Después de seis meses sin una respuesta sobre la medida cautelar con la que buscan frenar los efectos del DNU 70/2023 sobre la actividad yerbatera, productores y tareferos de Misiones decidieron elevar la presión política y trasladar nuevamente el reclamo al Congreso. Esta vez, el pedido es directo y apunta especialmente a los legisladores nacionales por la provincia: quieren que voten por el rechazo del decreto.
El planteo quedó plasmado en un documento fechado este 6 de octubre y acompañado por más de 80 adhesiones, en el que los firmantes dejan atrás el tono de una petición sectorial y colocan la discusión en un plano más amplio, que vincula la desregulación de la yerba mate con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y con una disputa que, desde su perspectiva, involucra soberanía, propiedad de la tierra y concentración económica.
Aunque el reclamo está dirigido al conjunto de la Cámara de Diputados, el mensaje apunta especialmente a los siete representantes nacionales de Misiones: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Emmanuel Bianchetti, Diego Hartfield y Maura Gruber. Son ellos quienes quedan directamente interpelados por el documento, que les reclama una definición concreta.
El texto tiene como antecedente inmediato la ofensiva judicial iniciada en abril, cuando organizaciones de productores y cooperativas acudieron al Juzgado Federal de Posadas para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate y, en paralelo, una cautelar para suspender sus efectos. PRIMERA EDICIÓN siguió desde entonces esa estrategia, que también tuvo capítulos en el Congreso, donde distintos actores del sector expusieron sobre la caída de precios y reclamaron recuperar facultades regulatorias para el organismo.
Ahora, el diagnóstico de los productores es que esa vía no dio todavía una respuesta concreta. En el documento remarcan que llevan seis meses esperando que la Justicia Federal se pronuncie sobre la cautelar solicitada, pese a que consideran acreditados tanto el perjuicio sobre la producción primaria como el peligro de que la situación continúe agravándose.
Del reclamo judicial al pedido de voto
El giro político aparece con claridad en uno de los pasajes más contundentes del escrito: “No les pedimos un discurso. No les pedimos una declaración. No les pedimos una foto. Les pedimos un voto”. La frase resume el cambio de estrategia y concentra la presión sobre la Cámara de Diputados, donde el sector pretende que el decreto sea rechazado.
La apelación tiene un destinatario general, pero una interpelación especialmente fuerte hacia los diputados nacionales por Misiones. Los firmantes consideran que, por representar a una provincia cuya economía y estructura social están profundamente ligadas a la yerba mate, esos legisladores tienen una responsabilidad particular en la discusión.
Los productores sostienen que la modificación introducida por el DNU dejó a la producción primaria sin herramientas que durante años habían servido para equilibrar la relación con los sectores industriales y comerciales de mayor peso. A su entender, el nuevo esquema permitió que el mercado quedara más expuesto a la capacidad de negociación de los actores concentrados y derivó en una transferencia de ingresos desde los pequeños productores hacia los eslabones de mayor escala de la cadena.
Ese argumento se apoya en los cambios concretos introducidos por el decreto. El DNU 70/2023 modificó objetivos y funciones del INYM y eliminó atribuciones previstas en la Ley 25.564, entre ellas herramientas que habían permitido intervenir sobre aspectos del mercado yerbatero. El texto oficial justificó esos cambios bajo la idea de modernizar el organismo y evitar su “intromisión” en un mercado competitivo.
Desde el sector primario, en cambio, consideran que la pérdida de esas facultades dejó a miles de productores en una posición más débil frente a secaderos, molinos y grandes compradores.
El fallo sobre la Ley de Tierras, como nuevo disparador
El documento no se limita al capítulo yerbatero. Los firmantes incorporan como antecedente inmediato la decisión de la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, eliminada también por el DNU 70/2023.
La Corte dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional aquella derogación, aunque aclaró que no se pronunció sobre el fondo ni sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado, sino que resolvió por una cuestión formal vinculada con la legitimación de quienes promovieron la acción. Esa distinción aparece expresamente reconocida en el escrito de los productores.
Sin embargo, ellos consideran que la resolución debe ser leída como una señal preocupante para otras causas que cuestionan distintos capítulos del decreto. En particular, expresan temor de que el criterio utilizado termine debilitando las expectativas depositadas en la demanda que tramita ante la Justicia Federal de Misiones. Esa interpretación pertenece a los firmantes y no implica que ambas causas sean jurídicamente equivalentes.
Para los productores, el punto de contacto entre ambas discusiones está en el efecto que atribuyen al DNU: la pérdida de herramientas estatales de protección frente a procesos de concentración económica y transferencia de recursos. En el caso de la tierra, advierten sobre la posibilidad de mayor extranjerización; en el yerbatero, sobre una estructura de mercado más favorable a los actores con mayor poder de compra.
Una crisis que ya había llegado al Congreso
La presentación no surge en el vacío. En mayo, la crisis yerbatera ya había desembarcado en la Cámara de Diputados, donde productores, tareferos, cooperativistas, legisladores y representantes del INYM expusieron posturas enfrentadas sobre los efectos de la desregulación.
En aquellas reuniones, los sectores primarios reclamaron la restitución de las herramientas del Instituto para intervenir sobre el precio de la materia prima, mientras otros actores defendieron la apertura del mercado y la reducción de regulaciones como camino para mejorar la competitividad.
La discusión, por lo tanto, ya había llegado al Congreso, pero el nuevo documento sube el tono porque deja de pedir solamente una modificación sectorial y exige directamente el rechazo del DNU 70/2023.
En la práctica, los productores buscan unir dos caminos que hasta ahora habían transitado en paralelo: por un lado, la demanda judicial contra el capítulo yerbatero; por otro, la presión política para que el Congreso intervenga sobre el decreto.
Un mensaje directo a los representantes misioneros
El tramo más político del escrito está reservado precisamente para Herrera Ahuad, Arrúa, Ruiz, Vancsik, Bianchetti, Hartfield y Gruber, los siete diputados nacionales que representan actualmente a Misiones. A ellos los productores les reclaman que, más allá de las diferencias partidarias, expresen su posición mediante el voto cuando llegue el momento de definir la continuidad del decreto.
Los firmantes apelan a la historia productiva de Misiones, al peso de la pequeña agricultura y al rol de los tareferos, y presentan la discusión como una defensa no solo de una actividad económica sino también de un modo de vida ligado a la tierra. El documento advierte que quienes sostengan el DNU serán considerados, desde la perspectiva de los firmantes, responsables de profundizar el deterioro del sector.
Ese tono marca una diferencia con las presentaciones anteriores. En abril, el conflicto había escalado a la Justicia. En mayo, llegó a las comisiones de Diputados. Ahora, seis meses después del pedido cautelar y con un fallo de la Corte que reavivó las inquietudes sobre el alcance del DNU, los productores buscan transformar el reclamo en una definición parlamentaria concreta.
El documento cierra precisamente con esa exigencia: que los legisladores voten para rechazar el decreto y, con ello, frenar los efectos que el sector atribuye tanto a la desregulación yerbatera como a otras disposiciones de la norma.
El ducumento completo aquí👇
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