La intervención de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la EPET 45 dejó un dato que dimensiona el conflicto más allá de las medidas administrativas adoptadas en los últimos días: más de 48 estudiantes quisieron contar personalmente lo que habían vivido dentro de la institución. La cantidad sorprendió al equipo interdisciplinario y obligó a trabajar durante dos jornadas para garantizar que todos pudieran expresarse bajo un mecanismo confidencial y con consentimiento informado.
Rossana Franco, titular del organismo, explicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que la Defensoría había recibido previamente pedidos de intervención por parte de padres, pero decidió ingresar cuando entendió que las demás instancias del sistema de protección ya habían comenzado a actuar. “La Defensoría es la última instancia”, recordó, al señalar que habitualmente esperan que primero se activen los mecanismos correspondientes dentro del ámbito educativo antes de intervenir directamente.
Cuando finalmente llegaron a la escuela, acompañados por un equipo integrado por un abogado, una psicóloga, una trabajadora social y una psicopedagoga, se encontraron con una demanda mucho mayor a la esperada. No se trataba de unos pocos alumnos que buscaban formalizar una denuncia, sino de decenas de adolescentes dispuestos a relatar situaciones que, según Franco, habían ocurrido en diferentes momentos y que no podían reducirse a un único episodio ni a un período determinado.
Ese punto fue central cuando se le preguntó cuánto tiempo llevaban los estudiantes atravesando las situaciones denunciadas. Franco evitó fijar una fecha o una duración porque, explicó, los hechos referidos se produjeron en distintas instancias, pero reconoció que su acumulación terminó generando el escenario que después se hizo visible públicamente. “Este cúmulo de distintas situaciones, en distintos tiempos, hizo que llegara un momento en que esto tuvo que estallar”, sostuvo.
La intervención partió de dos principios que, según la defensora, deben garantizarse al mismo tiempo: el derecho de los adolescentes a continuar estudiando y el derecho a hacerlo en un ámbito libre de violencias. Desde esa premisa, los testimonios fueron tomados mediante una escucha confidencial y luego volcados en informes generales, sin individualizar a los estudiantes ni incorporar información que permitiera identificarlos. Franco explicó que ese resguardo fue deliberado, porque el objetivo no era exponer nuevamente a los chicos sino reunir los elementos necesarios para que los organismos competentes pudieran avanzar.
El trabajo fue realizado junto con uno de los abogados de la Defensoría, el doctor Senbruski; la psicóloga Cecilia Coach; la trabajadora social Silvia Rivero; y la psicopedagoga Carolina Noguera. A partir de esas jornadas y de las reuniones posteriores con padres y autoridades que intervenían en la institución, el organismo remitió sus actuaciones tanto al Consejo General de Educación como al Ministerio de Educación. Franco destacó además la participación del supervisor del área de Educación Técnica, profesor Montiveros, con quien mantuvieron dos reuniones, y la intervención de Política Educativa dentro del proceso.
Aunque durante la entrevista se planteó directamente si el protocolo había fallado o si debía revisarse para evitar que un conflicto llegara hasta una instancia semejante, Franco no atribuyó lo ocurrido a una falla puntual. Sí dejó en claro que el volumen de estudiantes que buscó expresarse obliga a prestar atención a cómo y cuándo son escuchados los adolescentes dentro de una institución. En ese contexto también valoró especialmente la presencia de los padres, no solamente por haber trasladado los reclamos sino por mantenerse junto a sus hijos durante todo el proceso.
Para la defensora, el reclamo de los estudiantes no puede ser leído únicamente como una alteración de la vida escolar. “Son adolescentes ejemplo”, afirmó, antes de resumir su mirada con una frase: “Cuando hay una revolución es porque algo pasa”. Según sostuvo, cuando jóvenes recurren al Estado para plantear que necesitan ser escuchados, los organismos responsables deben estar allí para garantizar que esa voz forme parte de las respuestas.
La intervención continuará
La entrega de los informes no puso fin al trabajo de la Defensoría. Franco adelantó que el equipo volverá a la EPET 45 para conocer cómo se encuentran los alumnos después de las decisiones tomadas y mantendrá una nueva reunión con padres que solicitaron continuar el acompañamiento. El objetivo, explicó, será verificar que puedan seguir estudiando en condiciones adecuadas y que las medidas implementadas efectivamente garanticen su protección.
La situación también tiene derivaciones fuera del ámbito estrictamente administrativo. Franco confirmó que algunos de los casos mencionados ya se encuentran judicializados y que la Defensoría está solicitando información sobre esas actuaciones. Cuando existe una causa abierta, aclaró, corresponde que sea la Justicia la que determine cómo continúa el proceso, aunque el organismo que encabeza puede requerir datos y realizar un seguimiento desde la perspectiva de protección de derechos.
También fue consultada acerca de qué ocurrirá con los docentes alcanzados por medidas preventivas y, especialmente, qué garantías existirán si son destinados a otros establecimientos. Franco respondió que la Defensoría solicitó información sobre la totalidad del caso y remarcó que la obligación de protección no se limita a los estudiantes de la EPET 45. Si alguno de los docentes fuera trasladado a otra institución, también deben quedar resguardados los alumnos de ese lugar, por lo que sostuvo que mientras dure la investigación no deberían estar frente al aula ni mantener contacto con estudiantes.
Ese planteo fue acompañado por una precisión necesaria: las actuaciones se encuentran todavía en etapa de investigación y las personas involucradas conservan su derecho a defenderse dentro de los procedimientos correspondientes. Para Franco, las restricciones preventivas tienen otra finalidad: asegurar que, mientras se determinan responsabilidades, no exista ningún riesgo para los chicos.
La defensora recordó además que no es la primera vez que el organismo interviene en conflictos dentro de escuelas. Durante su gestión recibieron alumnos y mediaron tanto con responsables institucionales como con docentes en distintas situaciones, aunque no todas alcanzaron el nivel de exposición de lo ocurrido ahora. En cada una de ellas, señaló, el punto de partida fue el mismo: incorporar la palabra de niños y adolescentes antes de que el conflicto se profundice.
En la EPET 45, esa intervención todavía no terminó. La Defensoría seguirá el estado de los estudiantes, los procesos administrativos y las actuaciones que ya llegaron a la Justicia, además de mantener el contacto con las familias. Detrás de todo ese recorrido institucional queda, sin embargo, una señal difícil de soslayar: cuando finalmente se abrió un espacio específico para escucharlos, más de 48 adolescentes quisieron hablar.
Discussion about this post