La empresa contratista de la estatal Marandú Comunicaciones deberá pagar el arreglo, la intervención arqueológica y eventualmente una multa por los daños que ocasionó en dos estructuras jesuíticas de cuatrocientos años de antigüedad pertenecientes al complejo monumental de las reducciones de Corpus, ubicadas en la localidad homónima.El deterioro se comprobó hace dos semanas, luego de que una máquina retroexcavadora de la firma QTY SA ingresara al predio -protegido por legislación nacional y provincial- para realizar el zanjeo por donde correrán los caños para la fibra óptica.El daño fue confirmado por la arqueóloga Alejandra Schmitz, referente del Proyecto de puesta en valor de las reducciones de Corpus, una iniciativa del gobierno provincial que comenzó en 2013 pero que no tuvo continuidad, pero al que se destinan ocho millones de pesos en el presupuesto general de cálculos y recursos del año que viene.La profesional refirió que la máquina que trabaja para la contratista se llevó puestas dos estructuras de alto valor arqueológico, tal lo publicado en exclusiva por este diario. Desde la firma estatal habían intentado negar la información, pero el trabajo especializado de la arqueóloga la confirmó punto por punto, y hasta develó que la empresa se hará cargo del costo y de una eventual multa que se le imponga, según la legislación vigente, aunque estimó que el daño podría considerarse “moderado” teniendo en cuenta que se alteraron 30 metros cuadrados de un total de 14 hectáreas protegidas.“Se verificó el deterioro”“Se ve un deterioro visible sobre el sector del predio en su lado oeste que da a la avenida Prefectura Naval Argentina. Hubo afectaciones producidas por la máquina de la empresa QTY y a partir de las evidencias, se verificó un deterioro que evaluamos con un nivel de impacto moderado. Fundamentalmente se dañaron parte de los talleres de las reducciones y del lugar donde funcionaba la huerta”, explicó la arqueóloga a PRIMERA EDICIÓN.La intervención de la maquinaria pesada en el predio protegido causó un enorme malestar entre los vecinos de Corpus, que trabajaron más de una década para convencer al gobierno provincial sobre la necesidad de invertir en la recuperación de este conjunto monumental que permanece enterrado debajo del pueblo, y que fue uno de los más importantes del período jesuítico con más de cuatro mil habitantes guaraníes.En 2011 y por decreto N° 587/2011, el gobernador Maurice Closs creó la firma Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado, que quedó a cargo de su jefe de asesores Enrique “Quique” Gross. La firma tiene a su cargo la construcción de 900 kilómetros de fibra óptica con un presupuesto de 236 millones de pesos, que en un 84% provienen de fondos nacionales mientras que el resto lo cubre el gobierno provincial. La impericia de la firma contratada por Marandú en el predio de las ruinas también alertó a los especialistas, porque no será la única localidad en la que se encuentren con áreas protegidas por su valor arqueológico y cultural.Un resguardo necesario“Para resguardar estas superficies que fueron dañadas se necesitan intervenciones que corrijan lo que hizo la máquina”, explicó la arqueóloga Schmitz. La especialista detalló que en el sector donde funcionaban los talleres de la reducción, la retroexcavadora removió con la pala unos cinco metros de basamentos del recinto principal, y arrastró dos líneas del muro de piedras que sobresalía del suelo, ya que el resto se encuentra enterrado. “Por suerte no se quebraron las piedras. Entendemos que hay que volver a reubicar esas piezas en el lugar original, pero es una intervención arqueológica. El mismo trabajo deberá encararse en la huerta, que es el otro sector dañado. Por arriba de la huerta la máquina recorrió 140 metros hasta toparse con el muro perimetral que también en parte estaba enterrado. Allí también removió las piedras de ese muro”.La especialista, que documentó los daños mediante un pormenorizado registro fotográfico, elevó el informe a las autoridades provinciales y a la comuna, y en especial a la firma Marandú Comunicaciones. En una segunda instancia calcularán el costo de los trabajos que se requieren, los que deberán estar a cargo de especialistas. “Este costo estará a cargo de la empresa QTY que es la firma que contrató Marandú Comunicaciones. La firma también es pasible de una multa según lo establecen las leyes nacional y provincial que declaran patrimonio a todo el predio”, refirió.Un tesoro enterrado debajo del puebloEl proyecto de puesta en valor de las ruinas comenzó en 2013 y llevó un intenso trabajo de registro y determinación de la existencia de vestigios de enorme importancia histórica, arqueológica y cultural. Es que si bien casi todo el conjunto monumental permanece enterrado, los ecos de su pasado de gloria no pueden dejar de sorprender: unos cuatro mil guaraníes vivieron en esta reducción que fue una de las más grandes de la provincia, porque su planta urbana era mayor que las de San Ignacio, Santa Ana y Loreto.Si bien el deterioro se fue marcando en varios procesos durante los siglos XIX y XX, tiempo de saqueos y ocupación del espacio por parte de los colonos, “en una superficie bajo montículos de adobe, tierra y monte han quedado restos muy significativos a nivel de cimientos, pisos, galerías, partes de muros de lo que era el casco antiguo y los edificios mas importantes como el templo, los talleres, la residencia de los padres, el cotí guazú. Mediante el relevamiento de 2013 pudimos constatar en el lugar también quedan conservadas veinte tiras de las casas de los guaraníes. Todo esto sigue teniendo un gran valor arqueológico que hay que resguardar”, detalló la arqueóloga.Qué hacer en lo inmediatoLa arqueóloga Alejandra Schmitz aseguró que se va a retomar con mucha fuerza el proyecto de puesta en valor de las reducciones de Corpus, aunque en lo inmediato, “sugerimos como medida preventiva que se levante el muro perimetral, que es una barrera visual que le va a dar mayor seguridad al predio”. La construcción del muro ya estaba prevista en la etapa anterior del proyecto de conservación pero no se realizó, ya que el municipio no recibió los fondos desde la provincia.“Otra medida preventiva que aconsejamos es la colocación de carteles que indiquen la importancia del sitio y que hagan referencia a la legislación que protege este conjunto monumental a nivel nacional y provincial. Paralelamente instamos a la Municipalidad a que apruebe una ordenanza que resguarde el predio y que se haga efectivo ese resguardo con medidas locales”, refirió.Entre otras medidas que habrá que tomar en breve para que se frene el deterioro, “es importante que los vecinos dejen de sembrar sobre algunos sectores de estas hectáreas y que finalmente se concrete la mudanza del cementerio local, que también está sobre las hectáreas protegidas”.
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