años, y lleva un cupón promedio con una tasa de 3,4%.

Se trata del primer statement conjunto de los tres grupos, que concentran cerca de un 40% de la deuda elegible.

Los Ad Hoc Group y Exchange Bondholders dicen tener entre ellos un 32% de la deuda (21.000 millones de dólares aproximadamente). El Comité de Acreedores de la Argentina poseería un 7%, mientras que el 60% no está identificable para el Gobierno.

El porcentaje reunido de los bonistas sirve para formar masa crítica y bloquear la propuesta de la Argentina, cuyas autoridades dijeron una decena de veces en los últimos días que no se modificará.

Sin dólares para pagar más, tal como lo señaló el presidente, Alberto Fernández, y lo reforzará hoy en un mensaje ante la Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), la llave podría estar en los términos legales.

Los tres grupos de acreedores plantearon que aceptarán que los bonos Globales (emitidos por Mauricio Macri) conserven los términos legales (indenture) de 2016, aunque modificada en algún aspecto. Ya no pedirán tener la indenture 2005 para los bonos más recientes.

Es decir, que no habrá una regresión en la “arquitectura financiera internacional” en referencia a las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) o anti-buitres.

Estos términos establecen desde 2014 en el mundo porcentajes mínimos de adhesión a un canje de deuda más laxos que los usados por Argentina en su reestructuración de 2005 (66% de aceptación general actualmente versus 85% anteriormente), con el objetivo de que un fondo no pueda bloquear por sí solo una oferta soberana, sino que se necesite una importante masa de acreedores en contra para hacer fracasar las propuestas de los estados.

Y la novedad es que al rechazo inicial del Ad Hoc Bondholder Group (conformado por BlackRock, Ashmore, Fidelity, T.Rowe Price y Autonomy Capital, entre otros) y del Argentina Exchange Bondholders (liderado por Monarch, VR Capital, Cyrus y HBK, entre otros) se le sumó el Argentina Creditor Committee (Comité de Acreedores de la Argentina, ACC, integrado por fondos como Gramercy, Fintech y Greylock Capital).
Estos últimos habían comunicado su aceptación a la última oferta de Guzmán, incluso un día antes de que se registrara en la SEC.

“La propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos Globales existentes se regirán por una versión modificada de los términos de 2016”, plantearon los bonistas.

Los bonos Globales (Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares, BIRAD) habían sido emitidos entre 2016 y 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri.

Su default, al no pagar el 22 de mayo (final del período de gracia de 30 días) los 503 millones de dólares en concepto de intereses por los títulos que amortizaban en 2021 (AA21), 2026 (AA26) y 2046 (AA46), desencadenó el proceso de negociaciones después de la oferta unilateral de la Argentina a fines de abril.

 

Contexto

Los acreedores, entre los que pesa fuerte BlackRock, buscaban que los bonos a emitir para canjear los Globales tuvieran la indenture 2005, por la historia de incumplimientos de la Argentina. Es el noveno default en la historia del país.

“Creemos que nuestra propuesta mejorada proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia; brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital; y proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”, expresaron los bonistas, que firmaron un acuerdo de cooperación para remarcar que la oferta actual de Guzmán no puede ser apoyada.

“De conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de canje propuesta por Argentina”, anticiparon.

“Estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino”, matizaron sobre el cierre.

Tags: #economíaAlberto FernándezArgentinaBlackRockDeuda externaPandemia
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Fúnebres del martes 21 de julio de 2020

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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