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Misiones activó “retén” a extranjeros no residentes en sus fronteras

16 marzo, 2020
EN ACCIÓN. Con guantes y barbijos, el personal policial controló ayer vehículos y personas para cumplir las órdenes.

Un grupo que incluye a decenas de policías y agentes sanitarios de la provincia de Misiones, quedó destinado ayer a ejecutar de inmediato la medida que impide el ingreso a la Argentina de extranjeros no residentes, provenientes de países con coronavirus.

Precisamente el domingo, PRIMERA EDICIÓN dedicó su portada a la “frontera colador” terrestre que significaba Misiones en la emergencia, por la escasa cantidad de recursos humanos y técnicos que tiene Migraciones (dependiente del Ministerio del Interior de la Nación) en la tierra colorada.

Especialmente en los puentes entre Posadas-Encarnación (Paraguay) y Puerto Iguazú-Foz de Iguazú (Brasil).

A pesar de haber estado en Iguazú los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sabina Frederic (Seguridad), no se incorporó personal ni equipamiento para frenar el ingreso de extranjeros que no viven en nuestro país, menos aún para controlar el destino de los mismos dentro del territorio argentino.

Por decisión del gobernador Oscar Herrera Ahuad, ayer se reunieron el ministro de Gobierno Marcelo Pérez con la plana mayor de la Policía de Misiones. Trascendió que la orden dada a los jefes de Unidades Regionales fue destinar personal de manera inmediata al nuevo objetivo. Mientras tanto, se ultimaron detalles organizativos de turnos de los efectivos para los días siguientes.

Por su parte el ministro de Salud, Oscar Alarcón, mantuvo comunicación con funcionarios de Aduana y Migraciones a fin de llevar adelante la coordinación de acciones.

A media tarde ya se pudo ver el despliegue de la fuerza de seguridad misionera en los acceso a la ciudad de Posadas y en cercanías al puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

 

Entre Gobierno y Salud Pública

Hoy, funcionarios del Gobierno provincial darían una conferencia de prensa para explicar cómo se ejecutará este “retén”.

Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, la fuerza provincial pedirá la documentación a las personas que trasponen la frontera en todos los pasos internacionales (Iguazú, Irigoyen, Posadas, Alba Posse, San Javier, Eldorado, Paso Rosales, Andresito, Puerto Rico, por mencionar algunos). Pero también en zonas limítrofes con Corrientes como El Arco, Azara o Centinela.

Actuarán fuera del límite nacional en el que tienen jurisdicción Gendarmería y Prefectura.

En caso de detectar ciudadanos extranjeros sin residencia, los acompañarán a las cabeceras de Migraciones, se los notificará del cierre de frontera decretado por el presidente Alberto Fernández para que regresen al Paraguay o Brasil.

Si tienen residencia o se trata de argentinos que regresan al país, se dará intervención a Salud Pública para que se active el control sanitario, se verifique el país visitado y si requieren el cumplimiento de la cuarentena obligatoria preventiva.

De hecho Salud Pública de Misiones tendrá una carpa con profesionales médicos en los puentes San Roque González y de la Amistad, con la posibilidad de activar desde allí un protocolo en caso de emergencias por dengue o coronavirus.

Anoche continuaban las comunicaciones entre fuerzas federales con asiento en la provincia y funcionarios para ultimar detalles del accionar.

 

Estricto control paraguayo

El Gobierno de Itapúa tomó rigurosos recaudos necesarios de aislamiento social para evitar la aglomeración de personas en distintos puntos del departamento paraguayo y evitar así la propagación del coronavirus (COVID-19).

En Encarnación, debido a que parte de la población transgredió la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, la Policía Nacional salió a las calles para intensificar controles.

 

 

Se endurecieron las medidas para que se eviten aglomeraciones e instaron a padres a no acudir a lugares públicos con niños ni con adultos mayores, aconsejaron que se queden en aislamiento social. De no cumplir con la resolución, la fuerzas policial tomará las medidas necesarias.

Según el medio paraguayo ABC Color, el presidente Abdo Benítez no descarta aplicar el toque de queda, si la población no acata la orden de permanecer aislada.

Además, la Municipalidad de Encarnación cerró el acceso a las playas de la ciudad.

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Tags: #Brasil#Frontera#PosadascoronavirusEncarnación
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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