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Provincias recibieron más fondos pero invirtieron menos en educación

20 diciembre, 2019
Imagen ilustrativa

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Que el Estado nacional incumplió con la meta de inversión del 6% del PIB en educación en 2016, 2017, 2018 y -aunque aún no hay números- seguramente también en 2019, no es ninguna novedad. Pero el último informe del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que “pese a que contaron con más recursos, las provincias redujeron la inversión educativa desde 2015”, incidiendo también en el incumplimiento de la meta establecida en la Ley de Educación Nacional.

Según el mencionado informe, “aunque tuvieron mayores recursos de coparticipación, entre 2015 y 2018 las provincias redujeron el gasto en educación. En el período también disminuyó la inversión educativa del Gobierno nacional. Al observar el período 2005-2018 se advierte que en CABA, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero la inversión en educación creció muy por debajo de la evolución de los recursos coparticipables. Entre 2015 y 2018 se registró un retroceso de la inversión educativa provincial del 15,6%. Sin embargo, en el mismo período hubo un aumento de 10 puntos porcentuales en la proporción de fondos tributarios disponibles para las provincias, como consecuencia del DNU 406/2016, que definió la devolución paulatina de fondos de coparticipación a las provincias en el período 2016-2020”.

Según recordó este estudio, el gasto educativo nacional cayó 18,2% entre 2015 y 2018, en un contexto en el que aproximadamente el 75% del presupuesto educativo corresponde a las provincias. El presupuesto destinado a universidades creció hasta 2015 y fluctuó entre 2016 y 2018. Entre 2015 y 2018 muestra una caída de 6,2%.

En educación básica se observa un salto significativo en 2011, caída posterior y recuperación en 2015. A partir de ese año el gasto en educación básica cayó 28,4%. Respecto a los otros gastos en educación, el mayor incremento se observa entre 2012 y 2014, para luego caer 37,3% entre 2015 y 2018.

 

Cambio de tablero

Teniendo en cuenta que la meta de inversión del 6% del PIB se cumplió únicamente en un año (2015), y que el gasto público ha sido deficitario en el período reciente, considerar las responsabilidades de financiamiento compartidas entre la Nación y las jurisdicciones es clave para evaluar la sostenibilidad de la inversión educativa.

Por ello, el informe del Observatorio Argentinos por la Educación se enfoca en los cambios en la inversión educativa a partir de la reasignación progresiva de 15 puntos porcentuales de la Coparticipación Federal de Impuestos, antes destinados a financiar la seguridad social, a la masa de recursos a distribuir entre la Nación y las provincias, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2015, que dio lugar al DNU 406/2016.

Al respecto, Alejandro Morduchowicz, especialista Líder en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, indicó que “durante los últimos años ha caído la inversión educativa en el país. Lo novedoso, esta vez, fue que los recursos de Coparticipación de Impuestos -principal fuente de financiamiento sectorial- disminuyeron para el Estado nacional, pero crecieron para las provincias. Por lo tanto, estas habrían estado en condiciones de incrementar la asignación de recursos para educación”.

Variación entre gasto educativo jurisdiccional y recursos por coparticipación 2005-2018

Datos por provincias

Para cada jurisdicción, el informe observa la evolución real del gasto educativo y los fondos recibidos por coparticipación federal entre 2005 y 2018, junto con dos indicadores de “esfuerzo”: gasto por alumno, medido en relación con la canasta básica de consumo regional; y esfuerzo financiero relativo, es decir, el porcentaje del gasto público destinado a educación ponderado por la proporción de la matrícula que asiste a escuelas de gestión estatal (con datos de 2017).

El menor esfuerzo financiero relativo se registra en las provincias de La Rioja (22,6%), Santiago del Estero (23,8%), Formosa (24,4%), San Juan (25,7%), Catamarca (26,0%) y Jujuy (26,9%). En contraste, el mayor esfuerzo financiero lo realiza la provincia de Buenos Aires (41,6%), seguida de Río Negro (35,3%), Corrientes (33,2%), Salta (33,0%), Chaco (33,0%) y Neuquén (32,4%).

Las jurisdicciones donde la inversión en educación creció por debajo de la evolución de los recursos coparticipables son CABA, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero. Mendoza y Córdoba también muestran incrementos de la inversión ligeramente inferiores al aumento de recursos coparticipables.

En el otro extremo, en Santa Cruz, Misiones, Salta, San Juan, La Pampa y San Luis la inversión educativa tuvo un incremento significativamente mayor al de los recursos coparticipables entre 2005 y 2018.

 

Misiones

En el caso de Misiones, su gasto en educación en el período 2005 a 2018 superó un 69,5% a los recursos que recibió durante ese período como fondo coparticipable. Después de Santa Cruz, es la provincia que más gastó en educación en proporción a su coparticipación.

No obstante, cuando se analiza el “esfuerzo financiero” realizado por la provincia, ésta queda en el promedio país y ello es así porque este concepto tiene en cuenta sólo la inversión que llega a los alumnos del sector de escuelas de gestión pública y no a la matrícula de las instituciones de gestión privada donde la provincia destina una parte importante de su presupuesto.

Por eso también, Misiones figura entre las provincias con el menor gasto por alumno (ajustado por el costo de vida local) junto a Santiago del Estero y Córdoba. El mayor gasto por alumno aparece en Tierra del Fuego, seguida de Neuquén y CABA.

Tags: #EducaciónCoparticipaciónMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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