APÓSTOLES. “Cuando vimos los informes presentados por la Municipalidad y Electricidad de Misiones nos dimos cuenta de una sola cosa: se actuó como si el vecino no existiera, lo han ignorado”, aseguró Roxana Rivas, abogada de Ricardo Kociuk, el vecino de esta ciudad que pelea solo para evitar que Emsa construya una subestación transformadora a escasos 30 metros de su casa. El vecino, acompañado por la asesora legal, había presentado un pedido a Emsa y a la Municipalidad local para que los mismos realicen un informe donde demuestren de que la obra es todo lo inocua que dice ser. “En los informes, tanto Emsa como el municipio, presentaron un estudio de impacto ambiental pero omitieron la legislación vigente que dice que, previamente al inicio de una obra de esta envergadura, se debe informar a los afectados, algo que no se hizo con Kociuk”, indicó Rivas a PRIMERA EDICIÓN. Por otra parte, “el municipio dice que tiene una ordenanza que prevé un sistema de aprobación automática que le permite autorizar una obra como ésta pero los derechos de Kociuk tienen rango superior a cualquier carta orgánica u ordenanza municipal”, sostuvo la profesional. Los informes dicen que los niveles de radiación eléctrica y magnética están permitidos por los estándares ambientales de la legislación local, “pero no están contemplados sobre la salud, necesitamos saber cuáles son los efectos que tendrá sobre Kociuk y la salud de su familia”, exigió Rivas. Desde 2003 es “zona industrial”Rivas aseguró que en el informe presentado por el municipio se hace referencia a la ordenanza 55/03 que dice que el lote rural donde se instalará la subestación transformadora es zona industrial. “Pero ésta es del año 2003 y se ignoró que Kociuk vive en el lugar desde hace más de 50 años. Con más razón se tiene que informar al vecino que se encuentra en el lugar”.Kociuk libra esta batalla de manera solitaria porque es el único vecino del lugar, pero “la ley provincial 16 número 35 en su artículo 10 dice que en la etapa de estudio previo se debe dar participación a toda persona afectada y eso nunca pasó. Es necesario un estudio de seguridad e higiene que contemple estas cuestiones. No son los mismos estándares los que se exigen en una zona industrial a los de una residencial, pero no se puede ignorar que ahí vive una persona. Contestaremos las impugnaciones que hacen y pediremos a la Jueza Menéndez, encargada de la causa, que con toda esa información tome las medidas de si hay afectación o no en este caso. Pero, mientras tanto, la obra sigue…”, cerró.
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