POSADAS. Tras un receso de dos semanas, continuó ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad el juicio a cinco ex integrantes de la Policía de Misiones, acusados de los cargos de “tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad agravada” por delitos de lesa humanidad cometidos contra 62 presos políticos detenidos entre los años 1976 y 1977 por fuerzas conjuntas que actuaron en la represión ilegal. Se encuentran como imputados en este cuarto “juicio por la verdad” en Misiones, el ex jefe de la Policía provincial durante la dictadura, el ex coronel Carlos Omar Herrero; el jefe de Investigaciones de la época, Felipe Nicolás Giménez; los ex agentes Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo y el ex médico policial, con el grado de subcomisario, Guillermo Roque Mendoza. El juicio se inició el 21 de marzo pasado, y se espera que a lo largo de la ronda de testimoniales que se inició ayer, comparezcan aproximadamente 110 testigos ante el tribunal compuesto por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia Federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, ya que los magistrados misioneros fueron recusados.Desde las 8, declararon ayer ante el Tribunal ocho ex presos políticos, quienes ratificaron los testimonios ofrecidos en la etapa de instrucción de la causa; aportando datos que, por la coincidencia de fechas y procedimientos, dejan al desnudo un operativo sistemático de represión de dirigentes y militantes sociales y políticos. En los sucesivos testimonios, aparece reiteradamente la sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, ubicada entonces sobre la calle Buenos Aires, en la Jefatura de Policía, como centro de reclusión y tortura de los detenidos por la represión ilegal. Dieron su testimonio en la mañana Graciela y Teresa Franzen, Nilda Friedl, Ricardo Ortellado, Augusto Speratti y Mario Julio Gómez; mientras que por la tarde lo hicieron Florentín Lencinas y el sindicalista y docente Aníbal Velázquez, quien dio detalles de su encuentro en cautiverio con Carlos Zamudio, el joven que habría sido asesinado en Chaco, pero trasladado por los militares a la provincia para hacerlo aparecer como “muerto en un enfrentamiento” junto al dirigente agrario Pedro Peczak. Mario Julio Gómez relató en detalle cómo fue secuestrado el 19 de octubre de 1976 de su lugar de trabajo, el archivo de Casa de Gobierno, luego de que ante el golpe militar, y siendo un militante social en los barrios, se negara a dejar su lugar de trabajo o esconderse “porque no tenía nada que ocultar”. Testimonio claveEl testimonio de la ex titular del Inadi, y actual dirigente de CTA, María Graciela Franzen -denunciante en la causa- quien fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 por un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas conjuntas, y sometida a tormentos reiterados, complica la situación del médico policial Mendoza y el oficial Giménez, dos de los acusados, a quienes la testigo afirma haber reconocido entonces. Franzen relató que el médico la asistía cuando se encontraba en gravísimo estado por las torturas, y que reconoció, entre otros, al oficial Giménez, titular entonces de Investigaciones, cuando fue sometida a una sesión de tortura en una dependencia de la Policía provincial sobre la calle Buenos Aires entre Santiago del Estero y Tucumán.Control y amenazasFranzen dijo a PRIMERA EDICIÓN que en algún momento alcanzó a correrse la venda de sus ojos, “probablemente porque fui una de las primeras detenidas y no se cuidaban tanto”. Destacó que volvió a identificar al médico cuando éste la atendió en la Alcaidía de Mujeres, adonde fue remitida posteriormente en grave estado. El relato de Franzen sobre la persecución sistemática que sufrió su familia durante la dictadura mereció que el presidente del Tribunal observara posteriormente que existían razones para considerar que se habría configurado un delito de acción pública, y recomendara al fiscal investigar los hechos. Al respecto, Franzen resaltó que “sí, porque a mi familia la persiguieron, no sólo por la detención de varios de sus integrantes, sino por el haber quedado sin trabajo, la persecución, durante la dictadura del resto de la familia -porque a mi hermano lo mataron en la masacre de Margarita Belén, y yo fui exiliada- y al resto de mis hermanas, las obligaban a dejar sus trabajos”. “Sin contar el control de mi casa, siempre, de mis amistades, y las amenazas continuas”, recalcó. El oficial Giménez se retiró del recinto judicial ni bien compareció Franzen, invocando que haría una ampliación de su defensa, cosa que no ocurrió, ya que el acusado desechó esa intención y señaló que hará su presentación más adelante. Giménez, quien fuera el jefe de Investigaciones en el momento en que se cumplió con el plan represivo, es el más enfático en defender su actuación y cuestionar el juzgamiento, que histriónicamente calificó -en la audiencia anterior- como un “ancianicidio”. La causaA Herrero se lo juzga por 42 hechos; al igual que a Giménez. Mendoza es indagado por 3 hechos; Amarilla por 41 y Pombo por 10; en la causa acumulada y recaratulada bajo el Nº 87/2010, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el Departamento de Informaciones, el Destacamento policial conocido como Casita de Mártires y, la Casita del Rowing, todos CCD (Centros Clandestinos de Detención) dependientes de la Policía de Misiones. Como parte querellante, además de las víctimas, está el Ministerio de Derechos Humanos, con la secretaria de Derechos Humanos Amelia Báez como representante. Los abogados querellantes por el Estado misionero son Juan Bautista Martínez y Orlando Prestes.Héctor Rafael Pereyra Pigerl representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Canteli representa a la víctima Eladio Benítez y Carlos Andino a Juan Marcelo Quirelli. Defiende a los imputados Herrero, Giménez y Amarilla la defensora oficial, Susana Beatriz Criado Ayán; y hace lo propio con el médico Mendoza el defensor particular César Edgardo Ortellado; en tanto Pombo está representado por el abogado Alberto Kûlhe. “Una reparación necesaria”“Para mí este fue un momento muy fuerte, y muy esperado, esperamos 36 años este momento, si bien esta presentación la ven
go haciendo desde el ‘84 -cuando vuelvo del destierro que sufrí por la dictadura- y como en ese momento habían quedado algunos meses detenidos ellos, pero luego quedaron en libertad por las leyes de impunidad, y ahora pensamos que va a venir la justicia tan esperada”, dijo Graciela Franzen a PRIMERA EDICIÓN. “Es muy importante para nosotros, como víctimas, como sobrevivientes, ser escuchados, porque durante todo ese proceso de secuestros y torturas, de detención ilegal que tuvimos, nunca estuvimos delante de un juez, nunca tuvimos abogados defensores, nunca tuvimos a nadie que nos escuchara desde el Estado, porque era justamente el Estado el que nos estaba haciendo daño, a nosotros como personas, a nuestra familia, a la sociedad toda, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Es un poco pasar de ser los ‘terroristas subversivos’ -ese título que nos pusieron ellos- a volver a ser lo que fuimos, militantes sociales, políticos, estudiantiles, gremiales, o religiosos”. “Es una reparación muy importante para nosotros, muy necesaria. Además, es la única forma de terminar con tanta impunidad, porque al haber justicia, es la única garantía de que esto no va a ocurrir más”, reiteró. “Fui una de las primeras en ser detenida, y tal vez por eso no se cuidaban tanto, no sé -agregó- pero así pude reconocer a muchas personas, muchos nombres, tuve oportunidad de verlos, y después, también en estos años de democracia, en la desesperación de buscar a mis compañeros desaparecidos, fui a la casa de varios de ellos a preguntarles, entonces, cada uno me iba dando datos. Porque es una deuda que todavía tenemos, encontrar a nuestros compañeros desaparecidos y a los niños apropiados que nacieron en cautiverio”.
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