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La tipificación contra Valdir: entre “malversación de fondos” y “asociación ilícita”

10 julio, 2020

El Juez de Instrucción N°3 de San Vicente, Gerardo Caso, citó al exintendente de San Vicente, Waldomiro “Valdir” Dos Santos a comparecer al Juzgado para ratificar la designación de sus abogados defensores en la denuncia que le efectuaron el actual intendente, Fabián Rodríguez, y varios concejales, por la venta presuntamente irregular de terrenos municipales durante los últimos meses de 2019.

Si bien, todavía no hubo avances ni las partes tomaron contacto con el expediente, se prevé que habrá una polémica en la calificación que la Fiscalía le otorgue al caso ya que de ello dependerá la posibilidad de castigar con prisión o no los presuntos delitos cometidos.

En la citación del Juzgado a “Valdir”, a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, se notifica instrucción formal por “malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público”, que se tramita en la Secretaría N°1 de dicho Juzgado.

Sin embargo, en la denuncia presentada por los concejales sanvicentinos se pide específicamente que una de las calificaciones sea “asociación ilícita”, que establece una condena con prisión de tres a diez años de los integrantes y un mínimo de cinco años para el jefe u organizador.

En la misma línea, el intendente Rodríguez, en sus primeras declaraciones públicas acerca del caso, remarcó que desde su punto de vista se cometió una “estafa” y apuntó a una “asociación ilícita” entre los implicados.

“A mí no me quedan dudas de que es una asociación ilícita. Eso igual debe decidirlo el juez y el fiscal, pero esto no fue planeado por una sola persona”, remarcó Rodríguez.

Consultado ayer por este Diario, el intendente del Partido Agrario y Social sostuvo que hasta ahora hay más de diez damnificados identificados que compraron propiedades pero los recibos que emitió el Municipio fueron anulados en contabilidad y en los registros municipales.

Anticipó que el lunes irán más vecinos que compraron los lotes a corroborar su documentación en la Municipalidad.

Al respecto de la calificación de los presuntos delitos, Rodríguez fue enfático en que, para él, se trata de una estafa y asociación ilícita pero aclaró que “eso lo debe definir el juez”. Igualmente dijo  a PRIMERA EDICIÓN que “creo que después de las declaraciones de los vecinos (en la causa) se impondrá la calificación de asociación ilícita. Después que declaren seguro va a cambiar (la calificación)”.

La importancia de la calificación radica en la condena contra los implicados. Al tratarse de “malversación de caudales públicos y violación de deberes de funcionario público” son delitos excarcelables. En cambio, si la tipificación fuera “estafa y asociación ilícita”, hay condena de prisión para los involucrados.

 

Las denuncias

Los concejales Elvio Ceferino Rodríguez, Alejo Rodríguez y Mirta Graciela Rodríguez denunciaron al exintendente Dos Santos, a quien era su secretario de Hacienda, Hugo Barovicz y al jefe de Recaudación, Ladomiro Juan Néstor, por la venta de terrenos municipales remanentes de la exruta nacional 14.

Relataron que los funcionarios cobraron el dinero de la venta a los contribuyentes, luego anularon los recibos emitidos pero no reintegraron el dinero cobrado. Creen que ese dinero se quedó entre los funcionarios. En las últimas semanas aparecieron más de diez compradores con los recibos, que se constataron como “originales” pero se desconoce el destino del dinero.

Los ediles consideran que “sin perjuicio del elevado criterio del agente fiscal”, las conductas desplegadas por los denunciados se encuentra “ajustada al delito de asociación ilícita ya que se dan absolutamente los requisitos exigidos para este tipo penal”.

En tanto, el intendente en su denuncia no refiere calificación penal pero en sus declaraciones públicas sí lo hace.

 

El antecedente “Coleco” Krysvzuk

El exintendente de El Soberbio Alberto “Coleco” Krysvzuk fue denunciado y el mismo Juzgado N°3 de San Vicente determinó que deberá afrontar un juicio por los delitos de “peculado”, “fraude en perjuicio de la administración pública”, “falsificación de documento y asociación ilícita todo en concurso ideal”.

La Fiscalía en 2017 realizó el requerimiento de elevación a debate, tras el cierre de la etapa de instrucción, dejando afuera el delito de “asociación ilícita”, el más grave y con el de mayor pena, sin embargo el Tribunal Penal de Oberá resolvió que no se debe excluir ese delito de la acusación.

“Coleco” pasó más de dos años arrestado, entre 2015 y 2017 y su abogado defensor, el mismo que ahora representa a Valdir Dos Santos, logró que recupere su libertad y espere el juicio fuera de prisión. Había sido puesto en prisión el 2 de enero del 2015, cuando se entregó tras protagonizar una cinematográfica fuga en medio de un tiroteo, y permanecer prófugo nueve meses.

Tags: Asociación IlícitaconcejalesIntendenteMalversación de FondosSan Vicente
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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