El escándalo que alcanzó dimensión nacional tras el pedido de investigación a los tres jueces que excarcelaron a los “transportistas”, postulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ)?de la provincia días atrás y criticado por distintos sectores, finalmente fue desestimado y archivado por el magistrado Carlos Giménez, quien se abocó a la causa y resolvió la cuestión en tiempo récord.El titular del Juzgado de Instrucción 7 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas, fundamentó su decisorio en el artículo 140 de la Constitución Provincial, que establece que los magistrados no podrán ser “acusados, interrogados ni molestados” por sus fallos y resoluciones.Así lo pudo confirmar PRIMERA?EDICIÓN en base a sus fuentes, quienes indicaron que Giménez resolvió aceptar la competencia pese a que la fiscal de Instrucción 7, Patricia Clerici, se había declarado incompetente en virtud de que la excarcelación de los “transportistas” fue en abril, es decir, en otro turno.Sin embargo, en virtud de que aquel dictamen no es vinculante, Giménez resolvió abocarse a las actuaciones remitidas por el STJ -a través de la Procuraduría provincial- con el objetivo de evitar que la cuestión se prolongue en el tiempo, justamente lo que sucedió en la causa que resolvieron los magistrados César Jiménez, Marcelo Cardozo y César Yaya.En consonancia con la pluralidad de voces provinciales y nacionales que se levantaron en contra del STJ por lo que consideraron una “persecución”, Giménez apuntó a que en caso de que existiera algún tipo de disconformidad con lo resuelto por los subrogantes del Tribunal Penal 2, existen los mecanismos legales consagrados en la normativa vigente para revisión por parte de una instancia superior.Así las cosas, al menos por el momento, parece entonces zanjada la polémica desatada el pasado miércoles 5 de abril, cuando Lucía Olmo (63) y su hijo, Fabio Durán (37), fueron excarcelados tras la resolución adoptada por Jiménez, Cardozo y Yaya.El trío debió subrogar el TP 2 posadeño y resolver una excarcelación presentada por la defensa de los acusados por el abuso de dos menores en 2009. Esa solicitud “durmió” al menos tres años en el STJ. Así los “transportistas” sumaron ocho años sin sentencia firme, una mora judicial contra las garantías y derechos consagrados en la Constitución?Nacional y pactos internacionales, después de ser condenados a 20 años en 2011.Al respecto, el caso fue abierto y actualmente se encuentra para votación de los magistrados de las propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien en los próximos días podría resolver al respecto.Encuadre legalEl artículo 140 de la Constitución Provincial, en el cuarto párrafo, establece que los jueces “no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, excepto en el caso de ser sorprendidos ‘in-fraganti’ en la ejecución de un delito que merezca pena corporal”. En eso se basó Giménez para dictar resolución, según trascendió.
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