El mundo conmemora hoy el Día Mundial de la Dignidad, un principio rector que suele quedar sepultado por la aritmética de los balances, las metas fiscales y las urgencias macroeconómicas.
En el actual contexto argentino -atravesado por un profundo reordenamiento-, esta fecha adquiere una densidad política y social ineludible. La pregunta central que cabe hacerse no es si el ordenamiento de la economía era una condición necesaria, sino cómo se gestionan los costos de esa transición sin erosionar la base material que sostiene la dignidad de las personas.
La doctrina económica que guía la gestión actual parte de una premisa irreprochable: la inflación crónica y el déficit fiscal son los peores destructores de ingresos y, por ende, de la dignidad ciudadana. Un país con más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza en los tramos más álgidos del proceso no puede jactarse de garantizar derechos fundamentales.
Sin embargo, el tránsito hacia el equilibrio financiero opera como un shock de asimetrías. Con un consumo retraído, tarifas desreguladas que impactan de lleno en el costo de vida y una recomposición salarial heterogénea, el concepto de dignidad corre el riesgo de reducirse a un eslogan abstracto si no se respalda en condiciones materiales mínimas: empleo formal, capacidad de consumo básico, acceso a la salud y previsión social sostenible.
La dignidad no es meramente un atributo ontológico o un valor cívico: en las sociedades contemporáneas, requiere un piso de bienestar económico.
Cuando el ingreso disponible de los sectores medios y vulnerables se pulveriza frente a la canasta básica, la libertad económica proclamada desde el discurso oficial choca contra la cruda realidad de la subsistencia.
El debate argentino actual transita una falsa dicotomía entre un Estado omnipresente e ineficiente y un mercado autorregulado que todo lo resuelve. La verdadera reconstrucción de la dignidad colectiva pasa por un modelo de desarrollo que recupere la centralidad del trabajo registrado y la productividad genuina.
A fin de cuentas, ningún plan de estabilización es sustentable en el tiempo si pulveriza la dignidad de quienes deben sostenerlo con su esfuerzo cotidiano.
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