ANTIGUA, Guatemala (AFP-NA). La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó una hoja de ruta para renovar la lucha contra el narcotráfico a partir de 2016 ante el fracaso de la estrategia de Washington, pero con serios desacuerdos sobre la despenalización de las drogas.Al concluir el 43 período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, los ministros acordaron en la ciudad de Antigua Guatemala convocar a una sesión extraordinaria en 2014 para perfilar la nueva estrategia que regirá de 2016 a 2020.“Se pudo romper al tabú para iniciar una discusión contra las drogas con propuestas nuevas que busquen reducir la violencia. Ahora debemos avanzar a temas muchos más concretos”, declaró a la prensa el presidente guatemalteco Otto Pérez, al señalar que la despenalización es un escenario “que ha ido avanzado” pero aún es una alternativa a analizar.Los ministros coincidieron en la Declaración de Antigua en la necesidad de una estrategia “integral”, que vaya más allá de la represión policial y militar de la guerra antidrogas que impulsa Estados Unidos hace cuarenta años.Una nueva política deberá incorporar el “respeto a los derechos humanos”, “la salud pública, educación, e inclusión social” y acciones preventivas contra el crimen organizado, según la declaración.La asamblea, a la cual asistió el miércoles el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, concluyó con casi cinco horas de retraso, debido a que los cancilleres se enfrascaron en discusiones en torno a mociones de Ecuador contra mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).“Quienes ven las drogas como un esparcimiento no tienen conciencia del sufrimiento que generan en nuestros pueblos”, dijo el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.El representante de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, calificó una “ignominia” la despenalización; y el canciller panameño Fernando Núñez opinó que la legalización de las drogas “agravaría más la situación”.Pero en la otra acera está, además de Guatemala, Uruguay, que más allá de despenalizar el consumo, debate un proyecto para legalizar la producción y distribución de cannabis.“No es un modelo que queramos exportar (…) pero esperamos que se comprenda que el gobierno de José Mujica tiene la responsabilidad y autoridad moral” para promover la regulación de la marihuana, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Porto.Más moderada, pero clamando por un cambio de estrategia, Eda Rivas, la canciller de Perú -segundo productor de cocaína después de Colombia-, sentenció: “Nos encontramos en un punto de quiebre. Ha llegado la hora de tomar decisiones”.El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, fustigó al “derrotado” modelo estadounidense que en su país culpabilizó a los cultivadores de coca; en tanto que la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, clamó por una política integral que parta de las responsabilidades comunes y compartidas.“La violencia asociada al tráfico de drogas se sustenta en elementos contra culturales propios de la sociedad capitalista”, dijo el canciller venezolano, Elías Jaua, quien fustigó a Washington por certificar la conducta de los países sobre las drogas.En el ojo del huracán, Estados Unidos estuvo con los pesos pesados de su política antidrogas. Kerry reafirmó a los cancilleres que una política integral no debe renunciar a la represión y persecución del tráfico.Es la primera vez que los gobiernos latinoamericanos hablan seriamente de cambiar la estrategia de Washington. Miles mueren por causas asociadas al narcotráfico, más de 20.000 anuales en Centroamérica.“El precio que estamos pagando los países de tránsito es injusto y e intolerable. Nuestros gobiernos están desbordados”, dijo Mireya Agüero, canciller de Honduras, país con récord mundial de homicidios.El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, advirtió que el cambio de estrategia es “más urgente” en Centroamérica, la zona más violenta del mundo, y puente junto con México del 90% de la cocaína que consume Estados Unidos.Los ministros de Seguridad del hemisferio se reunirán en noviembre próximo para seguir estudiando alternativas de la nueva estrategia.Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua arremetieron este jueves contra la CIDH, a la que acusaron de estar plegada a Estados Unidos, al tiempo que demandaron una “urgente” reforma y un cambio de sede, actualmente en Washington.Los cuatro países de ALBA anunciaron también su retiro de la Junta Interamericana de Defensa. “No ha servido para nada”, dijo el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño.Jaua acusó a la CIDH de “parcializada” en favor de grupos “fascistoides” -como llama a la oposición-; y Patiño la acusó de “tergiversar” los informes para acusar a Ecuador de atentar contra la libertad de expresión.La asamblea sirvió de escenario al primer encuentro de distensión entre Washington y Caracas. Kerry y Jaua acordaron un diálogo de alto nivel y en los próximos días se reunirán en la capital estadounidense el encargado de negocios venezolano, Calixto Ortega y la subsecretaria adjunta para América Latina de Estados Unidos, Roberta Jacobson.Durante la asamblea, los cancilleres analizaron las débiles finanzas de la OEA y eligieron a tres miembros (Brasil, México y Brasil) de la CIDH y de otros organismos del sistema interamericano.Además, se acordó que la próxima asamblea se realizará en Asunción Paraguay, del 3 al 5 de junio. Claves• Decenas de miles de personas mueren año a año en América Latina por la violencia asociada a las drogas, mientras el multimillonario negocio sigue viento en popa: cambian rutas, sofistican sus métodos, abren nuevos mercados y aumentan operaciones de lavado de dinero, pese a los decomisos, las capturas y las extradiciones.• El debate se basó en un informe hecho por la Organización de Estados Americanos. El estudio esboza cuatro escenarios frente al flagelo: el fortalecimiento de las instituciones y la seguridad, la despenalización de las drogas, la capacidad de reacción desde la comunidad y la ruptura de la cooperación entre países consumidores y de tránsito.• La marihuana es legal para consumo recreativo en Colorado y Washington, en Uruguay se pretende legalizar y regular la distribución y en Argentina y Brasil se avanzó en des
penalizar el consumo personal. Al menos catorce países de Latinoamérica están interesados en impulsar una nueva política, incluidos los de Centroamérica.
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