Con la intención de facilitar la gobernabilidad y mostrar un gesto en ese sentido, en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante posadeño, el interbloque opositor facilitó el prestar acuerdo, sobre tablas, a la designación como la tesorera municipal de la contadora Susana Elizabeth Cáceres. Al menos esas fueron las expresiones del presidente del colegiado, el camionero Alejandro Velázquez, al expresar su voto a la propuesta traída al recinto por el cabecilla del bloque renovador Santiago Enríquez.Ni quien incorporó el pliego enviado por el intendente municipal Mario Joaquín Losada al presentarla, ni ninguno de los ediles opositores que intervinieron en el posterior debate –de un variado temario- o todos quienes validaron con su voto ese aval requerido, identificaron tan solo por su nombre a la profesional que desde ahora será la responsable de la liberación de los fondos en la Municipalidad. Hizo recordar a un procedimiento sistemático en los últimos años -y a beneficio del oficialismo- cuando muchos expedientes avanzaron a libro cerrado, con absoluto secretismo e ignorando la necesaria trasparencia en toda acción de gobierno. Incluso hubo concejales que reconocieron desconocer qué se votaba, claro que muchas veces el tema había sido tratado previamente en comisión.“¿Qué podemos hacer?”Entonces -y por lo visto ahora- se contó con la complicidad de la oposición que apoyó la propuesta renovadora, aunque luego cacarease en contra de ésta en comunicados públicos o frente a las cámaras y micrófonos de la prensa. Pero esta vez estos concejales carecen de la justificación argüida entonces en reiteradas oportunidades: “¿Qué podemos hacer, ellos controlan la mayoría, no nos escuchan?”.Esa relación de fuerzas de antaño se ha modificado el 10 de diciembre último y este proceder debería ser corregido. Sin entrar a cuestionar la idoneidad profesional ni humana de la Tesorera designada y pese a la urgencia que pudo haber tenido el necesario acuerdo solicitado por el jefe comunal, el tratamiento debió ser más prolijo. Cada uno (o todos) debió haberse preocupado un poco más por quién era la persona propuesta y recién entonces definir su apoyo.Gobernabilidad desprolijaEs entendible y, quizás, sea digno de aplauso el comportamiento de la oposición en cuanto a demostrar el compromiso que les cabe con la gobernabilidad en el municipio, pero resulta desprolijo cuando se desconoce lo que se apoya y, en algún caso, ni siquiera existe la molestia de averiguar de quién se trata. Esto último no cabe sólo para los opositores –tal se pudo constatar-, sino también para algún oficialista que terminó arrastrado por la ola mayoritaria.Quizás sea hora de reglamentar más estrictamente los procedimientos necesarios para la designación de aquellos funcionarios que necesitan de acuerdo deliberativo para acceder al cargo (fiscal, escribano, contador, tesorero y miembro del Tribunal de Cuentas municipales), con plazos más precisos, audiencias públicas, etc. De modo tal que se conozcan públicamente sus méritos y cualquier vecino, persona jurídica o entidad vecinal pueda objetar el nombre propuesto. Algo que, por suerte, no ocurre en el caso de los magistrados y secretarios de los Tribunales Administrativos y de Faltas comunales, en cuya selección interviene un Consejo Asesor de la Magistratura previo a que esos nombres sean llevados al Deliberativo para su acuerdo.Ésta no es una responsabilidad que le competa al Departamento Ejecutivo Municipal -tendrá sus urgencias y sus tiempos para esas designaciones-, sino particularmente al Concejo que es quien debe validar los antecedentes y títulos de la persona que tendrá la responsabilidad de ser fiadora municipal. E insisto, en este caso particular, no se juzga ni cuestiona a la profesional designada en la Tesorería Municipal ni la participación que le cupo al Ejecutivo –que hizo su parte-, sino a la liviandad con que se concedió el aval deliberativo requerido y obligatorio (artículo 211, Carta Orgánica)..La trasparencia en toda la gestión municipal (administrativa y deliberativa) es esencial en el juego de la democracia y la república, y el secretismo debe ser desterrado, aún en las cuestiones más nimias y sobre todo cuando se trata de depositar una importante responsabilidad técnico-profesional en manos de una persona que debe carecer de cualquier sospecha y de todo secretismo que las pueda generar.De muestra, basta un botónPero a la vez, en tanto la trasparencia tiene un papel importante en la necesidad de todos los ciudadanos conozcan y puedan informarse sobre las acciones de gobierno (deliberativas, en este caso), la burocracia es otro factor que juega en contra de la tarea de bien gobernar. Y esta primera sesión del año tuvo su ejemplo entre los Asuntos Entrados, muy habitual en éstos.Allí figura un expediente bajo el número 1.308-B-14, que lo inicia una nota del entonces juez municipal de Faltas Dos, Hugo Javier Barrios, donde eleva su renuncia a ese cargo. Esa actuación es remitida al Concejo para su conocimiento y posterior archivo y es algo que ocurrió hace más de un año.La renuncia de Barrios fue aceptada por decreto municipal 585/14, de principios de junio de 2014, suscrita por el entonces intendente municipal Orlando Ramón Franco, y poco después se convocó al Consejo Asesor de la Magistratura para que realice el concurso correspondiente y seleccione ganador. En la última sesión ordinaria de ese año, el 28 de noviembre, el Concejo aprobó el pliego de la doctora Noelia Silvana López, quien tras ser designada asumió el 17 de diciembre de 2014.Toda la tramitación burocrática de esos hechos demoró 21 meses para que el expediente llegara al Deliberativo. ¡Qué enorme pérdida de tiempo y, es de suponer, también derroche de papeles!
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