POSADAS. “El pueblo con su voto aprobó el modelo que tomó estas decisiones”, fue la justificación a la que se recurrió desde el oficialismo para bloquear el tratamiento sobre tablas de un pedido de informe opositor al Ejecutivo municipal para que ofrezca detalles sobre los aspectos considerados al otorgar un nuevo aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros. A la vez, decidió enviar a archivo “por extemporánea” otra iniciativa similar referida a idéntica solicitud en cuento al anterior incremento tarifario, en noviembre, que nunca logró dictamen.A este argumento sostenido por el titular de la Comisión de Transporte y Tránsito, Mario Florentín (FR), se sumó también una encendida defensa de esa suba del defensor del Pueblo, Marcelo Vairo. “Estamos asfixiando a las empresas”, reflexionó al justificarse, añadiendo que desde el anterior incremento han pasado seis meses y “desde entonces quién no recibió un aumento en sus ingresos”.Extenso debate sobre el boletoEse aumento a las tarifas del sistema integrado fue el debate central de las casi seis horas que duró la sesión de ayer, en que también se decidió solicitar se intime a Servicios de Aguas de Misiones SA (Samsa) a que elimine los malos olores que afectan a los vecinos de la chacra 153, donde se encuentra una estación elevadora de líquidos cloacales Todo comenzó con una propuesta del radical Hernán Damiani para que se requiera al intendente Orlando Franco que remita información sobre antecedentes y razones que determinaron el reciente aumento del boleto del transporte público de pasajeros. Además de reclamar que, pese a haberse ya adoptado la medida en su primera etapa, se cumpla con la previsión de la Carta Orgánica Municipal (COM) y se convoque a una audiencia pública, a fin de escuchar el planteo de los vecinos. En este último sentido se manifestaron también integrantes de una multisectorial de organizaciones comunitarias y vecinos que, en un cuarto intermedio, expresaron su oposición al incremento establecido en el decreto 350/12 del Gobierno provincial.Se recordó también que hace sólo una semana desde la renovación se había sostenido que no habría una nueva suba de tarifa hasta tanto no se incorporará el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) que permitiría conocer cuál es la cantidad real de pasajeros que se transportan en los colectivos del Sistema Integrado. Y se mencionó, por ejemplo, que según las declaraciones juradas de las empresas estos ascenderían a sólo 900 mil pasajeros mensuales (30 mil por día), que es la cifra que se usa para calcular el valor de boleto único. Desde la renovación, José Moglia trató de limitar el debate y se buscó refutar las distintas ponencias opositoras, defendiendo la decisión tomada de incrementar la tarifa en un 25% (12,5% ahora y otros 12,5% en julio). “Cuando empezó a hablarse del tema, el pedido era de un 70%”, recordó Florentín, condescendiente. Aunque no mencionó que en ese entonces, octubre de 2011, el pasaje valía 1,70 peso y en julio saldrá 2,50 pesos.Finalmente, la Renovación impuso su mayoría y rechazó la moción radical. “No tenemos el poder de decisión”“No tenemos el poder de decisión, nos convocan, en nuestro caso exponemos nuestra situación, está expresada en contra y espero que tengamos un poco más de fuerza más adelante”, declaró a FM del Lago el intendente de Garupá, Luis Ripoll, al admitir que los intendentes del sistema integrado (también Candelaria y Posadas) no tienen el poder de decisión sobre el costo de la tarifa.Estas palabras fueron traídas ayer al recinto del Concejo posadeño por el edil Rolando Rubleski (TP), al fundamentar su posición contraria al aumento del boleto del transporte urbano. Y siguió citando a Ripoll: “Le hicimos saber que era un aumento imposible, porque pedían un aumento de 1,20 en total y en toda la autorización de ir y venir se autorizó en 50 centavos en dos veces”. Dijo además que en esas declaraciones el intendente de Garupá se quejó también del servicio que reciben en ese municipio por parte del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano misionero y volvió a plantear que si las empresas no mejoran el servicio insistiría en la iniciativa de establecer una prestación municipal que lo complemente. Reclaman la intimación a SamsaPor unanimidad, el Concejo reclamó ayer al intendente Orlando Franco que gestione ante el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) la intimación a la empresa Servicios de Aguas de Misiones para que termine con los malos olores existente en la chacra 153. El reclamo radica en que en cercanías del puente que atraviesa el arroyo Mártirez hay una estación elevadora de líquidos cloacales que vuelca allí sus excedentes en crudo.En el lugar existen al menos cuatro razones que determinan esos malos olores. Según constató la Defensoría del Pueblo, ellos son: 1) la transferencia se hace al aire libre y el lugar sólo está cubierto por una lámina de plástico; 2) se descargan los camiones atmosféricos con el consiguiente derrame de algunos desechos; 3) la bomba de desagote se opera de forma manual y muchas veces se demora su uso, volcándose al arroyo cuando se ve rebasada; 4) no hay grupo electrógeno auxiliar, por lo que el bombeo es imposible cuando hay cortes de luz.La ocasión permitió también que desde el oficialismo y la oposición se preguntaran si no correspondían sanciones desde el Eprac y “si no es el momento de revisar la concesión a Samsa”.El nuevo planteo crítico contra la empresa concesionaria del servicio de agua potable generó también una queja desde la Renovación, ante la ausencia de un representante de ésta cuando, días atrás, el tema fue considerado en la reunión de comisión. Jurado de EnjuiciamientoA veinte días de haber vencido el plazo previsto en la Carta Orgánica Municipal (COM), el Concejo designó ayer los miembros que lo representarán en el Jurado de Enjuiciamiento Municipal. Aunque todavía quedará pendiente el sorteo de los representantes de los electores y del foro local en ese cuerpo.Como jurados titulares designó a las renovadoras Laura Duarte y Claudina Deglise, y al radical Pablo Velázquez; y como suplentes a Magdalena Solari (FR), Rolando Rubleski (TP) y José Almirón (Pro). A la vez, se informó que a través del decreto de Presidencia 114/12 s
e habilitaron los registros para los abogados y ciudadanos que quieran ser jurados y que serán sorteados más adelante. En la ocasión, se dijo que se lo firmó el 30 de marzo, hace veinte días, y aún están pendiente su difusión y publicación en al menos dos medios locales.
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