El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este miércoles avanzar con un dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incorporando una regulación sobre la compra de tierras rurales por extranjeros, en un movimiento que modifica parcialmente la posición que el Gobierno sostuvo desde la aprobación del DNU 70/2023 y que se produce a sólo un día de la sesión convocada por la oposición para intentar rechazar ese decreto.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue citado para las 16 y tendrá sobre la mesa la iniciativa que llegó con media sanción del Senado. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza y sus aliados pretenden agregar al texto parte de las restricciones que establecía la Ley 26.737 de Tierras Rurales: se conservaría el límite del 15% de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, pero desaparecería el tope de 1.000 hectáreas por titular en la denominada zona núcleo.
La modificación aún debe atravesar el plenario y convertirse formalmente en dictamen, por lo que esos términos no constituyen todavía una ley aprobada. El objetivo del oficialismo es dejar el proyecto en condiciones de ser tratado en la sesión que convocó para el 21 de octubre, mientras mañana jueves distintos bloques opositores intentarán sesionar para abordar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/2023.
La discusión sobre las tierras rurales se convirtió durante las últimas semanas en uno de los puntos de mayor tensión alrededor del decreto. El artículo 154 del DNU había derogado completamente la Ley 26.737, eliminando las restricciones vigentes desde 2011 para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Sin embargo, el escenario judicial volvió a modificarse el 9 de octubre, cuando la Corte Suprema suspendió provisoriamente los efectos de ese artículo en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes. La medida es interina y rige mientras la Justicia Federal de Bariloche analiza la legitimación de quienes promovieron la acción y el pedido cautelar.
En los hechos, esa decisión volvió a colocar transitoriamente en vigencia las limitaciones de la Ley de Tierras, aunque todavía no existe una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de su derogación. En paralelo, el Congreso mantiene abierta otra discusión: si Diputados rechazara el DNU 70/2023, se sumaría al rechazo que el Senado aprobó en 2024 y el decreto quedaría derogado hacia adelante en los términos previstos por la Ley 26.122.
El giro sobre la Ley de Tierras
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada había atravesado una negociación compleja en el Senado. La iniciativa original incluía modificaciones que alcanzaban no sólo a la Ley de Tierras, sino también a la Ley de Manejo del Fuego y al régimen de integración sociourbana de barrios populares, pero esos capítulos debieron ser retirados para conseguir los votos necesarios.
Finalmente, el Senado aprobó en agosto una versión recortada con 37 votos afirmativos y 33 negativos, que llegó posteriormente a Diputados.
Ahora el oficialismo busca reintroducir parcialmente el capítulo referido a las tierras rurales, aunque con un esquema menos restrictivo que el de la legislación sancionada en 2011. De acuerdo con la información obtenida por NA, la propuesta preservaría el principio de que no más del 15% de la superficie rural pueda encontrarse en manos de titulares extranjeros, pero permitiría superar el límite de 1.000 hectáreas establecido para determinadas zonas de alta productividad.
El cambio se produce después de que sectores aliados y opositores manifestaran reparos frente a una liberalización completa de la compra de tierras rurales. Medios nacionales vienen señalando desde la semana pasada que el oficialismo buscaba una salida legislativa que preservara algunos límites sin restablecer íntegramente el régimen anterior.
La secuencia parlamentaria resulta particularmente ajustada: el dictamen se intentará firmar este miércoles, la oposición pretende sesionar el jueves 15 y el oficialismo convocó su propia sesión para el 21 de octubre. El proyecto de Propiedad Privada forma parte del temario de esa última jornada junto con otras iniciativas.
Desalojos, expropiaciones y regularización dominial
La incorporación de una regulación sobre tierras extranjeras se sumaría a un proyecto mucho más amplio, que ya cuenta con media sanción y modifica distintos aspectos vinculados con expropiaciones, desalojos y regularización dominial.
En materia de expropiaciones, la iniciativa establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y exige al Estado fundamentar expresamente las razones que justifican la medida. La indemnización se calculará sobre el valor objetivo del bien, sin incluir valoraciones afectivas o ganancias hipotéticas, mientras que para el lucro cesante se fija un máximo del 30% cuando esté debidamente acreditado.
El mecanismo previsto también determina que las sumas reconocidas deberán actualizarse tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, más la tasa correspondiente del Banco Nación a treinta días.
Otro de los capítulos modifica las reglas para los desalojos. El proyecto habilita esa acción en favor de quien invoque un derecho legítimo frente a ocupaciones de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios o intrusos y permite que el juez disponga la restitución inmediata del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho y se cumplan las cauciones correspondientes.
En determinados supuestos, el magistrado podrá intimar dentro de las 72 horas a devolver un inmueble cuando el propietario acredite documentalmente su derecho. Para los desalojos originados en falta de pago —donde existe un contrato previo y no una ocupación ilegítima— se mantiene una instancia distinta: después de ser intimado, el inquilino dispondrá de al menos diez días para regularizar la deuda antes de que pueda iniciarse la acción judicial.
Si el incumplimiento persiste, el proyecto establece que el proceso deberá tramitar mediante el procedimiento más breve disponible y que la resolución podrá contemplar el uso de la fuerza pública, allanamiento y apertura de cerraduras cuando resulte necesario.
Al mismo tiempo, incorpora un protocolo especial frente a situaciones de vulnerabilidad. Cuando en el inmueble haya niños, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, deberá intervenir el organismo correspondiente y se establece un plazo máximo de diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria.
También contempla una figura de ocupación temporánea anormal, por un plazo inicial de hasta 90 días y prorrogable, ante circunstancias excepcionales como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.
Por último, la iniciativa modifica la llamada Ley Pierri de regularización dominial, ampliando la posibilidad de acceder a la escritura para familias que acrediten una posesión lícita, pacífica, pública y continua durante diez años sobre un inmueble destinado principalmente a vivienda única y permanente.
El debate de este miércoles, sin embargo, tendrá un componente político adicional que no estaba en aquella media sanción: si el oficialismo consigue incorporar nuevamente límites a la compra de tierras rurales por extranjeros y con qué alcance lo hará. El resultado del plenario será además la antesala inmediata de una sesión opositora en la que estará en juego la continuidad del DNU 70/2023, una norma que desde su publicación en diciembre de 2023 modificó más de un centenar de disposiciones y que ahora enfrenta la posibilidad de recibir el segundo rechazo parlamentario necesario para quedar derogada.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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