BUENOS AIRES (NA). La Cámara Contencioso Administrativa Federal rechazó ayer la apelación de la Procuración General de la Nación contra un fallo que suspendió la designación de dieciséis fiscales hecha por Alejandra Gils Carbó.Los magistrados confirmaron la decisión del juez Enrique Lavié Pico al desestimar la apelación hecha por la Procuración contra uno de los fallos que suspendió los nombramientos, pues son cuatro las resoluciones en ese sentido.Se trató de la primera resolución del juez a raíz de una presentación del diputado bonaerense por el massismo Mauricio D’Alessandro, a la que luego le sucedieron los fallos haciendo lugar a planteos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios; de la agrupación Será Justicia y del gremio judicial que conduce Julio Piumato.Pese al rechazo de la apelación con lo cual la Procuración intentaba revertir el fallo de Lavié Pico, el próximo lunes presentará el informe solicitado por el juez para argumentar las 16 designaciones, y ello podría dejar sin efecto la pre cautelar.Sin embargo, sí seguirán suspendidas las designaciones atento a las otras tres pre cautelares que dictó Lavié Pico, quien fue subrogante durante la feria judicial y a partir de la semana próxima será Esteban Furnasari.El jueves, la Procuración había apelado el primer fallo de Lavié Pico: “No se presentaban las circunstancias graves y objetivamente impostergables exigidas en la referida norma para el dictado de la medida interina”, sostuvo el organismo que conduce Gils Carbó, y que fue centro de las críticas de un sector de la Justicia y la oposición.El fallo de la Cámara fue firmado por Jorge Morán, Marcelo Duffy y Rogelio Vincenti desestimó la apelación de la Procuración al considerar que fue “mal concedida” la misma por el juez Lavié Pico.“Constituye un requisito subjetivo esencial de admisibilidad para apelar la necesidad de que la resolución que se impugna cause al apelante un gravamen o perjuicio cierto, concreto y actual”, advirtió el Tribunal.La causa iniciada por D’Alessandro es una de las cuatro que están en manos de la Justicia Contencioso Administrativa a raíz de las designaciones dispuestas a fines del año pasado por la jefa de los fiscales amparándose en el nuevo Código Procesal Penal, que aún no entró en vigencia.Qué pasóEl 30 de diciembre pasado, en el último día hábil del año, Gils Carbó firmó una serie de designaciones en lo que constituyó el mayor avance del kirchnerismo en diez años para la “colonización” de la Justicia: designó a 16 fiscales federales de su propia tropa en todo el país y además colocó a dos fiscales de primera instancia en Comodoro Py 2002, donde se investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno. Estaba previsto que asumieran el 2 de febrero próximo.Los nuevos cargos estaban contemplados en el Código Procesal Penal, que aún no está en uso y no cuenta con las leyes de implementación.
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